El PSOE usa el trámite de una ley contra el crimen para saldar deudas con ERC y PDeCAT

Resulta que esta nueva ley que mejorará el acceso a los movimientos financieros de grupos criminales y terroristas cambiará otras seis, tal y como publica El Periódico de España. Muchas, es cierto, guardan relación, pero hay tres en concreto que no. La ley de financiación autonómica será modificada puntualmente, así como la de financiación de las comunidades de régimen común y de las ciudades con estatuto de autonomía. La tercera es ni más ni menos que el Código Penal, que tiene rango de ley orgánica.

Las tres modificaciones, muy precisas, saldan dos deudas que el PSOE tenía con otras tantas formaciones catalanas, a las que agasaja y da contrapartidas de vez en cuando porque sus votos pueden ser decisivos, así de ajustada y agobiante está la aritmética en el Congreso.

A ERC le da el blindaje del impuesto de residuos en la regulación de la financiación autonómica, lo que el Gobierno y la dirección socialista tenía pendiente desde la tramitación de la ley de residuos. Los independentistas catalanes no respaldaron aquella norma porque, según su criterio, neutralizaba el canon en vertederos que llevaba años aplicando con estimable éxito recaudatorio. Fue un desaire que pasó desapercibido porque los ecos de la ley audiovisual y de los presupuestos resonaron entonces con mucha más potencia. Esquerra pidió al Gobierno que le devolviera el tributo mediante una reforma de la financiación autonómica. Hecho, aunque seis meses después. Hecho, aunque a través de una ley que no tiene nada que ver.

Con el PDeCAT, por su parte, el PSOE ha intentado un acercamiento que propicie relaciones parlamentarias fluidas y consistentes. La formación catalana que en el Congreso dirige Ferrán Bel tiene cuatro escaños, muy lejos de los 13 de ERC. Pero todos los votos cuentan en un momento en el que leyes y decretos se ven abocados a desenlaces de infarto. Los nacionalistas llevaban tiempo intentando colar una reforma muy concreta del Código Penal que endureciera las penas a quienes con multirreincidencia cometen pequeños hurtos. Lo ha logrado en una ley de temática diferente.

Las dos situaciones son perfectamente legales y reglamentarias. Al fin y al cabo, la nueva ley contra la financiación de grupos criminales y terroristas tiene rango de "orgánica", lo que facilita una "ingeniería parlamentaria" de altos vuelos: se pueden "tocar" otras leyes orgánicas. Como destaca un diputado que formó parte de la ponencia a El Periódico de España, lo hecho en esta norma ha sido una demostración palmaria de que la voluntad política, si se atiene al reglamento y a las reglas legislativas, puede lograr transacciones y contrapartidas de calado.

Lo que aborda la ley

El otro ángulo desde el que informar es su contenido. Cuando la Mesa del Congreso califica el proyecto, el 19 de abril, se denomina así: "Proyecto de Ley Orgánica por la que se establecen normas que faciliten el uso de información financiera y de otro tipo para la prevención, detección, investigación o enjuiciamiento de infracciones penales". Casi dos meses más tarde, la extensión del título es mayor, precisamente por lo comentado antes. A partir de ahora habrá que añadir: "(...) y de modificación de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas y otras disposiciones conexas y de Modificación de la Ley Orgánica 10/1995, del Código Penal".

Es un nombre farragoso y plúmbeo, consecuencia de una negociación política y de una recomendación de la letrada de la Comisión de Interior, en cuyo seno se formó la ponencia. Dicen fuentes que participaron en ella que al ver la envergadura de los cambios, plasmados en sucesivas disposiciones adicionales, la letrada aconsejó añadir en la exposición de motivos de la norma una serie de explicitaciones sobre las leyes que se iban a cambiar y sobre los porqués.

Hecha esta disquisición, la ley pretende, como principal objetivo, "la lucha contra cualquier forma grave de delincuencia, en particular, contra el fraude financiero, el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo". Lo que busca el proyecto es ganar agilidad y rapidez en la obtención de la información financiera, que actualmente se mueve a gran velocidad.

