El Tribunal de Cuentas ha desestimado el recurso que presentaron el expresidente del Govern Carles Puigdemont y el exconseller Toni Comín contra el decreto por el que se admitió a trámite la demanda presentada por la Fiscalía, que les reclama 3,4 millones de euros --de forma conjunta y solidaria con otros encausados-- en concepto de responsabilidad contable por el presunto desvío de gastos para el denominado 'procés'. Con esta decisión, el tribunal mantiene en la causa al líder independentista.

Así lo ha informado este viernes Societat Civil Catalana, que ejerce de acusación popular en el procedimiento que se sigue en el órgano fiscalizador contra 35 personas, en su mayoría excargos del Govern, por el presunto desvío de fondos públicos para sufragar el 1-O y las denominadas 'embajadas catalanas'.

Según la asociación, el Tribunal de Cuentas también ha rechazado devolver el depósito de 2,1 millones de euros que presentó ERC como aval, tal y como solicitó la formación política.

Fuentes jurídicas han precisado a Europa Press que el partido se dirigió al órgano fiscalizador una vez que se dio a conocer que los avales respaldados por el Instituto Catalán de Finanzas (ICF) fueron admitidos y reclamó que se le reintegraran los 2,1 millones que había aportado.

Las mismas fuentes han asegurado que el tribunal ha desestimado la petición al considerar que a quien le correspondería solicitar esta supuesta devolución es a los encausados correspondientes y no a ERC.Ambas decisiones tienen lugar dos meses después de que el tribunal apartara --a petición de la Fiscalía-- a los exconseller Joaquim Forn y Josep Rull, así como a otros 14 excargos del Govern de la lista de personas a las que se les reclama los fondos presuntamente desviados.

Demandas presentadas

El Ministerio Público rebajó las estimaciones del órgano fiscalizador sobre la cifra presuntamente desviada. En concreto, pasó de los 9,5 millones calculados por el tribunal a 3,4 millones de euros. Según explicó, la responsabilidad contable de algunos de los presentes en el procedimiento disminuyó "de manera considerable respecto del importe reclamado por la instructora" del Tribunal de Cuentas y respecto de la demanda de Societat Civil Catalana porque "los demandados y las cuantías son divergentes".

Societat Civil Catalana presentó demanda contra 11 exaltos cargos del Govern, entre los que incluye a los expresidentes Carles Puigdemont y Artur Mas, y al exvicepresidente Oriol Junqueras, por los gastos del 1-O y de la acción exterior de la Generalitat. Les reclamó 5,3 millones de euros en concepto de responsabilidad contable.

Inicialmente, el Tribunal de Cuentas fijó en 5,4 millones de euros la responsabilidad contable relativa a la acción exterior de Cataluña a través de las denominadas 'embajadas catalanas' y al Diplocat. Por su parte, cifró en 4,1 millones los gastos vinculados al referéndum del 1 de octubre de 2017. Al haberse fusionado ambas actuaciones en un solo procedimiento, el importe total alcanzaba los 9,5 millones de euros.