El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) celebrará un Pleno extraordinario el próximo 8 de septiembre para debatir la propuesta de nombramiento de los dos magistrados del Tribunal Constitucional (TC) que le corresponden por cuota, cumpliendo así lo estipulado en la reforma que obtuvo su aprobación definitiva este miércoles en el Senado. El presidente del órgano, Carlos Lesmes, ha anunciado la fecha a los vocales y les ha exhortado a consensuar dos candidatos que reúnan el mínimo de 12 votos necesarios. 

Su interés en impulsar el asunto fue comunicada hace unos días a algunos miembros del órgano, según señalaron fuentes del órgano a El Periódico de España. Pese al rechazo que la imposición de plazos ha despertado en el órgano de gobierno de los jueces, la ley debe ser cumplida y hay que establecer un plan de trabajo.

Además, y frente a lo ocurrido en la renovación que efectuó en 2013 -cuando se eligió para el TC a los magistrados Juan Antonio Xiol y Santiago Martínez-Vares-, Lesmes ha decidido no anunciar las plazas en la página web del Consejo, ya que es de conocimiento público y se puede presentar quien quiera, sin perjuicio de que cada vocal pueda también hacer su propia propuesta.

Lesmes ha anunciado la fecha a los vocales del órgano de gobierno de los jueces al inicio del Pleno convocado para este jueves, que tiene entre sus puntos del orden del día el estudio del aval que este órgano debe dar al candidato a nuevo fiscal general del Estado, Álvaro García.

La cuestión ha sido planteada por Lemes para que los vocales puedan empezar a trabajar sobre el sistema para elegir a los candidatos, dado el estrecho margen impuesto. La Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) ha sido reformada para obligar al CGPJ a hacer sus nombramientos en un plazo de tres meses, pero éste empezó a correr el pasado 12 de junio, cuando acabó el mandato de los magistrados del TC que hay que sustituir.

El propio Lesmes se refirió el viernes pasado a las dificultades de alcanzar el consejo requerido, que es de doce vocales. "Es necesario que los vocales se pongan de acuerdo en dos candidatos en un número muy importante y me esforzaré que esa situación se dé, pero tampoco la puedo garantizar, lógicamente", reconoció.

Consenso y candidaturas desde el Supremo

Otro asunto a empezar a discutir es el del método para trabajar en la elección de los candidatos, que se elegirán entre magistrados del Tribunal Supremo y con el objetivo de que dispongan de alto nivel técnico y profesional, para favorecer un consenso que, de primeras, parece difícil de conseguir. 

Esto es porque desde que se dio a conocer la enmienda del PSOE que impone plazos al CGPJ, desde el sector conservador de este órgano se advirtió de que la reforma de la LOPJ es vinculante en lo concerniente al procedimiento, pero "no puede serlo en su resultado porque lo que no puede es comprometer la esencia en la toma de decisiones discrecionales de un órgano colegiado de plural composición", según fuentes consultadas por este diario.

Además de los candidatos de consenso, cabe la posibilidad de que algunos vocales presenten individualmente sus propios candidatos y que también lleguen propuestas 'extra' por parte de determinados magistrados del Tribunal Supremo para que se valoren sus candidaturas, como ha ocurrido en otras ocasiones.

Peligro ante un "faso progresista"

En todo caso, el ambiente está tan viciado ya en el CGPJ -ante el hastío que provoca que lleve en funciones desde hace más de tres años y medio-, que desde el sector progresista se advierte de que está en peligro la 'tradición' según la cual los nombramientos del CGPJ para el Tribunal Constitucional se corresponden siempre con un magistrado conservador y otro progresista, en aras al equilibrio de sensibilidades de este órgano. 

Al tener el sector conservador un total de once votos, únicamente haría falta que otro vocal se deslice hacia sus posiciones para tener la mayoría necesaria para poder optar incluso por dos magistrados conservadores para el TC. Otra posibilidad es que se cuele a un magistrados "falso progresista" que, en principio, pueda concitar el consenso.

Si esta situación se produce ya no se obtendría en el Tribunal Constitucional la mayoría de siete magistrados progresistas frente a cinco conservadores que ansía el Gobierno, sino un tribunal fracturado en dos bloques de seis magistrados que precisaría el voto de calidad del nuevo presidente que se nombre para deshacer empates. Este sería el escenario ante debates de calado como los referidos a los recursos contra la ley del aborto, la eutanasia o la ley educativa (Ley Celaá).

Entre los nombres de consenso que empiezan a sonar, el del magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo Pablo Lucas Murillo, jurista muy reputado y ponente, entre otras, de la sentencia que facilitó la salida del cuerpo de Francisco Franco del Valle de los Caídos. Según las fuentes consultadas, Lucas no parece despertar antipatías en el sector conservador, si bien obligaría a ausentarse de la votación a su hermano, el vocal Enrique Lucas.

También aparecen en las quinielas experto en mercantil, Ignacio Sancho, de corte muy conservador, e incluso el de destacados miembros de la Sala de lo Penal como son Pablo Llarena, Antonio del Moral, o el presidente Manuel Marchena; mientras que del lado más progesista se habla de Eduardo Espín, José Manuel Bandrés, Ricardo Bodas y de las magistradas Pilar Teso o Ana Ferrer.