Todos recordaréis una de las escenas del cine que muy a menudo se suele citar en referencia a la hipocresía social y política. 'Casablanca'. El jefe de Policía, el capitán Renault, se planta por orden de los nazis (la ciudad de Casablanca dependía del gobierno colaboracionista francés de Vichy), en el Rick’s Café, que regenta Bogie, como Lauren Bacall llamaba a su marido Humphrey Bogart.

—¡Qué escándalo! ¡Qué escándalo! He descubierto que aquí se juega —le dice el capitán al dueño, haciéndole un gesto de complicidad después de tocar el silbato y ordenar el desalojo del local mientras el mozo le extiende el dinero.

—Sus ganancias, señor.    

—Muchas gracias. ¡Todo el mundo fuera!

El 13 de abril pasado, el juez a cargo del juzgado central de instrucción número 6, Joaquín Gadea, tras recibir un escrito de la Fiscalía Anticorrupción en ese sentido, archivaba una denuncia de la Asociación contra la Corrupción y en Defensa de la Acción Pública (Acodap), que anima Fernando Presencia, juez condenado por prevaricación, según la cual el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero informaba a la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, de que se le realizarían transferencias de 150.000 euros hasta completar tres millones en una entidad panameña. El juez cursó a continuación las diligencias al juez decano de Talavera de la Reina (Toledo) para “una ulterior actuación en orden a investigar el posible carácter espurio de las mismas”.

Acodap ha publicitado, más tarde, en la primera semana de junio, presuntas cuentas bancarias de magistrados de la Sala de lo Penal, la Sala Segunda del Tribunal Supremo, después de una primera oleada de denuncias en el mismo sentido, hace ahora cuatro meses, contra cuatro magistrados ya jubilados. 

El presidente de la Sala Segunda del Tribunal, Manuel Marchena, ha escrito, según trascendió el pasado jueves, al presidente del Supremo y Consejo del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, una carta según la cual Acodap “podría estar al servicio de una estrategia generadora de información falsa que pueda ser utilizada para denigrar a personas o instituciones que por una razón o por otras se oponen a los designios de su promotor”, de una organización creada con “el exclusivo objeto de ponerse al servicio del delito”.

Lesmes ha anunciado, inmediatamente, el pasado viernes, que dará traslado del escrito a la Fiscalía General del Estado (FGE) para que adopten las medidas que estimen pertinentes.

Es decir: ha cundido el escándalo porque se ha descubierto que aquí se juega.

La conocen mejor que nadie

A Dolores Delgado y a su mano derecha, Álvaro García, fiscal jefe de la secretaría técnica de la Fiscalía General del Estado, ¿qué les va a contar Lesmes que ambos no sepan?

Pero un momento. No porque la fiscal general del Estado fuera denunciada por poseer una inexistente cuenta bancaria en Panamá a mediados de abril pasado, según se ha apuntado, por la Acodap del juez Presencia.

No por eso.

Porque conocen a Acodap probablemente mejor que nadie.

Todo el 'proceso' contra el fiscal del caso Tándem-Villarejo, Ignacio Stampa, fue promovido a través del montaje de la afiliada de Acodap, María Montero, el exjuez Presencia y la amplificación impulsada por el partido ultraderechista Vox.

Ya la primeras denuncias firmadas por la periodista María Montero contra los fiscales anticorrupción Ignacio Stampa y Miguel Serrano, por presuntas filtraciones del sumario de la causa Tándem-Villarejo fueron recogidas en un escrito de Vox. En julio de 2020. la Fiscalía General del Estado dio traslado de la denuncia a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia (TSJM).

Mientras tanto, Stampa, después de actuar tres años y medio en comisión de servicios en la Fiscalía Anticorrupción se presentaba al concurso, previsto para finales de octubre de 2020, que iba a adjudicar ocho plazas fijas en dicha fiscalía.

Archivo de manera rotunda

El 5 de octubre de 2020, el teniente fiscal del TSJM, Carlos Ruiz de Alegría, instructor de la diligencias para averiguar si las denuncias de Montero, afiliada de Acodap, citadas en el escrito de Vox, tenían algún fundamento, concluyó que no existía indicio alguno para sustentar las acusaciones y, por tanto, propuso el archivo.

Sin embargo, la mano derecha de la fiscal general del Estado, Álvaro García, le solicitó, sin tener autoridad para cursar instrucciones o “sugerencias”, realizar nuevas averiguaciones.

El Consejo Fiscal para asignar las ocho plazas fijas en la Fiscalía Anticorrupción fue convocado para el 27 de octubre de 2020. Tres días antes, el 23, el teniente fiscal Ruiz de Alegría finalizó las “nuevas” diligencias y propuso nuevamente archivar de manera rotunda.

