Fiscalía insiste en el Supremo sobre el "caos" de los ERE: "No había documentación de las ayudas, ¡cómo era posible eso!"

Durante su intervención en la vista pública en la que se analiza este asunto, el fiscal Fernando Prieto ha relatado de forma pormenorizada cómo se modificó el sistema presupuestario que existía antes de 2000 para repartir sin control el dinero público, según advirtieron los propios técnicos de la Junta: "Todos ellos dicen que era un caos, que no había documentación, que no se había regulado nada. ¡Cómo era posible eso'", ha subrayado ante el tribunal de cinco magistrados que deberá valorar los recursos de las defensas, que este miércoles argumentaron a favor de la absolución de todos los condenados, tal y como recoge El Periódico de España.

En el caso de los ERE de Andalucía se juzgó procedimiento a través del cual se financiaron prejubilaciones de expedientes de regulación de empleo (ERE) que eran fraudulentos o innecesarios y ayudas directas y supuestamente arbitrarias a empresas. El instrumento presupuestario utilizado para ello fue el de las "transferencias de financiación" -la partida 31-L, conocida como 'fondo de reptiles'-, que logró soslayar los procedimientos administrativos y eludir el control previo de la Intervención, provocando un "quebranto claro" de las arcas públicas.

El Supremo ha acogido una vista pública por este caso que se ha extendido a lo largo de dos jornadas y que concluye este jueves con las intervenciones de la Fiscalía por parte de dos de sus representantes ante el alto tribunal, Fernando Prieto y Rafael Escobar. El asunto fue sentenciado hace más de dos años y que condenó a 19 cargos de la Junta de Andalucía del total de 21 que se sentaron en el banquillo, entre otros, a los expresidentes de la Junta José Antonio Griñán (a 6 años de cárcel) y Manuel Chaves (9 años de inhabilitación) por el desvío de casi 700 millones de dinero público.  

El primero en intervenir ha sido Prieto, que frente a las acusaciones de las defensas sobre la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla, que calificaron de "oscura", llena de contradicciones y de difícil comprensión, ha admitido que si bien la resolución "no es fácil", lo que no se puede decir es que se equivoca al mezclar actos administrativos con la acción del Parlamento andaluz tal y como pretenden los representantes de los acusados.

Responsabilidad de los consejeros

También ha respondido el fiscal al intento de los abogados de atribuir la responsabilidad final de lo ocurrido al que fuera director general de Empleo ya fallecido, Francisco Javier Herrero, porque según la normativa los gastos son competencia del Consejero, y en este caso ninguno de los 270 expedientes que obran en la causa se tramitaron cumpliendo la normativa. 

Las ayudas que se venían concediendo antes del uso de las 'transferencias de financiación' -a través de las empresas públicas IFA y después IDEA- fueron correctas, y después de 2010 "de repente" se volvió al sistema anterior sin explicación alguna, ha insistido el representante del Ministerio Público.

La razón de este paréntesis, según ha concretado el fiscal, fueron los reparos de la intervención a las ayudas que se iniciaron para empresa como Santana Motor o Hijos de Andrés Molina (HAMSA), que fueron precisamente las primeras que se concedieron cuando se puso en marcha el nuevo sistema, que impedía un control previo de carácter suspensivo y aseguraba que los expedientes se quedaran en la Consejería, mientras que quien pagaba era la agencia pública sin fiscalización alguna. Además, como no había bases reguladoras ni publicidad, se hacía inviable que cualquier peticionario pudiera acceder a las ayudas.

¿Qué mensaje transmitimos al ciudadano?

Sobre la responsabilidad de los consejeros, como era Griñán en esos momentos (responsable de Economía hasta que accedió a la Presidencia de la Junta), la Fiscalía destaca el informe adicional de la Cámara de Cuentas advirtiendo el primero de los años de un desfase presupuestario de 38 millones de euros. 

"Todos dicen que no les ha llegado, que se mandó a un grupo de trabajo... ¿Es esto posible? ¿Qué mensaje transmitimos al ciudadano? (...). Y nadie hace nada, nadie, nadie, esto no es viable en una correcta Administración, y esto pasa durante diez años", ha señalado el fiscal.

Por su parte, la intervención del fiscal Rafael Escobar ha estado dirigida más directamente a rebatir los argumentos de las defensas de los expresidentes. Así, frente a lo dicho por el abogado de Chaves sobre la dificultad de imputar una prevaricación a unas decisiones que no podían considerarse actos administrativos, sino políticos, ha señalado que "conceder subvenciones puede ser una decisión política, pero está sometida a control judicial". Para la Fiscalía, todos los "eslabones de relevancia" para la decisión final son susceptibles de constituir prevaricación.

A la hora de responder a Griñán, cuya defensa alegó que la existencia del sistema de concesión de ayudas fue muy previo a su llegada a la Junta, el fiscal ha aludido a la doctrina establecida en la causa por las 'tarjetas black' de Bankia. "No se puede decir que cuando llegué, ya estaba, usted se subió al carro delictivo", ha señalado. 

Frente a la "cortina de humo que tanto en el juicio como en casación" las defensas quieren poner delante de los ojos, "en los hechos probados se dice que el dinero se puso a disposición año tras año para cumplir los compromisos frente a terceros, ahí está la historia". En cuanto a la malversación, considera que lo importante son "las conductas voluntarias y deliberadas" que se recogen en la sentencia que ahora se pretende casar.

El último en intervenir ha sido el abogado de la acusación popular, ejercida en representación del PP por el abogado Luis Manuel García Navarro, pese a que no presentó recurso propio y se adhirió al del fiscal. Según el letrado, el instrumento empleado por la Junta para conceder estas ayudas fue un "sistema ideado" para constituir "un ángulo muerto que dejó a la Intervención fuera de control". Así, ha recordado que hasta el propio Griñán admitió tras su declaración por este asunto en el Tribunal Supremo en abril de 2015 que hubo un "gran fraude" en la Junta aunque negara la que existiera una trama.