El enfado en el Gobierno por el modo en que se ha desarrollado el primer viaje de Juan Carlos I a España, sin un atisbo de disculpa, en un acto tan elitista como unas regatas y con una gran exposición pública, motivó que este miércoles el grupo socialista apoyara en el Senado una proposición de ley de ERC y de EH Bildu para modificar el Código Penal y despenalizar las injurias a la Corona y los ultrajes a España, que ahora se enviará al Congreso para su debate.
El Ministerio de Justicia había informado a favor de este cambio por criterios técnicos y, de hecho, el Ejecutivo, en febrero de 2021, ya había prometido una revisión de los delitos relacionados con la libertad de expresión. Pero el voto del PSOE, este miércoles en Cámara Alta, según apuntan fuentes socialistas, está vinculado a que la visita del Rey emérito "no ha sido ejemplar" y existe, subrayan, "demasiado malestar". En la decisión, explican también en el grupo parlamentario, ha pesado "la posición política del Gobierno que el lunes reflejó la portavoz Isabel Rodríguez", en una entrevista en RNE.
En ella la ministra se mostró muy dura con Juan Carlos I porque, dijo, "perdió la oportunidad de dar explicaciones y de pedir perdón". Rodríguez le reprochó tanto que volara en avión privado (que se desconoce quién ha pagado) como que no cumpliera con la promesa de privacidad que se pactó (entre la Casa del Rey y el representante legal del anterior monarca) sobre su vuelta, tras casi dos años de retiro en Abu Dabi, donde se marchó para intentar frenar el desgaste que provocaba en la Monarquía las informaciones sobre su fortuna opaca.
"Conductas nada ejemplarizantes"
La prueba de lo presente que Juan Carlos I estuvo en el hemiciclo y cómo ha influido en la postura del PSOE en este tema fue la propia intervención del senador Artemi Rallo, encargado de explicar en la tribuna la posición. "Defendemos las instituciones vigentes", destacó pero "cerrar los ojos y negar la realidad es el peor de los errores en que puede incurrir un gobernante". "La realidad es que los españoles asistimos escandalizados a las noticias sobre las conductas nada ejemplarizantes atribuidas al rey emérito", afirmó. "No negamos ni negaremos la relevancia del papel histórico de Juan Carlos I pero como todos los ciudadanos queremos, esperamos y exigimos respuestas y explicaciones. Nadie por encima de la ley".
Rallo alabó los intentos de "modernización" y "transparencia" de Felipe VI pero dijo que "faltan pasos que dar" y entre ellos despenalizar las injurias a la Corona para "garantizar la crítica a cualquier poder". "Se ha extendido la convicción social de que no todos somos iguales ante la ley, de que quien por cuna o linaje goza de privilegios y eso un estado social y de derechos del siglo XXI no lo puede soportar".
El temor a una segunda visita
El Gobierno ya había prometido cambios en los delitos relacionados con excesos de la libertad de expresión para que sólo se castiguen aquellas conductas que supongan claramente la creación de un riesgo para el orden público o la provocación de algún tipo de conducta violenta y con penas disuasorias, no privativas de libertad.
Esta determinación se tomó después de que más de 200 artistas firmaran un manifiesto para pedir la liberación del rapero Pablo Hasel, condenado a prisión por enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona. El Ejecutivo ya defendió entonces que el castigo penal supone un desaliento para la libertad de expresión y apeló a toda la doctrina nacional e internacional sobre ello. Incluso aprobó en el Congreso una propuesta de Unidas Podemos en ese sentido, que lleva paralizada más de un año con sucesivas ampliaciones del plazo de enmiendas.
Otra señal que evidencia la íntima relación entre la visita de Juan Carlos I y el aval socialista a despenalizar las injurias a la Corona, es que el propio portavoz de Unidas Podemos en la Cámara Baja, Pablo Echenique, recriminó públicamente al PSOE que bloquee más de un año la proposición de ley para despenalizar los denominados delitos de opinión, entre ellos contra la Monarquía, y ahora vote a favor en el Senado de otra propuesta para eliminar este tipo penal.
El Ejecutivo se ha mostrado públicamente muy incómodo por cómo discurrió el fin de semana del Rey emérito en Sanxenxo (Pontevedra). Ese mismo viernes, la ex vicepresidenta, Carmen Calvo, en un tuit, ya lo calificó de "bochorno". Y, cómo ha publicado El Periódico de España, diario del mismo grupo, Prensa Ibérica, que este periódico, Moncloa no quiere que se repita una segunda visita, anunciada ya para primeros de junio, en estas mismas condiciones. Pero la impresión en el Gobierno es que Juan Carlos I no obedece a ningún requerimiento, tampoco a los de Felipe VI, y que aunque creen que habrá intentado acordar con su padre pasar más desapercibido en su siguiente viaje, consideran que no le hará caso. En el Ejecutivo dudan de que el anterior monarca vaya a cambiar de actitud porque “ha hecho toda la vida lo que ha querido" y “tiene la impresión de que lo ha hecho todo bien”.
