El Gobierno lleva al límite los plazos para aprobar el decreto ley sobre el uso de mascarillas en exteriores, y pospone su convalidación a la primera semana de febrero, la misma en que se someterá a votación la reforma laboral de Yolanda Díaz. A falta de que la Mesa ordene los próximos Plenos, la propuesta de Moncloa y del PSOE pasa por pedir un Pleno Extraordinario el 31 de enero o 1 de febrero, último día para convalidar la norma que obliga a llevar mascarillas en espacios abiertos. El Ejecutivo concentra así en una misma semana la aprobación de dos medidas clave que están aún en el aire a falta de cerrar los apoyos y ante una complicada negociación.
En un primer momento, estaba previsto que el decreto sobre las mascarillas fuera al Congreso la próxima semana, cuando también se celebrará un Pleno Extraordinario al que el Gobierno llevará tres decretos que a priori no encontrarán demasiados obstáculos para salir adelante. Así, prevé convalidarse el real decreto para ampliar las ayudas a la Palma, el real decreto que modifica el régimen fiscal y económico de Canarias y el decreto de medidas en el ámbito energético, entre las que se encuentra la prórroga de las ayudas fiscales ya adoptadas durante este último trimestre del año para aliviar la factura de la luz.
Pese a la previsión inicial, este mismo lunes se decidió posponer el decreto sobre mascarillas a la primera semana de febrero para concentrar en esos días las negociaciones más difíciles, que se producirán in extremis. Así, la negociación de la reforma laboral para lograr la mayoría se presenta como todo un reto, ante la negativa de los socios habituales del Gobierno, con el rechazo frontal de ERC y EH Bildu, y las reticencias del PNV; todos ellos quieren incluir modificaciones en la nueva legislación laboral, que a su vez fue fruto de un difícil acuerdo a tres bandas entre Gobierno, patronal y sindicatos. Cualquier cambio en el texto podría llevar a que los actores concernientes se descuelguen del pacto.
El debate estos días es si tramitar el decreto como proyecto de ley, una opción que dará pie a la introducción de enmiendas y a la que se oponen los socialistas; la otra opción que se contempla es dejar el decreto tal como está y establecer una suerte de reforma en dos tandas, con el compromiso de abrir más adelante una 'segunda negociación' donde se incluyan algunos de los aspectos que no se han podido incluir en esta reforma.
El decreto de las mascarillas en exteriores tampoco despierta grandes simpatías entre los socios de Gobierno, y ya recibió un aluvión de reproches cuando fue aprobada, al filo de las fiestas navideñas. Este real decreto contiene tres medidas diferenciadas; el contenido principal de la norma obliga a las personas mayores de 6 años a usar cubrebocas en todos los espacios en el exterior, a excepción de quienes practican deporte individual o pasean por espacios naturales, como el campo o la playa, siempre y cuando se mantenga una distancia de 1,5 metros con otras personas que no sean convivientes.
Esta medida, señaló en su momento Darias, estará en vigor "durante el tiempo imprescindible hasta que mejore la situación epidemiológica". Podría darse la circunstancia, llegado el caso, de que el Gobierno convalide el decreto febrero en paralelo a la relajación de esta medida. Esta nueva obligación levantó duras críticas entre los socios habituales del Gobierno, que no han asegurado a día de hoy el apoyo a la convalidación de esta norma.
Pero además del apartado relativo a las mascarillas, el texto también contempla otras dos vertientes: una de ellas es que habilita a los centros sanitarios públicos y privados a contratar a sanitarios jubilados como refuerzo manteniendo las prestaciones de jubilación y a médicos con títulos obtenidos en Estados no miembros de la Unión Europea.
La segunda medida adicional de este decreto está en la disposición final primera, donde se incluyó una medida relativa al ministerio de Seguridad Social, por la que se dará un 'extra' en un único pago antes del 1 de abril a quienes con la diferencia del IPC entre 2020 y 2021 a quienes perciban pensiones no contributivas, pensiones mínimas o de viudadad, entre otras. Esta norma responde a la ley, aprobada en Las Cortes el pasado 22 de diciembre, para revalorizar las pensiones conforme al IPC, a la que sólo se opusieron PP, Cs y Vox. Un detalle que podría llevar a los socios del Gobierno a replantearse su postura sobre este decreto, para evitar que decaiga el pago a los pensionistas.
