No existía ninguna orden de búsqueda contra Brahim Gali. Interpol lo ha comunicado oficialmente y lo mismo ha hecho el sistema de información de la zona Schengen al titular del juzgado de instrucción número 7 de Zaragoza. El juez mantiene abierta una investigación por la entrada en España del líder del Frente Polisario, con la tesis de que el Gobierno silenció su llegada para evitar que compareciera en la Audiencia Nacional, donde habían varios sumarios por acusaciones de genocidio y torturas contra él.

Éste es el argumento de la denuncia que dio comienzo a las pesquisas del juez Rafael Lasala, por presunta prevaricación, encubrimiento y falsedad documental, que ha provocado la imputación de la ex ministra de Exteriores, Arancha González Laya, y de su jefe de gabinete, Camilo Villarino. La interpuso un particular, el abogado Antonio Urdiales, y en ella defendió que resultaba "imposible de creer" que las autoridades "no conociesen" que en la Audiencia Nacional habían causas abiertas contra Gali. "No existe precedente en España, ni en ningún otro lugar, ni las repúblicas bananeras, que por motivos de humanidad, se conceda a un presunto delincuente, investigado por delitos de la máxima gravedad, un visado para acceder a territorio nacional", sostuvo.

Urdiales mantenía que el líder polisario entró irregularmente en España, que prevaricó quien lo autorizó y que se le dio cobertura para que eludiera la acción de la justicia o evitar su busca y captura. Y esta es la línea de investigación que ha seguido el juez. Pero, según señalan fuentes conocedoras del caso, Lasala ya ha tenido respuesta a una de sus solicitudes de información. La de Interpol, Organización International de Policía Criminal, asegura que "no figura" en la base de datos como persona buscada por la comisión de un hecho delictivo.

Y lo mismo sucede con su petición a la oficina Sirene, el sistema de información de Shengen, para conocer si alguno de los Estados miembros de este espacio de libre circulación había librado orden europea de detención o de mera localización a fin de comparecer ante una autoridad judicial contra Gali. Según las fuentes consultadas la contestación también es negativa. No hay nada sobre el líder saharaui. Nada impedía a Gali entrar en territorio español.

Amparo de Schengen

Si se ocultó su llegada, según las explicaciones que ha ofrecido la anterior cúpula del Ministerio de Exteriores fue para no enfadar a Marruecos. Se accedió a que Gali viniera a España para recibir atención hospitalaria porque lo pidió Argelia, el principal proveedor de gas de nuestro país. No se avisó previamente a Rabat aunque la intención del Gobierno era hacerlo con posterioridad. El dirigente del Frente Polisario aterrizó en la base militar de Zaragoza el pasado 18 de abril, en un avión oficial argelino y en camilla medicalizada, enfermo de Covid. Los poderosos servicios secretos marroquíes lo descubrieron casi de inmediato y el reino alauí abrió una crisis diplomática con España que aún colea.

Desde Exteriores se ha mantenido que a Gali no se le pidió la documentación porque viajaba en un avión de Estado y gravemente enfermo. Cortesía diplomática. Y han asegurado que en todo momento cumplieron la legalidad ya que uno de los artículos del Acuerdo de Schengen ampara que no haya control de pasaportes. "Por motivos humanitarios, de interés nacional o por obligaciones internacionales, todo Estado miembro podrá autorizar la entrada en su territorio a nacionales de terceros países", aunque no dispongan de la requerida documentación. Y prosigue que "cuando un nacional de un tercer país esté inscrito como no admisible, el Estado miembro que le autorice la entrada en su territorio informará de ello a los demás Estados miembros".

Gali era admisible, según las respuestas de la Oficina Sirene y de Interpol. No obstante, hasta ahora el juez se ha escudado en que, independientemente de ello, la consulta no se realizó. En un auto del pasado 7 de octubre señaló que "no sólo consta que no se ha hecho, sino que se ha reconocido que no se ha querido hacer de forma deliberada con el fin de que la entrada fuera discreta", en referencia a que no se informó al resto de países, según la versión de Exteriores, para que Marruecos no se enterara. "No ha de olvidarse -prosigue Lasala- que se investiga también si la conducta podría tener la finalidad de evitar problemas judiciales en nuestro país, de quien de manera tan peculiar entraba, pues caso de saberse de un proceso judicial contra una persona y aunque no haya medidas cautelares contra ella, las autoridades han de poner en conocimiento de los juzgados competentes la localización del sujeto investigado". En definitiva, que si no se comunicó a la oficina de información de Schengen es por si acaso a Exteriores les decían que sí existía orden de búsqueda contra Gali.

Ministerio del Interior

Esta idea es la que lleva a pensar a Laya y Villarino -y en esto coinciden también las acusaciones particulares, ambas en la órbita de Marruecos- que el juez abrirá finalmente juicio oral. Una circunstancia con la que al principio no se contaba. En el Gobierno nunca se pensó que esta investigación prosperara porque, sostienen, que no hay hecho delictivo. Gali acabó prestando declaración en la Audiencia Nacional. Una de las causas contra él ya se ha archivado y aunque hay otras abiertas eso no ha impedido que el magistrado Santiago Pedraz permitiera su regreso a Argel tras salir de la UCI y abandonar el hospital.

Tanto Laya como Villarino han sostenido ante el juez que desconocían las investigaciones contra Gali en la Audiencia Nacional. Ahora el juez ha puesto el foco en el Ministerio del Interior. En una reciente declaración, el comisario de Información, Eugenio Pereiro, reconoció que escoltaron al dirigente polisario desde que aterrizó pero no desveló quien dio la orden. La jefa de gabinete del ministro Fernando Grande-Marlaska, Susana Crisóstomo, reveló que ella misma pidió a su homólogo en Exteriores que comunicaran a la Audiencia la presencia de Gali en España. Lasala quiere conocer por qué se produjo esta solicitud y de qué información disponía Interior en línea con su idea de que el Gobierno quería ocultar al dirigente saharaui de la Justicia.