.La Justicia ha sonreído esta semana al PP de la Comunitat Valenciana Un respiro en forma de archivo de una parte de las causas de corrupción más sonadas (aunque no la más relevante en términos penales) que los populares tenían pendientes de resolver y que ha generado un gran deterioro a la organización. Se trata de la conocida como pieza del pitufeo, que investigó a medio centenar de excargos del PP de la etapa de Gobierno de Rita Barberá en el Ayuntamiento de València por un presunto delito de blanqueo de pequeñas cantidades de dinero. Una causa que propició seis años de sangre, sudor y lágrimas para los populares, empujados a renegar de la que estuvo considerada como el gran icono del partido, la ‘alcaldesa de España’, Rita Barberá, con el drama añadido de que la dirigente (entonces senadora) falleció en un hotel de Madrid dos días de haber declarado en el Tribunal Supremo.

La decisión de la Audiencia Provincial de València supone un alivio para el PP, sobre todo en la ciudad de València, donde la secretaria general del PPCV, Maria José Catalá, aspirante a alcaldesa, tenía que lidiar con los nubarrones asociados al partido en el cap i casal. Aunque la causa general de Taula sigue activa y la Audiencia juzgará a representantes del PP de València por las elecciones de 2007 y 2011, el carpetazo al pitufeo permite al partido sacar pecho y, sobre todo, armar un nuevo relato sobre su etapa negra en el poder. Una estrategia basada en el contraataque a la izquierda y, en buena medida, en cierto negacionismo de esos años corruptos. Los populares hace tiempo que dejaron atrás las llamadas líneas rojas contra la corrupción del expresidente Alberto Fabra (consistentes en apartar a toda aquella persona señalada en un proceso judicial) pero en su nueva etapa con Carlos Mazón al frente aspiran a dar la vuelta al relato.

Pero los relatos, como tales, pueden desfigurar la realidad o tratar de maquillarla. La historia reciente y documentada de los procesos judiciales vinculados a los asuntos turbios del PP deja una retahíla de sentencias condenatorias que dan poco margen al regocijo. Según el recuento efectuado por este diario y que recoge sólo los casos más sonados vinculados a la gestión popular, a lo largo de la última década los tribunales han dictado una docena de sentencias con un total de 135 condenas a políticos, empresarios y personal funcionario.

La hemeroteca es un auténtico lodazal que salpicó a todas las instituciones en la época de las mayorías absolutas del PP (Generalitat, Corts, Ayuntamiento de València y diputaciones) y que dibuja un panorama de corrupción generalizada. Fallos que han condenado a prisión a responsables políticos de primer nivel, como es el caso del expresidente de la Generalitat, José Luis Olivas, condenado por falsear facturas en su etapa al frente de Bancaja; de quien fue consellera y presidenta de las Corts, Milagrosa Martínez por la contratación irregular con la trama Gürtel en las ferias de Fitur o del jefe de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra, factótum del PP de esa provincia por delito fiscal.

Sentencias contundentes

La lista de condenas (algunas por conformidad) incluye al secretario general del PPCV, Ricardo Costa, por financiación irregular del partido, así como a vicepresidentes y consellers de la etapa de Gobierno del expresidente de la Generalitat, Francisco Camps. Los tribunales han juzgado y considerado probado que miembros del Consell, como Rafael Blasco, siete veces conseller y síndic en las Corts saqueó fondos públicos destinados a ayuda al Tercer Mundo. También han determinado que otros cargos (entre ellos el exdirector de RTVV, Pedro García) aprovecharon la visita a València del Papa Benedicto XVI para beneficiarse. El dedo acusador apuntó incluso al expresidente de las Corts, Juan Cotino, quien falleció antes de que se dictara sentencia.

La impunidad con la que se dilapidó el dinero público quedó patente en casos como el Emarsa, con 24 condenados y 23 millones esquilmados o en Terra Mítica, un caso que se remonta al primer gobierno del PP, con Eduardo Zaplana al frente, y que se saldó con 20 condenados, 18 empresarios y dos exdirectivos del parque temático.

La letra pequeña de las sentencias, así como el relieve de los cargos condenados (algunos en varias piezas) dinamitan la idea de unas cuantas manzanas podridas. Salvar la cesta es casi imposible con sentencias como la de la financiación irregular del PP en las elecciones de 2007 y 2008, con sus 18 condenados: cinco cabecillas de la trama Gürtel, cuatro miembros de la cúpula directiva del PPCV (entre ellos Costa) y nueve empresarios que admitieron los hechos.

