El comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, dio a conocer el pasado 13 de julio su esperado informe sobre el Estado de Derecho de la UE, que volvió a apuntar al "preocupante" bloqueo que arrastra el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) desde hace más de tres años y medio, pero también se refirió a la Fiscalía General del Estado, subrayando que “siguen surgiendo interrogantes" sobre la autonomía respecto del Gobierno.

Pese a ello, el informe valora positivamente la iniciativa presentada en abril de 2022 -mediante enmienda a la reforma de Ley Concursal- que prevé "una mayor regulación de las relaciones" entre el Gobierno y la Fiscalía General del Estado.

Esta enmienda, cuya aprobación hubiera supuesto también ascender a la fiscal general, Dolores Delgado, a la categoría más alta de la Carrera Fiscal y modificar las relaciones entre esta institución y el Gobierno, fue retirada antes de discutirse el proyecto legislativo, por falta de apoyo parlamentario.

Fuentes de la Fiscalía General señalan a El Periódico de España que, por encima de otras consideraciones, hay que valorar que el organismo europeo considere en su informe que, de implementarse, las medidas serían consideradas "un avance" que respondería a las inquietudes planteadas en el informe sobre el Estado de Derecho de 2020 y también por el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), que depende del Consejo de Europa.

Ambos informes efectivamente aludían a la necesidad de que nuestro Estado avanzase en transparencia en el marco de las relaciones entre la Fiscalía y el Gobierno, en el sentido de que éstas se realicen por escrito, y este punto se incluyó en la enmienda planteada.

Sin embargo, Europa no apuntaba nada en relación con otros puntos de la propuesta socialista que fueron los que causaron más polémica y, en último término, llevaron a su retirada: modificar el artículo 9.2 del Estatuto Fiscal para que quien ocupe el cargo de fiscal general pueda informar al Gobierno "por su propia iniciativa", no solo cuando éste lo solicite; y asegurar además un puesto a Dolores Delgado en la máxima categoría de la carrera fiscal cuando sea cesada de su cargo.

La pretensión del Gobierno, sumando todas estas iniciativas en la misma enmienda, levantó fuertes críticas de la oposición e incluso del socio minoritario del Gobierno, Unidas Podemos, y de varios aliados parlamentarios. Ello obligó a retirar la iniciativa, que además se incluía en una ley totalmente ajena a la Carrera Fiscal y dirigida a transponer la directiva de la Unión Europea sobre reestructuraciones de deuda y prevención de insolvencias. 

Comunicación por escrito

Las directrices europeas, en todo caso, ven positivo que se avanzara en la mejora de la relación entre el Gobierno y la Fiscalía general, mediante la implantación de comunicaciones por escrito. El punto, de quedarse ahí, obtendría el respaldo mayoritario de la carrera fiscal, tal y como han manifestado a este diario fuentes de la mayoritaria Asociación de Fiscales (AF). La propia ministra de Justicia, Pilar Llop, aludió a las recomendaciones del GRECO cuando la enmienda fue presentada.

El Informe de la Comisión Europea realiza otras alusiones a la Fiscalía, como que “siguen surgiendo interrogantes sobre la autonomía de la fiscalía respecto del Gobierno". No obstante, no es del todo negativo, pues destaca la aprobación el pasado mes de mayo de un nuevo reglamento interno que establece un marco regulatorio en materia disciplinaria para los fiscales, tal como había sido recomendado por el GRECO.

Entre los puntos a mejorar, la necesidad de una reforma más amplia del Estatuto Fiscal referido al tiempo de mandato del fiscal general, que actualmente cesa cuando lo hace el Gobierno. Ello puede "afectar la percepción de independencia”, considera Europa.

El informe sobre el Estado de Derecho incluye seis recomendaciones, siendo la primera la de “reforzar el estatuto del fiscal general, en particular en lo que se refiere a la separación de su mandato del Gobierno, teniendo en cuenta los estándares europeos sobre independencia y autonomía de la acusación”, situándola delante de la relativa a la renovación del Consejo General del Poder Judicial.

Denuncia de AF

Los puntos más polémicos de la enmienda que acabó decayendo fueron denunciados por la Asociación de Fiscales (AF) ante el propio comisario Reynders. A juicio de esta asociación, se trataba de reformar el Estatuto Fiscal por la puerta de atrás, al incluirse en la enmienda número 603 a la reforma de la Ley Concursal que se tramitaba entonces en el Congreso. 

"Nos encontraríamos ante una fiscal general del Estado, propuesta por un Gobierno que preside la misma persona que la hizo ministra, con quien compartió lista y proyecto electoral, que podrá informar al Gobierno de los asuntos que entienda de especial relevancia, sin que deba dejar constancia por escrito de los informes que dirija al Gobierno a tal fin, ni por supuesto dar a conocer públicamente", aducían.