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Diario de Ibiza

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Entrevista

Pilar Llop: "Con el nuevo escenario que se abre en el PP confío en que el CGPJ se pueda renovar pronto"

La ministra de Justicia sostiene que "la ciudadanía tienen que saber que el Poder Judicial no es de los jueces, sino suyo. Y no puede cederlo"

La ministra de Justicia, Pilar Llop.

Tiene un currículum que llena dos folios pero ella se define como una servidora pública allá donde le toque estar. De hecho, la trayectoria profesional de esta magistrada ahora metida en política ha discurrido por destinos tan variopintos como juzgados de pueblo, la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, la Asamblea de Madrid o el Senado, del que dejó su presidencia el pasado año para ocuparse de la cartera de Justicia. Acérrima defensora de la especialización en materias como la violencia de género, Pilar Llop (Madrid, 1973), sostiene que esta lacra no se erradicará hasta que no se acabe con el desequilibrio de las mujeres respecto de los hombres tanto en el ámbito público como en el privado. En política judicial propugna la idea-fuerza de que el Poder Judicial no es de los jueces sino de la ciudadanía, "que no puede cederlo", y confía en que con los cambios que se avecinan en el PP se esté más cerca de la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para acabar con un bloqueo "que está haciendo mucho daño a nuestro prestigio institucional", sentencia. Sobre el carpetazo de la Fiscalía a la investigación del rey emérito, el "respeto más absoluto". Y acerca de su posible regreso a España, "sin comentarios".

Usted es magistrada y ahora está dedicada a la política. ¿Desde cuál de estos dos ámbitos se da mejor respuesta a las necesidades de los ciudadanos?

Ambos son campos desde los que se pueden resolver los problemas de los ciudadanos y transformar la sociedad, porque no solo es elaborar legislación sino también interpretarla, como hacen juzgados y tribunales. En el ámbito judicial se ve más próximo, porque es el caso que tienes entre las manos, pero la responsabilidad también es enorme cuando hay que gestionar con presupuestos. 

¿Cree que nuestros representantes públicos tienden a dejar en manos de los jueces temas que no pueden o no quieren resolver? Le hablo de asuntos políticos que acaban judicializados, como el caso de los hermanos Díaz Ayuso, donde da la impresión de que la Justicia tiene la última palabra sin reparar en otras aristas.

Es importante tener claro que la política criminal de un país la tiene que elaborar el Gobierno. No se puede hacer desde los espacios de la judicialización ni tampoco es el objeto del Consejo General de Poder Judicial (GCPJ). En cuando al caso concreto al que se refiere, lamento mucho que se haya producido esta situación tan indeseable en el marco de un partido que necesitamos que vuelva a la centralidad y a ese lugar de oposición constructiva desde el que contribuir en el peor momento de crisis en muchas décadas. Le pido por favor el PP que vuelva a ese sentido de Estado, a esas altas miras y que, entre otras iniciativas, desbloquee las instituciones. Algo que está haciendo mucho daño a nuestro prestigio institucional.

No me ha respondido a si tiene la sensación de que demasiados problemas políticos se confía su solución a la Justicia.

Los jueces no tienen que hacer política, solo aplicar la ley. Quien sí hace política judicial es el CGPJ. Y por eso estamos viendo cómo ese órgano, cuya independencia y modelo siempre he defendido, hace informes que nada tienen que ver con la política del Gobierno, como ha pasado con la Ley de Vivienda. Eso significa que actúa con sus propios criterios. 

"La política criminal de un país la tiene que elaborar el Gobierno, no el Consejo General del Poder Judicial"

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Con sus propios criterios y caducado desde hace más de tres años. ¿Tal vez es un órgano que no hace falta?

No, es un órgano imprescindible y necesario porque garantiza la independencia judicial. Pero es lamentable que lleve tres años en funciones con sus competencias mermadas, lo que impide nombrar magistrados del Supremo generando un gran perjuicio a ese tribunal, a la imagen de la Justicia y a la vida cotidiana de la ciudadanía. Las leyes se tienen que aplicar de acuerdo con la realidad social y lo que ocurre es que tenemos un CGPJ nombrado en 2013 alejado de un Parlamento elegido en 2019. La Justicia tiene que tener un cordón umbilical con la sociedad y no interpretar las normas sin sintonía con el sentir ciudadano.