El PPCV "sobornó en diferido" a nueve empresarios valencianos "por pura ambición de permanecer en el poder", recoge la sentencia dictada por magistrado José María Vázquez Honrubia, firme y ratificada por el Supremo donde habla de la "doble contabilidad A de Alicante y B de Barcelona". "El PPCV financió sus campañas electorales en los años contemplados de manera tan absolutamente irregular que fue delictiva", añade el magistrado.

Con todo, y ,a diferencia de la sentencia de la trama Gürtel en Madrid, en la que la Audiencia Nacional condenó al Partido Popular como beneficiario a título lucrativo de la caja B, el PPCV no fue señalado. La explicación es que ni la Fiscalía Anticorrupción ni la acusación popular denunciaron a la organización por lo que la sentencia ni lo nombra. En todo caso, el PP no podía ser condenado penalmente, porque esta posibilidad sólo es factible desde 2010, cuando se reformó el Código Penal para permitir, entre otras novedades, la condena penal a personas jurídicas. Una reforma que no puede aplicarse con carácter retroactivo.

El PPCV estrenó esta novedad legislativa al quedar imputado en la pieza del pitufeo del caso Taula, pero esta semana, junto a los 50 excargos, el partido ha quedado exonerado. Es un detalle nada menor que explica también la alegría de los populares. Y es que el capítulo de procesos que han acabado en archivo o absolución también es abultado, aunque no alcanza la suma de doscientas personas que reza el recuento oficial del PP al menos si se ciñe a los casos de mayor enjundia y con más impacto en la agenda política y mediática.

Así, los 16 casos contabilizados por este diario arrojan un balance de 169 imputaciones neutralizadas por los tribunales después de un proceso más o menos largo de instrucción con o sin juicio final. La primera gran absolución fue la de Francisco Camps por la causa de los trajes, la primera también de Gürtel y de una larga lista de imputaciones al ex jefe del Consell que han ido derrumbándose como piezas de dominó. El exjefe del Consell, solo tiene pendiente la causa de los contratos menores de Gürtel, a un paso de la salvación total después de un vía crucis que dio al traste con su carrera política.

Con todo, a peso, son las piezas del pitufeo y una de las más antiguas que afectó al PP de Alicante (Brugal) las que más han contribuido a abultar la bolsa de desimputados.

Las dos piezas de Brugal (residuos y Plan General de Ordenación Urbana de Alicante) han sacado de la lista negra a 39 personas, entre ellas, a la exalcaldesa de Alicante, Sonia Castedo. Otros casos, con menos imputados, pero de gran calado, como Noos (que investigó los pagos a la institución que presidía el yerno del Rey emérito) también acabaron en absoluciones, entre ellas, la de Alfonso Grau, mano derecha de Rita Barberá y que sí fue condenado por cohecho y blanqueo de capitales en otro procedimiento. Grau aún tiene pendiente varias causas, entre ellas de la Taula. Y es que la maraña judicial es tal que un mismo caso acaba en condena para unos y absolución para otros. Como Grau, hay cargos salpicados en varios casos y escándalos que han dado lugar a causas distintas con diferente final. Es el caso de la investigación a la Fundación V Encuentro de las Familias que organizó la visita del Papa con diez imputados, entre ellos, Camps, que acabó archivada. En el caso Cooperación se salvaron cuatro personas, en la pieza de Gürtel sobre financiación irregular, dos, entre ellas el exvicepresidente del Consell, Vicente Rambla. Hace dos días, la Justicia absolvió a los acusados por malversación y prevaricación en el IVAM, entre ellos, Consuelo Císcar, que formó con su marido Rafael Blasco un tándem clave en la etapa popular. La exdirectora del IVAM, con todo, arrastra una condena anterior por destinar fondos del museo a promocionar la carrera artística de su hijo.

Causas pendientes

La tregua judicial que ansía el PP valenciano tardará en llegar. En la actualidad quedan pendientes de resolver al menos siete causas de corrupción con un total de 187 imputaciones. Casos del calibre de Taula, con 107 investigados, y que aún pone el foco en personas del núcleo duro de Rita Barberá o que atesoraron poder en el PP, como el expresidente de la Diputación de València y poderoso barón provincial, Alfonso Rus.

Además, queda recorrido en el caso Erial, que en mayo de 2018 dinamitó de forma definitiva el universo simbólico de éxitos del PP y puso en la picota a otro expresidente, Eduardo Zaplana. Pendiente de juicio está también el que fue su mano derecha, el exvicepresidente del Consell y ex presidente de la diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, por la última pieza de Brugal. Y está al caer la sentencia de la pieza de los contratos informáticos del caso Blasco y Avialsa,con 27 implicados entre ellos el exconseller Serafín Castellano. Una mochila de casos que, como un día dijo Camps, vaticina un «ratito largo» para el PP en los tribunales.