El fiscal del Tribunal Supremo Fidel Cadena ha sido el encargado de defender la competencia del Tribunal Supremo español para reclamar a los huidos del 'procés', entre ellos, el expresidente Carles Puigdemont, a través de las euroórdenes. La vista, que se celebra en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), pretende responder a las cuestiones prejudiciales planteadas por el juez Pablo Llarena relativas a si el país requerido puede negar la entrega de un reclamado porque no lo hacía el juez competente, como alegó Bélgica en el caso del 'exconseller' Lluís Puig.
Cadena, que se desplazó a Luxemburgo con la exfiscal general del Estado Consuelo Madrigal, sostuvo la "competencia para conocer cada proceso penal corresponde a los jueces", porque"es ilógico que el país receptor controle las normas competenciales del país emisor". En el 'procés', dijo, se han pronunciado reiteradamente sobre este aspecto tanto el Supremo como el Constitucional, que niegan cualquier vulneración de derechos y refrenda la competencia del Supremo al resolver los recursos de amparo de todos los condenados en el 'procés'..
Y sus sentencias están "respaldadas por derecho explícito con normas que marcan la competencia", como la ley orgánica del poder judicial, la ley de enjuiciamiento criminal y el propio Estatut, cuyos artículos declaran la competencia del Supremo para investigar a los diputados del Parlament que cometen delitos fuera de Catalunya. Entre esos delitos, que por conexidad atraen al resto, citó la creación del censo de catalanes en el extranjero.
Problema sistémico
A su criterio se sumaron la abogada del Estado Andrea Gavela y Julio Baquero Cruz, en nombre de la Comisión Europea. La primera que sostuvo que con el dictamen belga la euroorden sería una "herramienta inoperante" y que si hubiera un problema sistémico en el sistema judicial español afectaría a todos los casos y no solo a unas personas.
El segundo apuntó que la propia decisión belga negó vulneraciones sistémicas de derechos en España y señaló que debía haberlas para negar una entrega, salvo ciertos casos, como la enfermedad del reclamado, argumento luego negado por una de las magistradas que forma la Sala, Lucia Serena Rossi, en las preguntas que pueden formular a las partes para dictar su sentencia.
En cuanto al informe del grupo de trabajo de las Naciones Unidas sobre detenciones arbitrarias, en el que se basó el juez belga para alegar la supuesta vulneración de derechos de Puig, Cadena sostuvo que ha quedado desmentido por los tribunal españoles y que la jurisprudencia europea exige que el riesgo de vulneración de derecho no sea "una mera especulación", sino que debe ser un riesgo "cierto" y "relevante". Las defensas, en cambio, lo defendieron con las veces en que ha participado una delegación española en sus trabajos y "reniega" de él, por no compartir sus conclusiones.
Acabar ya
El abogado de Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig, Gonzalo Boye, argumentó que sus defendidos eran la minoría catalana dentro del Estado español y como miembros de este grupo son víctimas de una persecución por convocar un referéndum que fue "brutalmente reprimido", pese a que ello no es delito ni en España y creía que en ningún "lugar en el mundo" para algo después añadir que "hay 3.000 catalanes represaliados".
Boye argumentó que el Supremo decide la competencia de forma "arbitraria" y recordó que no esperó a que el propio TJUE se pronunciara sobre la inmunidad del presidente de ERC Oriol Junqueras antes de dictar la sentencia del 'procés' que le condenó a 13 años de cárcel. Sostuvo que "el Supremo utiliza las euroórdenes con fines políticos" y por eso las retira o reitera. Recordó la comparecencia en Bélgica de Puigdemont y sus arrestos en Alemania y Cerdeña, así como que nunca ha podido desplazarse al territorio por el que fue elegido europarlamentario, Cataluña, porque el Supremo no respeta la inmunidad que le confiere ese escaño. "Esto tiene que acabar ya", sentenció.
En su intervención tuvo muy presente, con referencia expresa a si los miembros de la Corte, que el magistrado del Tribunal Constitucional Enrique Arnaldo no se ha apartado de las sentencias que han negado vulneraciones de derechos, pese a haber reclamado, antes de su incorporación al TC el encarcelamiento de Puigdemont.
Efecto desaliento
Isabel Elbal, en nombre de Ponsatí, argumentó que los hechos por los que es reclamada no tienen encaje legal, porque introduciría un marco de arbitrariedad y efecto desaliento en las libertades de reunión y manifestación en la Unión Europea, que esta no se puede permitir.
Por su parte, Andreu van den Eynden, en nombre de la secretaria general de ERC, Marta Rovira, huida a Suiza, sostuvo que "es imposible saber cuál es el criterio", porque hay personas que por los mismos hechos que se imputan a Puig fueron investigados en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, como Josep Maria Jové.
El propio Supremo acaba de remitir allí la causa contra Meritxell Serret, cuya imputación probablemente sería similar a la de Puig, al estar solo acusada de desobediencia. En su informe también tuvo muy presente la sentencia del Constitucional sobre Junqueras y destacó los votos particulares de tres de los nueve magistrados que participaron en las deliberaciones, partidarios de revocar su condena. La abogada del Estado, cuando tomó la palabra, que ninguno de ellos obedecía a la falta de competencia del Supremo para juzgar el 'procés'.
Benet Salellas, en representación de Anna Gabriel, huida a Ginebra, destacó que, aunque ya no es diputada de la Cup, el Supremo se niega a declinar la competencia a los juzgados catalanes, porque no se pone a disposición de la justicia española, como hizo Serret. "Hablamos de proteger derechos fundamentales, no de desprotegerlos", recordó citando jurisprudencia en la que se dice que no hacerlo te hace cómplice de la vulneración.
España frente a Bélgica
Una vez que acabaron los abogados, llegó el turno de las alegaciones de España y Bélgica. La abogada del Estado Andrea Gavela restó importancia a las conclusiones del grupo de trabajo y consideró que aceptar el criterio belga para denegar una euroorden, porque haría "inoperante esta herramienta", en la que no debe tener tanta importancia el derecho interno del país requerido, porque la directiva deja claro las condiciones por las que se rige.
Por su parte, la representante belga se centró en la separación de poderes y recordó que ya ha habido varios sentencias por negación de euroórdenes por riesgo de vulneración sistemática de derechos fundamentales. El ponente de la sentencia que se dictará, Lars Bay Larsen, dirigió sus preguntas a Bélgica, cuya delegación dejó la puerta abierta a cambiar de criterio en función de lo que denominó un cambio en la jurisprudencia.
Oídas todas las partes intervino, en nombre de la Comisión Europea, Julio Baquero Cruz, que quiso centrar el debate. "Lo que se determina aquí es ver si hace falta un problema sistémico para el rechazo o basta un problema puntual", explicó para admitir que no solo se rechazaban aquellas en que se producían las primeras, sino también en casos de enfermedad grave del reclamado, porque en España no existe ningún problema sistémico en España y Bélgica lo decía en su decisión.