Con independencia de la situación del CGPJ, ¿cree que ese cordón umbilical del ciudadano con la Justicia existe?

Estoy convencida de que sí y lo hemos visto en resoluciones del Supremo como la sentencia de la manada, donde se recogió el sentir ciudadano y se interpretaron los delitos contra al libertad sexual como en una primera y una segunda instancia la Justicia no lo había hecho. Mujeres y hombres salimos a la calle reclamando esa interpretación y el Supremo dio una respuesta adecuada restañando ese daño, esa ruptura que se había producido entre lo que hasta ese momento había dicho la Justicia y lo que la sociedad sentía que debía decir. Lo que quiero decir es que el Poder Judicial no es el poder de los jueces sino el de los ciudadanos. Y eso no hay que olvidarlo.

¿Realmente cree que se percibe así?

La ciudadanía tiene que saber que el Poder Judicial es suyo y reclamar que responda a esa composición parlamentaria, que es quien nos representa. No podemos cederlo. Hay que exigir que las leyes se apliquen conforme siente esa mayoría. Pero esta situación de bloqueo del Consejo, provocada por quien tiene la llave de la mayoría de los tres quintos, ha dado una imagen de falta de independencia que no es real.

"Los jueces no tienen que hacer política, lo que tienen que hacer es aplicar la ley"

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¿Se atreve a aventurar una fecha para su renovación?

Confío en que con este nuevo escenario que se abre en el liderazgo del PP se pueda renovar pronto porque es algo muy importante. No puedo perder esa esperanza ni voy a cejar en mi empeño de abrir espacios de diálogo para llegar a todos los acuerdos que sean necesarios para lograrlo. 

Partiendo, como ha dicho, de la importancia de que la sociedad sienta y entienda la Justicia como suya ¿cómo se le explica que el Constitucional anulara el confinamiento tras un periodo tan duro en la que fue mayoritariamente obediente?

Fue una sentencia muy controvertida de seis magistrados frente a cinco con una baja que impidió el voto de calidad del presidente, que era favorable al estado de alarma. Porque el tribunal en ningún momento dijo que no valiera el confinamiento, lo que dijo es que para acordarlo el vehículo adecuado era el estado de excepción y no el de alarma. Tendríamos que trasladarnos a aquellos días en los que había picos de muertes de casi mil personas por un virus con un comportamiento completamente desconocido y con una ley vigente que dice que para supuestos de epidemias y pandemias el cauce adecuado es el estado de alarma. 

Pero es una resolución que provocó desconcierto.

Por eso expliqué que lo que el Gobierno hizo en aquellos momentos con esa medida fue salvar vidas que los estudios internacionales han llegado a cuantificar en 450.000. Imagínese si no se hubiera acordado.

"El Gobierno salvó 450.000 vidas con el confinamiento aunque el Constitucional haya dicho que el estado de alarma no era el marco para decretarlo"

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Usted que conoce la instrucción judicial desde dentro, ¿en qué cree que cambiaría si la llevara el fiscal en vez del juez?

Es una idea en la que ya han trabajado mis predecesores y de la que yo ahora he recogido el testigo y quiero impulsar. Y lo estoy haciendo a través de un grupo de trabajo en el que están representados todos los operadores jurídicos a los que afecta el procedimiento penal. El objeto es hacerlo más eficiente en un momento en que nuestra democracia está consolidada, en que tenemos un Estado de Derecho sólido. Piense que nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal es muy antigua y aún quedan reminiscencias de temor a lo que había pasado durante la dictadura. Por eso era muy importante tener una Fiscalía instructora que investigara pero también un juez instructor, no solo de garantías, que dirigiera la investigación. Pero ahora estamos en otro momento. La Fiscalía está preparara porque, a pesar el nombramiento constitucional por el Gobierno, trabaja con autonomía, es democrática, madura y está preparada para asumir la instrucción.

¿Para cuándo estamos hablando de su puesta en marcha?

Yo espero que se pueda aprobar en los dos años que quedan de esta legislatura.

"La Fiscalía está preparada para asumir la instrucción"

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¿Ponerle plazos a las instrucciones juega a favor de los investigados?

