Estaba escrito. Al primer representante del Gobierno que pasara por el Congreso le iban a llover las preguntas por el 'Catalangate'. Y así fue. Este lunes, el director de Gabinete del presidente, Óscar López, tuvo que remachar la tesis del Ejecutivo para intentar combatir el alud de críticas de la oposición, especialmente de las formaciones nacionalistas e independentistas. La mano derecha de Pedro Sánchez en la Moncloa comparecía en el Congreso, en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional, en su condición de secretario del Consejo de Seguridad Nacional, y tras una primera intervención en la que se centró en la materia que le había llevado hasta la Cámara baja y en la que no mencionó en absoluto el caso de presunto espionaje a líderes y dirigentes independentistas con los programas Pegasus y Candiru, tropezó de inmediato, desde la primera respuesta de los grupos (la CUP, y luego Junts, y luego ERC y luego Bildu), con la hostilidad, la demanda urgente de explicaciones y la petición de dimisiones.

"España es una democracia plena, por supuesto que lo es. Hay respeto a la ley. España es un Estado de derecho, una de las democracias más avanzadas del mundo", esgrimió López tras escuchar a los portavoces de los grupos, en su réplica. Con ello venía a recalcar, en la línea de lo que ha venido argumentando el Ejecutivo en esta última semana, que no se ha conculcado la ley, que toda interceptación de las comunicaciones, en caso de que se hubieran producido —no confirmó ni desmintió, lógicamente—, habría tenido amparo judicial.

Y ante las acusaciones de que el Gabinete de Sánchez "se esconde" o no actúa, López alegó que en absoluto es así. "Curiosa forma" de parapetarse, explicó, es que el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, acudiera este domingo a Barcelona para reunirse con la 'consellera' Laura Vilagrà. "Precisamente porque el Gobierno no tiene nada que ocultar, ha ido a reunirse con el Govern para dar explicaciones y emprender una serie de acciones", justificó. El director de Gabinete recordó que Bolaños planteó la apertura de un control interno en el CNI, complementar la investigación impulsada por el Defensor del Pueblo, la apelación a los grupos para que constituyan ya la comisión de secretos oficiales y la disposición a colaborar con la Justicia, desclasificando los documentos que le requiera.

"Se puede compartir o no, se puede creer que es insuficiente, pero el Gobierno no se ha escondido y ha tomado la iniciativa", incidió López, para defender que el Ejecutivo no se ha quedado cruzado de brazos. Es más, siente "empatía, preocupación" por quienes han denunciado haber sido espiados. Además, pidió a los diputados que no "den más pasos" que las informaciones periodísticas en cuanto a la atribución de las responsabilidades, y les urgió a constituir la comisión de secretos oficiales para recabar allí las "explicaciones oportunas". En fin, que la coalición actúa con "transparencia".

El "Watergate español"

El jefe de Gabinete de Sánchez tenía poca escapatoria. Todos los grupos catalanes —ERC, Junts y la CUP— lo destacaron, los propios socios de Gobierno de coalición, Unidas Podemos, y EH Bildu, cuyo diputado, Jon Iñarritu, que también habría sido espiado. El tema no ha parado de crecer desde que se conocieron las escuchas. Fue el parlamentario abertzale quien ofreció el resumen más visual del momento político: "Les viene un meteorito y no están siendo conscientes". 

Y justo por eso, porque sigue escalando, las explicaciones de López, las primeras que se han dado en el Congreso desde el Ejecutivo, resultaron insatisfactorias. Mireia Vehí (CUP) insistió en que el 'software Pegasus' sólo lo pueden comprar los gobiernos o sus agencias de inteligencia y la respuesta de López fue que eso es lo que dice la empresa israelí que lo vende y él no lo sabe. 

Míriam Nogueras, de Junts, exigió una comisión de investigación ante lo que calificó como el "Watergate español" y dijo que las propuestas que ha hecho el Gobierno para averiguar qué ha pasado son una "enésima tomadura de pelo". "Han escogido penetrar en nuestras vidas", defendió la portavoz de este grupo, una de las espiadas, "fulminando los derechos fundamentales". "Porque no me han espiado sólo a mí", se quejó, "sino que han vulnerado los derechos fundamentales de mis hijos, de mi pareja, de mis amigos, de mis compañeros". 

Nogueras insistió en que solo vale una comisión de investigación y la depuración de responsabilidades, o de lo contrario los socialistas serán "cómplices" del escándalo. "No hay tercera vía". De paso, la diputada puigdemontista aprovechó para criticar la mesa de diálogo y fustigar indirectamente a ERC: ese foro ha situado al Gobierno en una "posición muy cómoda", porque hacía ver, a "ojos de de todo el mundo", que el conflicto catalán "no existía", pero ahora se ha evidenciado que la mesa no es más que "una farsa" y que, en lo tocante a la relación con Cataluña, el PSOE "es lo mismo que el PP".

"Más diálogo"

López le respondió que el Ejecutivo de Sánchez "siempre va a apostar por el diálogo" y por no retornar a la situación de 2017 ni de 2019. La intervención de Nogueras estaba, pues, más "enfocada a dinamitar la mesa" que otra cosa, protestó. Y avisó: "Cuando parezca que no queda más espacio para el diálogo, más diálogo".

Ese mensaje también se dirigía a sus socios de ERC, también muy duros en sus palabras aunque no visualizaron una ruptura total con el presidente. La parlamentaria Montse Bassa aseguró que la respuesta de la Moncloa ha sido "insuficiente" y reiteró la petición de dimisiones y conocer el alcance de la investigación interna del CNI, cómo se hará, cuando se hará pública. También quién custodia los supuestos datos robados y qué van a hacer con ellos, porque la unidad de España "no puede estar por encima de la democracia".

Iñarritu apuntó a lo que nadie del Gobierno se ha atrevido a negar: "Si no pensaran que tiene algo que ver el CNI, no habrían abierto una investigación interna". Y preguntó si ha sido el propio Ejecutivo quien hizo la lista de espiados o los servicios secretos "han ido por libre". "¿Quién se cree que sea posible espiar desde la legalidad a decenas de cargos públicos?", se preguntó.

En su último turno, López no arrojó más luz, y es que ahí está una de las principales dificultades para el Ejecutivo: su imposibilidad de ofrecer más datos y concreciones, porque hacerlo supondría una violación de la ley que regula el CNI y de la ley de secretos oficiales. "Hay cosas que son discutibles y otras no. Y que el Gobierno da la cara no es discutible. Hemos planteado cuatro iniciativas en cuatro ámbitos diferentes: el Parlamento, la Justicia, el CNI y el Defensor del Pueblo. Puede parecer poco o mucho, pero el Gobierno tiene la mejor voluntad y está tomando la iniciativa. Está dando la cara".