La recusación con la que el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont trata de apartar al juez Pablo Llarena del procedimiento que permanece abierto en el Tribunal Supremo, a la espera de que esté a disposición de la justicia española, no se resolverá previsiblemente antes de la semana del 10 de enero, porque la última palabra al respecto la tendrá el pleno de la Sala Segunda.
Fuentes del alto tribunal señalaron a este diario que se había decidido dar trámite a la recusación, a la que también se sumaron los también huidos Clara Ponsatí y Toni Comín, aunque podía haber sido rechazada de plano, como hizo el Tribunal Constitucional con una iniciativa similar contra los magistrados Concepción Espejel y Enrique Arnaldo.
El Supremo solicitó por ello a la Fiscalía y a Vox, como acusaciones, pública y popular, pero también a los huidos personados en el procedimiento, como la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y el 'exconseller' Lluís Puig, que se pronuncien sobre el incidente. El ministerio público ya lo hizo en contra de la recusación.
Hasta la Generalitat
Las partes disponían de cinco días desde que fueron notificados para oponerse o sumarse a la iniciativa de Puigdemont, plazo tras el que le llegará el turno a Llarena, que todo apunta a que rechazará apartarse, porque de otro modo se habría abstenido y no hubiera sido necesario dar trámite al incidente.
Además, las fuentes consultadas destacan que la trayectoria profesional del magistrado instructor de la causa del 'procés' ha sido reconocida por multitud de instituciones y entidades, incluida la propia Generalitat.
De ahí que no parezca que la recusación, en esta ocasión presentada por haber recogido un premio de la Fundación Villacisneros, que se declara defensora de "la unidad de España y del orgullo de ser español", tenga muchos visos de prosperar.
La recusación fue ampliada el pasado día 17 en un escrito, al que ha tenido acceso este diario, en el que destaca que "sentado en primera fila" el día en el que se entregó el premio se encontraba Javier Ortega-Smith, secretario general de Vox, que ejerce la acusación popular en el procedimiento.
En cualquier caso la última palabra la tendrá la Sala Segunda del alto tribunal, que será prácticamente imposible que se reúna antes del próximo 10 de enero, ya que durante el periodo navideño los magistrados disponen de días libres y lograr la asistencia de todos ellos será muy difícil de lograr antes.
Recusa a los jueces del 'procés'
Además, el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, ha presentado un escrito ante la Sala del 61 del Supremo para apartar al presidente de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena, y de los magistrados que juzgaron el 'procés' de la resolución de la recusación de Llarena. Considera que todos ellos están contaminados para decidir sobre si su compañero de tribunal debe seguir o no al frente de la instrucción contra Puigdemont.
La del 61 es una Sala especial que entiende de los incidentes de recusación contra los presidentes de Sala o de más de dos magistrados de una Sala. El abogado de Puigdemont considera que ni Marchena ni sus compañeros Andrés Martínez Arrieta, Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral y Ana Ferrer pueden resolver la recusación de Llarena.
Para argumentar su postura, el letrado alude a la imparcialidad judicial en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) al interpretar el derecho al juez imparcial.
Entiende que no se puede decir que ninguno de ellos cuente "con la necesaria apariencia de imparcialidad que exige la jurisprudencia del TEDH para tomar parte en el presente incidente de recusación" de su compañero Llarena.
Estrategia de "demonización"
Alude el letrado en su escrito a varios puntos del artículo 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) como es el que señala como motivo de abstención el "haber participado en la instrucción de la causa penal o haber resuelto el pleito o causa en anterior instancia".
Concretamente señala el "prejuicio" expresado por estos magistrados en la sentencia del 'procés', según la cual la recusación de Marchena por parte de los ahora recusantes "constituiría, no el legítimo ejercicio del derecho de defensa, sino una 'estrategia de demonización' o de 'laminación'".
Cuando se presenta una recusación el procedimiento en el que se intenta apartar a un magistrado queda paralizado, motivo por el que hasta que no se resuelva, Llarena no podrá pronunciarse sobre el escrito con el que el propio Puigdemont trató de que el Supremo se pronunciara sobre el estado de la causa tras el último auto de la justicia europea.
