Unidas Podemos se ha dirigido al Consejo de Europa, concretamente a la Comisión de Venecia de la Dirección General de Derechos Humanos y Estado de Derecho (DG-I), para informar a este órgano de la movilización emprendida la derecha española contra la reforma de la Ley Mordaza, una norma cuyo "potencial represivo" y posible afectación a los derechos humanos fue objeto de advertencias por parte de este órgano.
En el escrito remitido al organismo europeo, al que ha tenido acceso El Periódico de España, se informa de la oposición en España por parte de las organizaciones profesionales policiales convocantes de la manifestación del pasado día 27 de noviembre en Madrid en contra de la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, una reforma en contra de la cual se han posicionado tanto el Partido Popular como Vox y Ciudadanos.
El documento, cuyo contenido ha coordinado el portavoz adjunto de Unidas Podemos en el Congreso, Enrique Santiago, pone de manifiesto la preocupación que esta movilización en contra de la reforma supone para buena parte de la sociedad española, por lo que reclama al órgano europeo que reitere las recomendaciones realizadas el pasado mes de marzo en el dictamen Comisión Europea para la Democracia por el Derecho, conocida como Comisión de Venecia, instando al Gobierno español a reformar la Ley de Seguridad Ciudadana.
La ley en la práctica
En dicho documento se aconsejó que la revisión fuera acompañada de una evaluación en profundidad del funcionamiento práctico de la ley y su impacto en los derechos humanos debido a su potencial represivo, a fin de que se pudiera ajustar a los mandatos constitucionales "todo ello teniendo en cuenta la posición de garante de los derechos y libertades recogidos en la Constitución Española que ostenta las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado así como la obediencia a estos mismos valores que han de tener los diferentes partidos políticos del orden democrático".
En el documento, Unidas Podemos recuerda a la institución europea la postura que ha adoptado el propio Tribunal Constitucional español, que en noviembre de 2020 avaló la ley a excepción del artículo que permitía a la Policía incautarse de imágenes y vídeos tomados por los ciudadanos en el curso de actuaciones públicas de los agentes. En el mismo sentido se pronunció en una segunda sentencia, del pasado mes de enero, ante el recurso de inconstitucionalidad planteado por el Parlamento de Cataluña.
Si bien la Comisión de Venecia se basa en gran medida en las conclusiones del Tribunal Constitucional, la Comisión opina que si una norma estatutaria da lugar a abusos en la práctica, dicha norma debe ser modificada, circunscrita o acompañada de salvaguardias adicionales, aunque en teoría sea constitucionalmente aceptable.
Lugar a la interpretación
Entiende que la Ley confiere amplios poderes a la policía, dejando un amplío margen de interpretación sobre las situaciones en las que puede hacerse uso de esos poderes o las medidas a adoptar, lo que estaría generando una amplia inseguridad jurídica. La Comisión de Venecia también recomienda en las conclusiones de su informe adoptar reglamentos detallados a nivel sub legislativo, que reflejen la reciente jurisprudencia constitucional a la que ya se ha hecho referencia y sirvan de orientación a la policía en su trabajo diario.
Asimismo, indica que es importante reforzar el "mecanismo de seguimiento" interno dentro de la propia policía, que ayudaría a identificar patrones de uso de los poderes policiales, detectar abusos (como controles de identidad arbitrarios, elaboración de perfiles discriminatorios, etc.), facilitar las posteriores inspecciones internas o externas de las fuerzas policiales.
Revisión judicial y sanciones
Europa recomienda igualmente que se pueda permitir al Parlamento analizar la práctica del empleo de los poderes coercitivos y modificar la legislación en consecuencia. También indica que puede ser necesario reforzar los mecanismos existentes de revisión judicial de la actuación policial y hacerlos más eficaces y accesibles.
En cuánto a otras cuestiones, la Comisión de Venecia se pronunció sobre la regulación de los controles y cacheos en lugares públicos, la vigilancia de las manifestaciones espontáneas y la responsabilidad de los organizadores de las mismas, las severas sanciones administrativas previstas en la Ley y el rechazo de extranjeros en la frontera española en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
El informe de la Comisión valora igualmente que algunas de las sanciones previstas en la Ley 4/2015, aprobada siendo ministro Jorge Fernández Díaz, pueden calificarse como «penales» en esencia. Por ello, el procedimiento en el que se imponen debería satisfacer algunos requisitos básicos de un juicio justo previstos en el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, en su vertiente penal. La presunción de veracidad de los informes de la policía, la ejecutividad inmediata de las fuertes multas y la falta de derecho a la asistencia letrada debilitan la posición de los acusados frente al Estado.
Las posturas del Gobierno
El documento también informa al organismo europeo de que los Grupos Parlamentarios Socialista y Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común en el Congreso de los Diputados han presentado una serie de enmiendas a fin de adecuar el contenido de la Ley de Seguridad Ciudadana a los estándares de derechos humanos, y es contra esta reforma contra la que se dirigen los partidos de la oposición.
Con las referidas enmiendas a la Proposición de Ley, según los partidos que sustentan al Gobierno, se dota al texto legal "de un enfoque progresista y garantista". Como ejemplo, y antes de explicar pormenorizadamente la reforma, Unidas Podemos recuerda el artículo 1 propuesto, que establecería que "la salvaguarda de la seguridad ciudadana, entendida como el más pleno disfrute de los derechos fundamentales y de las libertades públicas por la ciudadanía, exige de los poderes públicos la promoción real y efectiva de las condiciones necesarias para garantizar la paz en la vida pública".
El texto concluye adjuntando documentación sobre las manifestaciones realizadas en contra de esta reforma por diversos portavoces de los partidos en la oposición, entre ellos la presidenta del partido Ciudadanos Inés Arrimadas, el portavoz del mismo partido Edmundo Bal; del alcalde de Madrid y la presidenta de esta comunidad José Luis Martínez Almeida e Isabel Díaz Ayuso, respectivamente; de la portavoz parlamentaria del PP Cuca Gamarra y del presidente de Vox Santiago Abascal.