Siempre he sido crítica al respecto, incluso antes de ser ministra, porque me parece que seis meses de instrucción, conociendo como es nuestro sistema procesal, es poco y efectivamente puede favorecer que se nos escapen los delitos más graves, que son los que requieren más tiempo de investigación. Pero eso se modificó y ahora los plazos son más amplios.

Pero hay quien reclama la derogación completa.

Es verdad, pero ahora no estamos trabajando en esa línea. Vamos a ver cómo responde la nueva normativa en materia de eficiencia procesal y también el nuevo modelo de la Fiscalía instructora, que va a cambiar por completo el modelo actual.

"¿El nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado? Es legal. El legislador tendrá que decidir si hay que modificarlo"

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¿Ve alguna incompatibilidad en que una exministra sea fiscal general del Estado?

Se está refiriendo al caso de la actual fiscal general del Estado cuyo nombramiento ha sido recurrido ante el Supremo, que no lo ha admitido a trámite.

¿Y desde el punto de vista ético?

Tenemos una legislación que no lo prohíbe. Será el legislador el que tenga que decidir si habría que modificarlo. 

¿Y la ética?, le decía.

Desde del punto de vista legal se cumplió con el trámite reglamentario.

Los delitos sexuales van en aumento. ¿En qué medida ha cambiado su percepción tras la sentencia de la manada?

Se ha producido un incremento muy importante de la visualización, por lo que habría que estudiar si efectivamente se cometen más delitos o si el número es similar pero lo que ocurre es que las mujeres se están atreviendo a denunciar más al ver que hay complicidad por parte de la sociedad. Que cuando se hace daño a una mujer y no hay una respuesta institucional adecuada, la ciudadanía sale a la calle y lo denuncia, que cuentan con el apoyo de las organizaciones feministas y saben que no están solas. Todo esto es muy importante para atreverse a denunciar y enfrentarse al sistema judicial. Eso además de que las instituciones nos vamos especializando en la investigación y en evitar la impunidad de estos delitos.

¿Cree que en esta materia el legislador está respondiendo a lo que la ciudadanía reclama?

Se ha cambiado muchísimo. Recuerdo aquellas sentencias de la minifalda en las que se culpabilizaba a la víctima. Y se está trabajando también en algo muy importante, que es eliminar los estereotipos y los perjuicios machistas. Por ejemplo, cuando se le toma declaración a una mujer había el prejuicio de que tenía que hacerlo llorando. Pues ni tiene que llorar ni tiene que estar destrozada porque cada persona reacciona de una manera. O la existencia de heridas o lesiones. No, porque sabemos que hay otros supuestos, incluso de sumisión química, en los que estamos trabajando ahora porque hay un aumento de este tipo de agresiones. Todo esto se está combatiendo desde dentro del propio sistema judicial y desde fuera. Y también la interpretación y el tratamiento que se da a las víctimas, lo que es esencial para su protección. Porque si se les trata bien declararán más seguras. 

"Para acabar con la violencia de género hay que ir la raíz del problema: el desequilibrio entre hombres y mujeres"

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Y cuando la víctima es menor. ¿Deberían ampliarse más los plazos de prescripción en los casos de pederastia? 

La prescripción es uno de los elementos de la seguridad jurídica de un sistema penal. En el nuestro se ampliaron para los delitos contra la libertad sexual de menores de modo que empezaran a contar desde que la víctima es mayor de edad. Porque es verdad que muchas veces se percatan de que han sido objeto de abusos cuando ya son mayores o no se atreven a contarlo hasta que sus padres faltan. Visualizarlo es muy importante pero si el delito ha prescrito no se puede hacer nada. De ahí el valor de que haya personas que digan "esto ha sucedido” y obtenga una respuesta por parte de las instituciones.

¿Cómo el encargo al Defensor del Pueblo para que investigue los casos de pederastia en el seno de la Iglesia?

Sí, esa encomienda es muy importante porque tenemos la obligación de reparar ese daño aunque sea de una manera ética o moral. Y porque necesitamos saber qué es lo que ha ocurrido. Y el que la propia Iglesia, desde dentro, vaya a colaborar haciendo su propia investigación, a mí me parece bien. Creo que es un ejercicio de madurez democrática llegar a la verdad, que se sepa lo que ha pasado y que dé una respuesta a las víctimas, que es lo que están esperando.