Por tanto, parecía que Stampa acudía al concurso “limpio” del montaje, en igualdad de condiciones que los demás compañeros aspirantes.

Por necesidad de profundizar la investigación de Tándem con nuevas pistas, Stampa y un equipo de policías hicieron un registro en la celda del excomisario José Manuel Villarejo en la cárcel de Estremera el 24 de octubre de 2020. El abogado Alfonso Pazos, también preso en esa cárcel, asociado a Villarejo, había mantenido comunicaciones con la denunciante de Stampa, la periodista María Montero, para difundir informes de la causa, atribuyendo las filtraciones a Stampa.

Acodap y Montero contraatacaron inmediatamente ante como respuesta, pero sobre todo para obtener una nueva prórroga de las diligencias contra Stampa en el TSJM ante el hecho de que ya se estaba en el umbral del Consejo Fiscal convocado para el 27 de octubre. Querían impedir que Stampa llegase al concurso con las diligencias archivadas, tal como proponía el teniente fiscal Ruiz de Alegría.

Montero urgió a Acodap a actuar. La citada asociación del exjuez Presencia envió el 26 de octubre de 2020 a las 20:14 horas a la Fiscalía General del Estado un nuevo escrito.

“Acodap, liderada por el exjuez decano de Talavera de la Reina Fernando Presencia, actuando en su nombre y en defensa de su asociada, la periodista María Montero Clemente, formula denuncia contra el fiscal Ignacio Stampa Fuente por considerar que los hechos que nos ha puesto en conocimiento mediante una misiva podrían ser constitutivos de un acto de represalia relativa a la protección de personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión Europea”.

Fue el golpe de gracia.

El 27 de octubre de 2020, en su propuesta de adjudicación de las ocho plazas en Anticorrupción, Dolores Delgado dejó fuera de juego a Stampa, y consiguió el respaldo tanto de la Asociación de Fiscales conservadora, a la que pertenece el citado fiscal, como de la Unión Progresista de Fiscales (UPF). Había demasiado ruido mediático con el montaje sobre Stampa y lo mejor para acabar con ese ruido, concluyeron, era acabar con el fiscal.

La cobertura

La fiscal general del Estado hurtó al Consejo de ese día 27 de la información de que el teniente fiscal Ruiz de Alegría había propuesto hacía tres días, el 23 de octubre, el segundo archivo del montaje contra Stampa.

Dolores Delgado quería apartar a Stampa,  por sus propios intereses o razones personales, del caso Tándem-Villarejo y se sirvió de Montero y de Acodap para crear un ambiente propicio para hacerlo. Fue su cobertura.

El 1 de noviembre de 2020, en lugar de dar cuenta de que el teniente fiscal Ruiz de Alegría acaba de volver a proponer el archivo de las diligencias contra Stampa, declaró públicamente: “Las diligencias abiertas contra el señor Stampa siguen vigentes hasta que se agote la investigación, que podría estar pendiente de nuevas actuaciones”. Se refería, sin precisarlo, al nuevo escrito de Acodap.

Nueve días más tarde, el 10 de noviembre de 2020, Álvaro García dejaba constancia de la decisión de acumular en la Fiscalía del TSJM la nueva denuncia “formulada por Acodap en defensa de su asociada María Montero contra el fiscal Ignacio Stampa”.

Ruiz de Alegría dio por recibidas el 20 de noviembre “las dos últimas denuncias”, y si bien acogía así a los deseos de García advertía: “Incorpórense a las presentes diligencias de investigación, sin perjuicio de nula relevancia que tienen a efectos de modificar la valoración que ya explicitamos en los dos informes de archivo [5 y 23 de octubre de 2020]”.

Pero la FGE seguiría con el montaje: no era cuestión de deshacerlo inmediatamente después de la denegación de la plaza fija a Stampa.

El 2 de diciembre de 2020, el fiscal jefe de la secretaría técnica Álvaro García instruía al teniente fiscal del TSJM Ruiz de Alegría sobre nuevas actuaciones que se prolongarían hasta avanzado el mes de febrero de 2021, para terminar siendo archivadas.

Stampa, antes que el magistrado Gadea en abril y esta semana el magistrado Marchena, denunció en sus escritos de defensa la connivencia Acodap del juez Presencia y María Montero, para realizar el montaje que aprovechó la Fiscalía General del Estado en orden a ejecutar su propia agenda: Tándem era una causa demasiado importante como para dejar que un fiscal como “incontrolado” siguiera al frente de ella.