Cabe destacar que ni la filosofía ni el alcance del proyecto llevan la autoría del Gobierno. Es de la Unión Europea. Sucede que la integración de las directivas al respecto en el ordenamiento necesita coherencia con el derecho constitucional a la intimidad y con la legislación sobre protección de datos personales que opera en España, derivada de sentencias y normas específicas. El motivo que aceleró el trabajo de trasposición fue desgraciado: los atentados de París y de Bruselas de 2015 y 2016, respectivamente. El llamamiento para combatir la financiación de las células terroristas se hizo más fuerte.

El instrumento clave alrededor del cual gira el proyecto es el Fichero de Titularidades Financieras, el registro centralizado de las cuentas bancarias y de los pagos. Quién accede a este registro y cómo han sido los caballos de batalla de la ponencia, que, por otro lado, transcurrió en un visto y no visto, prácticamente en una semana. Según explica una fuente de la Comisión de Interior, la ley quiere simplificar al máximo los requisitos, lo que anularía las garantías debidas en el uso de información sensible. Otra fuente discrepa y asegura que la redacción final no atenta contra dichas garantías.

Pero, por si había dudas, la ponencia aceptó una enmienda del PP encaminada a regular con más concreción el uso de los registros, y sobre todo, establecer que estos sean borrados en cinco años, salvo que el procedimiento al que aluden siga en curso.

Las contrapartidas

Tal y como adelantó El Periódico de España, el PSOE usó este proyecto de ley para saldar una cuenta pendiente con ERC y acercarse a un grupo que es fundamental para que la legislatura avance calmada. Desde que trascendieron los casos de espionaje con Pegasus, que salpicó a un nutrido número de dirigentes independentistas, los ánimos no son precisamente de sosiego y mesura. Esquerra ha mostrado que su alianza parlamentaria con los socialistas no es tan robusta.

En medio de ese trasiego de alianza estable o inestable, el grupo socialista incorporó una serie de enmiendas a este proyecto de ley contra el blanqueo y la financiación de actividades criminales y terroristas. Todas ellas apuntaban a una reforma encubierta de la ley de financiación autonómica. El objetivo es incluir entre los tributos cedidos a las comunidades el impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos, así como el rendimiento que de él obtengan. Era justo la demanda que plantearon en ERC para apoyar la ley de residuos, ya en vigor. Así se lo transmitieron al Ministerio de Hacienda, pero se negó. Medio año después, no se ha negado.

La presentación de las enmiendas pilló por sorpresa a Esquerra. Casi al mismo tiempo que este medio se ponía en contacto con el grupo parlamentario para recabar su opinión sobre las propuestas socialistas, la dirección de Héctor Gómez llamaba a la de Gabriel Rufián para comunicarles su registro. La responsabilidad recayó en el Govern de la Generalitat en seguida; no tardó en dar su visto bueno a la propuesta. ERC reconoce el gesto del PSOE aquí, si bien se cuida mucho de considerarlo un punto de inflexión en las relaciones políticas.

La reforma del Código Penal obedece a una lógica similar, pero con un matiz llamativo: no es el PSOE el que presenta la enmienda, sino el PDeCAT, integrado en el Grupo Plural. El acuerdo se produjo tras una negociación a varias bandas, en las que intervino el Ministerio de Justicia, informaron a este medio fuentes de la negociación. La formación de Bel pretendió "dar una respuesta adecuada a los casos de multirreincidencia" en los delitos de hurto. El Tribunal Supremo estableció que tal supuesto habría de aplicarse a los casos que superen los 400 euros.

En la rueda de prensa en la que la formación catalana, a través de su diputado Genís Boadella, anunció el acuerdo con el grupo socialista (apuntaron que se sumarían más grupos), explicaron que los pequeños delitos estaban empezando a afectar al turismo y al comercio, en especial en Barcelona. Cambiar el artículo 234.2 del Código Penal sería la solución, siempre y cuando se dirigiera al aumento de la pena sin llegar al castigo con prisión.

El miércoles que viene la Comisión de Interior verá el dictamen de esta ley, último paso antes de la aprobación en pleno, previsiblemente la semana del 20 de junio. Por lo que indican las fuentes, no habrá problema. El proyecto apenas ha suscitado controversia. Que la ingeniería parlamentaria empleada haya sido tan precisa no ha molestado en exceso, síntoma, quizá, de que habrá que recurrir a ella más a menudo.