La Diputación de Alicante rechaza el recorte del trasvase Tajo-Segura, tras el aumento del caudal ecológico del río en el plan de cuenca aprobado por la Confederación del Tajo. La moción del PP en defensa de esta infraestructura vital para el campo alicantino se ha aprobado con los votos a favor de los populares y de Cs y la abstención del PSOE y Compromís. El texto insta a la Generalitat Valenciana a sumarse a un frente común para defender la infraestructura que riega y da de beber a buena parte de la provincia. Censuran este "ataque" que, añaden, viene a confirmar "desgraciadamente" la que aseguran es la hoja de ruta del Gobierno de Pedro Sánchez de "acabar injustificadamente" con esta infraestructura. Y acusan al presidente de la Generalitat, al socialista Ximo Puig, de "inacción", "desinterés" y "pasividad" en la defensa de los intereses hídricos de la provincia de Alicante. Precisamente, las alusiones a Sánchez y a Puig han sido lo que ha generado controversia en la bancada socialista. El diputado del PSOE, Joaquín Hernández, pidió a los populares quitar las referencias al Gobierno de España y a la Generalitat para dar su aprobación a la moción, lo que no aceptaron los de Carlos Mazón. Hernández leyó la moción institucional que los socialistas pretendían que sustituyera a la iniciativa del PP en defensa del trasvase, que incidía en el grave perjuicio que supone la disminución de caudales y pedía recular al ejecutivo de Pedro Sánchez, pero obviando las referencias políticas que tiene la decisión ejecutada por el Gobierno.
En el acuerdo, la Diputación exige al Gobierno que no recorte el caudal de agua en el trasvase y reivindica la vigencia de la infraestructura para el desarrollo y progreso del levante español. Además, insta al Consell a ir de la mano en su defensa y que se posicione en contra del aumento de los caudales ecológicos del Tajo, que suponen una reducción del trasvase de 105 hectómetros cúbicos al año.
El texto impulsado por los populares critica la "pasividad y desinterés" del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, en la defensa de esta infraestructura. La vicepresidenta segunda y diputada de Ciclo Hídrico, Ana Serna, ha denunciado que el aumento de los caudales ecológicos del Tajo, aprobado este martes por la Confederación Hidrográfica de esta cuenca, supondrá la pérdida de 27.314 hectáreas de cultivo y más de 6.000 empleos, sólo en la provincia de Alicante. Serna ha criticado que esta decisión, que se consumará el martes en el Consejo de Ministros, "es meramente política y no responde a criterios técnicos", y ha vuelto a advertir que la intención de sustituir el agua trasvasada por agua desalada tendrá un sobrecoste para los regantes y los municipios y supondrá "una hipoteca energética y medioambiental". La diputada del PP se ha referido a los recursos de la Generalitat en contra del recorte del trasvase, pero para criticarlos. "No sé si lleva 80 o 200, pero sólo son un lavado de cara", ha señalado. Además, ha echado en cara al Ejecutivo central que no haya elaborado informes para comprobar las tremendas consecuencias económicas y sociales de esa decisión, como sí ha hecho la Diputación, que cifra una pérdida patrimonial de 5.327 millones de euros (1.366 por el regadío activo y 3.961 de lucro cesante), además de 6.000 empleos sólo en la provincia. "Si el presidente de la Generalitat hubiera hecho sus deberes, ahora podría quejarse. Sin embargo, ha consentido que la ministra venga a nuestra tierra a decir que aquí hacemos un mal uso del agua", ha censurado.
Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, Javier Gutiérrez, ha respaldado la moción a favor del trasvase Tajo-Segura y ha reivindicado la necesidad de defender esta infraestructura con todos los mecanismos legales "a nuestro alcance" para asegurar "la prosperidad de la provincia". El también diputado de Infraestructuras ha tildado de “"castigo" la política de recortes de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera. Además, ha criticado ha responsabilizado al Gobierno de "arruinar" a los agricultores alicantinos, "a pesar de su gran peso en nuestro país". Entre sus propuestas, destaca un plan de ayudas a disposición de las cuencas deficitarias que permita el desarrollo sostenible de recursos propios y la creación de un organismo nacional regulador del agua.
