El congreso de Junts discutirá este fin de semana en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) las ponencias para asentar la marca después de la elección de Laura Borràs como presidenta y de Jordi Turull como secretario general. Según las directrices organizativas de la fuerza política, todavía pendientes de la convalidación de la militancia, la presidenta del Parlament, para quien la fiscalía pide seis años de prisión y 21 de inhabilitación por presuntamente haber fraccionado contratos durante su etapa al frente de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), podrá mantener el carnet pese a su juicio.
El partido opta ahora por reformar los actuales estatutos que prevén la suspensión automática a los investigados por corrupción cuando tienen fecha para el juicio como figura en la ley catalana de partidos políticos. Con el nuevo redactado, si acaba siendo aprobado, no serán apartados los investigados o condenados por estos delitos si la formación considera que se trata de casos de 'lawfare' (guerra jurídica). Así, Junts considera "falta muy grave" las condenas firmes por corrupción y prevé la "suspensión parcial o total" de la afiliación e incluso la "expulsión del partido por un período de uno a cuatro años", pero "no se entenderá en casos de 'lawfare'" si la comisión de garantías así lo determina.
Borràs se niega a dimitir del cargo como presidenta de la Cámara catalana porque asegura que es inocente y que su caso está, precisamente, orquestado por al Estado, aunque fue investigada después de que la policía catalana detectara indicios de fraccionamiento de contratos mientras investigada a su amigo, Isaías Herrero, por tráfico de drogas y falsificación de moneda. Con las ponencias provisionales, podría continuar con el carnet de militante de Junts y ejerciendo su presidencia hasta que tenga sentencia firme e incluso después y aunque pudiera ser condenada.
El fin del diálogo, ¿y del Govern?
El principal propósito del partido es que este octubre, cuando se cumplen cinco años del referéndum del 1-O, haya un "punto de inflexión", una suerte de segunda vuelta del 'procés', que ponga fin a la mesa de diálogo. Junts cree que el deshielo ha sido "perjudicial" para el independentismo porque lo ha "desmovilizado" y que sólo con una "confrontación directa no violenta" se puede forzar al Estado a negociar.
Por otro lado, la continuidad de la formación en el Govern está sujeta a una auditoría sobre el grado de cumplimiento del acuerdo, aunque hay enmiendas que cuestionan seguir en el Executiu si la evaluación no es favorable, mientras que otras piden, de manera explícita, salir ya del Consell Executiu.
