El Parlamento Europeo ha confirmado este miércoles que no ha podido verificar las credenciales de los tres eurodiputados de JuntsperCat -Carles Puigdemont, Clara Ponsatí y Toni Comín- así como del representante de ERC, Jordi Solé, porque no ha recibido la documentación necesaria de la Junta Electoral Central española (JEC), que exige acatar o jurar la Constitución. Según ha explicado el presidente de la comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo, Adrián Vázquez (Ciudadanos) el siguiente paso ahora será solicitar a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, que requiera a la JEC que envíe la documentación necesaria o en caso de que no sea posible “la explicación de su ausencia y las consecuencias que de ella se deriven”.

La verificación de las credenciales es un trámite formal que tienen que cumplir todos los eurodiputados cuando consiguen su acta para comprobar que no hay incompatibilidades con el cargo. Un trámite que tendría que haberse concluido hace meses y que la pandemia ha obligado a retrasar hasta ahora. Ha sido Roberta Metsola la encargada de anunciar la conclusión del trámite en relación a los 49 eurodiputados que se han incorporado en los últimos dos años, para reemplazar a otros eurodiputados salientes o cubrir las vacantes dejadas tras el brexit. En ese listado, sin embargo, no están los cuatro independentistas catalanes. 

“Ha habido un poco más retraso de lo habitual porque hay cuatro casos que nos han requerido hacer un mayor estudio jurídico para tener todo analizado y completado. En estos cuatro casos hemos pedido la opinión legal del servicio jurídico de la cámara y la asesoría legal de expertos de fuera de las instituciones y tras el análisis el Parlamento Europeo ha concluido que no se puede verificar las credenciales de las actas parlamentarias de Carles Puigdemont, Toni Comín, Clara Ponsatí y Jordí Solé”, ha explicado Vázquez que entró también tras la salida del Reino Unido de la UE y cuya acta se ha verificado en esta tanda.

Sin efectos por el momento

Según ha explicado el representante de Ciudadanos, la Eurocámara también ha constatado que hasta ahora “no han recibido ni la notificación ni la documentación que acredite con total claridad que se hayan cumplido los requisitos exigidos para acreditación de las actas de estas cuatro personas”, ha añadido apuntando que es la JEC quien tiene que determinar qué acciones deben adoptar. La decisión, adoptada con 20 votos a favor y 1 abstención, no implica la retirada del acta de eurodiputado.

¿Cómo les afecta a su trabajo diario? “En la práctica, entiendo que no les afecta en absoluto. Esto no es una conclusión dentro del procedimiento. No podemos tomar decisiones porque ahora está en manos de la autoridad competente, que es la Junta Electoral Central, no del Parlamento Europeo”, ha añadido sobre un proceso que no tiene plazos.

El anuncio pone en jaque la decisión adoptada a finales de diciembre de 2019 por el entonces presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, que decidió reconocer a Puigdemont y Comín como eurodiputados, tras las sentencia del Tribunal de Justicia de la UE sobre Oriol Junqueras,, en la que se señalaba que no hacía falta jurar o acatar la Constitución en Madrid para acceder al escaño. "Lo que debe hacer el estado español es respetar la primacía del derecho de la UE y los principios fundamentales de la democracia. Quizá sea necesario que se lo traduzcan al castellano, porque el posicionamiento del TJUE está claro", ha dicho Solé.

“Son dos cosas diferentes, la sentencia y la verificación de las credenciales, pero si leen la sentencia no elimina los requisitos fijados por el derecho de cada estado miembro para adquirir la condición de eurodiputados ni por extensión la necesidad de recibir notificación oficial de las autoridades competentes antes de conceder la condición plena. Por tanto no afecta a la verificación de las credenciales”, sostiene Vázquez.

La JEC podría declarar ahora vacantes los escaños o suspender las prerrogativas que les corresponden como eurodiputados. Según fuentes de la Eurocámara, la posible suspensión de sus derechos y prerrogativas como eurodiputados podría incluir la suspensión de su derecho de voto o el salario entre otros. Esta suspensión podría prolongarse hasta que juraran la Constitución o se pronuncie sobre el recurso pendiente del Tribunal General de la UE.