Desde la oposición, tanto PSOE como Compromís han mostrado su rechazo al recorte del trasvase, aunque no han querido dar su apoyo al texto del Grupo Popular, a quien han acusado de "hacer partidismo" con el tema del agua. Así, el diputado del PSOE, Joaquín Hernández, ha lamentado que el PP "desentierre de nuevo el hacha de guerra del agua". "Nosotros queremos que haya agua para siempre y de calidad", ha añadido, "defendiendo los intereses de los agricultores", pero fuera de la visión política.
Por su parte, el portavoz e Compromís, Gerard Fullana, ha recordado que "uno de los motivos esenciales para este recorte es que Madrid no depura el agua del Tajo. Es una hipocresía", ha dicho a la bancada popular. Y ha lamentado que no se alcancen acuerdos unánimes con temas sensibles como este. "Perdemos (los políticos) mucha credibilidad", ha zanjado.
Rechazo al bloqueo a Vox en los pactos de la Diputación
PP y Cs han impedido la aprobación de un cordón sanitario contra Vox para impedir que la extrema derecha forme parte de los pactos de los futuros gobiernos en la institución provincial. El voto de calidad del presidente de la Diputación, Carlos Mazón, (ante la ausencia del diputado popular Alejandro Morant que se ha tenido que ausentar de la sesión por motivos personales), junto al rechazo del PP y Cs, ha impedido el bloqueo a Vox que pretendía Compromís, proponente de la moción.
La propuesta presentada por el portavoz de la formación valencianista, Gerard Fullana, pretendía instar a todos los grupos políticos a no pactar con el partido de ultraderecha en próximos mandatos. La moción de Compromís argumentaba el rechazo general de la sociedad europea a la formación de gobiernos con partidos de extrema derecha que pongan en peligro los derechos democráticos reconocidos actualmente por los estados miembros de la UE. También, manifestaba la evidencia de las políticas homófobas, xenófobas, antiecológicas, antifeministas y contrarias a valores constitucionales como las autonomías o las lenguas cooficiales de un partido como VOX "que niega la legitimidad del Tribunal de Derechos Humanos Europeo o de la convención de Derechos de la Infancia de la ONU". Una propuesta que, aunque hubiera salido adelante, era imposible de hacer efectiva dado que los actuales diputados poco pueden limitar lo que harán los que estén en futuras corporaciones.
La formación valencianista pretendía que los grupos políticos aprueben un "cordón democrático" contra Vox que impida pactar con la extrema derecha un futuro gobierno en el organismo provincial. En definitiva, aislar a la formación de Santiago Abascal e impedir que pueda, en un futuro, gestionar la institución. Pero, a la vez, introducía la condena al acuerdo entre el PP y Vox en Castilla y León, que ha censurado la formación de Inés Arrimadas. De este modo, la moción ponía en un brete a los dos diputados que tiene Cs en la Diputación, que tenían que optar por ser consecuentes con el firme rechazo de su formación a lo sucedido en Castilla y León, y apoyar la moción, o abstenerse, o rechazarla. Finalmente, ambos diputados se han alineado con los populares y han optado por el rechazo, lo que ha impedido su aprobación, también la del rechazo al pacto en Castilla y León entre PP y Vox que había encendido a la formación de Inés Arrimadas.
El documento, más allá de la intención de imponer un cordón sanitario contra Vox, tenía la clara intención que pretender evitar que el PP pueda pactar en 2023 con el partido de Abascal si le es necesario para mantener el gobierno de la institución provincial. El también líder del PPCV, Carlos Mazón, ha mantenido un discurso ambiguo respecto a futuros pactos con Vox, aunque ha evitado rechazarlo y muchos dan por hecho que, como futuro candidato del PPCV a la Generalitat, editaría un acuerdo similar al del popular Alfonso Fernández Mañueco en la comunidad castellano-leonesa.
Fullana ha recordado que el presidente del PP europeo rechaza los pactos "con radicales y movimientos de extrema derecha, según dijo él mismo". Además, ha explicado que la moción recogía los argumentos de Cs en la cámara parlamentaria castellano-leonesa, aunque en ese caso también pedía aislar a Podemos. En este sentido, el diputado de Cs, Javier Gutiérrez, ha instado a Fullana a incluir a Podemos en ese cordón sanitario para aprobar la propuesta, como Bildu, ERC o JuntsxCat y ha mkostrado su rechazo a que se creen cordones sanitarios "a partidos políticos legales", aunque ha reconocido que Vox "no me gusta".