Hace unos días el ya exlíder de la oposición aprovechó un tuit en el que daba el pésame a la familia de una chica que había sido asesinada para hacer un pronunciamiento a favor de la prisión permanente revisable. ¿Piensa que en más ocasiones de la deseables se legisla en materia penal a golpe de telediario?

Respecto a la prisión permanente revisable el Tribunal Constitucional ya ha hablado y ha zanjado la cuestión diciendo que encaja en nuestro sistema jurídico, luego el Gobierno no puede hacer otra cosa que respetarlo como también hay que respetar el sentir y el dolor de la ciudadanía en una cuestión tan sensible como esta. Es verdad que en ocasiones se producen casos horribles pero yo soy una convencida de que debemos gobernar a la emoción y no con la emoción porque debemos ser objetivos y respetar los principios jurídicos del Estado de Derecho y las sentencias del Constitucional aunque algunas, como la del estado de alarma, no nos guste.

Usted es especialista en violencia de género. ¿Dónde cree que está la clave para acabar con esta lacra?

La violencia de género es algo que en España hemos tratado de una forma muy acertada con todo lo que se ha legislado desde el año 2004. Somos pioneros. Pero la raíz del problema está en la desigualdad, y para acabar con ella es imprescindible deconstruir ese modelo de desequilibrio de las mujeres respecto de los hombres que se ha construido. Y reclamar el posicionamiento de la mujer tanto en lo público como en lo privado en la proporción que, como mitad de la población que somos, nos corresponde. Si no tenemos igualdad salarial ni transparencia en el ámbito laboral, si sigue habiendo acoso sexual, que afecta mayormente a las mujeres, si las mujeres tenemos que seguir dedicándonos a los cuidados de la familia cuando los hombres son tan capaces como nosotras, si no tenemos políticas públicas que sean corresponsables y que permitan a las mujeres emanciparse... no vamos a lograr una sociedad igualitaria y democrática y seguirá habiendo violencia de género. En eso está trabajando el Gobierno.

Hablemos de los medios judiciales para combatir esa epidemia. La provincia de Alicante no dispone de un juzgado de Violencia de Género en exclusiva porque de los dos que se pidieron el año pasado, el Gobierno solo concedió uno. 

Soy una firme defensora de la especialización en materia de violencia de género. En España hay 450 juzgados para instruir estos casos pero solo 24 para juzgar aquellos en los que se pidan menos de cinco años de prisión (los de peticiones superiores se juzgan en la Audiencia, donde hay una sección especializada). Son pocos. En la provincia de Alicante se creo uno, pero la decisión sobre la especialización corresponde al CGPJ.

La explicación que dio el CGPJ para no especializarlo fue que al aprobarse solo un juzgado de lo Penal, en vez de los dos que se reclamaron, si se dedicaba en exclusiva a juzgar los asuntos de violencia de género de toda la provincia se habría acabado colapsando.  

Lo que ocurre es que de esos 24 juzgados de lo Penal que le decía los hay exclusivos en materia de violencia de género pero también otros que se comparten con otras materias. Yo no me voy a meter en lo que es competencia del CGPJ pero lo que sí creo es que se debe hacer un estudio pormenorizado porque es una disciplina muy compleja que requiere una especialización de todo el personal para entender cómo reacciona la víctima, combatir los estereotipos, los prejuicios, saber que las mujeres no denuncian falsamente...eso significa que es necesaria esa especialización y que haya juzgados de lo Penal en todos los lugares donde sea posible. 

Para el año que viene la Conselleria de Justicia ha solicitado cinco para la provincia, uno de ellos el denegado en 2021. ¿Eso significa que el ministerio atenderá la petición?

Sé que la consellera Bravo es una mujer feminista y también muy convencida de la especialización. Y que está haciendo un gran trabajo junto con la presidenta del Tribunal Superior en el ámbito de la comarcalización de los juzgados de violencia de género para optimizar los recursos.

Pero eso son departamentos para instruir, no para enjuiciar, que es donde está el déficit.

Estoy convencida de que se harán todos los esfuerzos y se convencerá de que la violencia de género no puede ser medida solo por números porque la carga de trabajo es diferente. No son delitos que puedan valorarse con automatismo porque hay que tener en cuenta el tiempo que hay que dedicar a las víctimas para que declaren con tranquilidad, al análisis detallado de lo que está ocurriendo, a las exploraciones de los menores...

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