Por su parte, el popular Eduardo Dolón ha calificado la propuesta de "despropósito". Mientras que el portavoz del PSOE, Toni Francés, ve con buenos ojos parar a la extrema derecha "antes de que nos arrepintamos".
Fullana ha citado en su intervención frases literales de dirigentes de VOX en contra de colectivos como el de LGTBI, así como ha señalado las políticas que el populismo de ultraderecha abandera y que apuntan a la eliminación de la ley de violencia de género, la persecución al colectivo LGTBI o a la desigualdad entre hombres y mujeres.
Otras mociones
Durante el pleno, también ha salido adelante la moción presentada por los grupos del equipo de gobierno en la que muestran su rechazo a la versión preliminar del Plan de Acción Territorial de la Vega Baja “que supone un retroceso y la paralización de la comarca”, según ha denunciado la diputada de Proyectos Europeos y alcaldesa de Almoradí, María Gómez, quien ha mostrado el apoyo de la Diputación a los ayuntamientos y entidades que han alegado contra esta planificación. “Queremos que la Vega Baja avance con un desarrollo sostenible y no con un Plan de Acción Territorial que nos retrotrae a 20 años atrás”, ha criticado la diputada, quien ha precisado que este documento, en fase de exposición pública y al que ya se han presentado más de 1.300 alegaciones, supone la “parálisis” de sectores tan importantes como el agroalimentario o el del turismo residencial. Desde el PSOE y desde Compromís se ha defendido, sin embargo, la alternativa presentada por la Conselleria de Política Territorial “que se ha hecho buscando el máximo consenso y que pretende poner fin al urbanismo salvaje que se ha practicado en la comarca en los últimos 20 años”, ha apuntado la diputada socialista Carolina Gracia.
En el apartado de mociones, la crisis energética ha centrado varias de las propuestas. Al respecto, todos los grupos políticos han respaldado el texto presentado por el portavoz de Compromís, Gerard Fullana, para impulsar una línea de ayudas destinada a ayuntamientos para favorecer el autoconsumo de energía en los edificios públicos. Por otra parte, PP y Cs han rechazado la moción del Grupo Socialista de apoyo a la actuación en materia energética del Gobierno de España, al que Javier Gutiérrez ha reprochado “la exclusión de medidas indispensables para evitar la inflación y que demonice la energía nuclear, necesaria en el camino de la transición energética”.
Por otra parte, el PP y Cs han sacado adelante, sin la oposición, un acuerdo para instar a la Generalitat a crear un órgano de coordinación para afrontar situación de emergencias y catástrofes. El diputado de Infraestructuras y portavoz de Cs ha pedido al Consell “un manual de procedimiento en coordinación con las diputaciones y los municipios que determine cómo, quién y de qué manera se debe actuar frente a los daños causados en infraestructuras públicas”.
En este sentido, Gutiérrez también ha considerado que es imprescindible “disponer de un modelo de valoración para evaluar los daños y determinar qué administración debe asumirlos, en función de las competencias y capacidad, en el caso de municipios pequeños” y ha destacado la actuación de la Diputación tras episodios como la borrasca Gloria y la DANA. “La experiencia nos está diciendo que ayudaría disponer de un modelo de canalización de las subvenciones con ventanilla única de tramitación”, ha afirmado.
Inversiones
La institución provincial ha aprobado en el orden del día del pleno el Plan +Deporte, dotado con siete millones de euros, para la construcción, mejora, ampliación o reforma de instalaciones deportivas municipales, y el Plan +Agua, que contará con una partida de 4,6 millones de euros para la realización y mejora de obras hidráulicas de abastecimiento y saneamiento.
Además, se ha dado el visto bueno a distintas convocatorias de ayuda dirigidas a mejorar el estado y la seguridad de las carreteras y caminos de la provincia y que supondrán una inversión que supera los 9 millones de euros- Plan de Mejora de la Red Viaria Provincial, Plan de Mejora de Accesos a municipios y ayudas par la adquisición de luminarias y elementos para la mejora de la seguridad vial en vías y caminos rurales.
