Gobierno y PP siguen intercambiándose reproches. Lanzándose la acusación de que quien no cumple la Constitución es el de enfrente. Vierten mensajes públicamente mientras poco se avanza en privado. Este 6 de diciembre, en el 43º aniversario de la Carta Magna, ocurrió lo mismo: para Pedro Sánchez, "cuidar" la Ley Fundamental significa cumplirla "de pe a pa", un aviso (otro más) a los populares para que se avengan a renovar el Consejo General del Poder Judicial, parado desde hace ya más de tres años. Para Pablo Casado, es imposible hablar de tocar una coma del texto de 1978 porque percibe incluso un "desafío a la gobernabilidad incluso por parte del propio Gobierno" y cree que su presidente es quien más la ha atacado, al dirigir el país con Unidas Podemos y tener a ERC o EH Bildu de socios.

"Hoy es un buen día para reivindicar y recordar todo aquello que nos trajo la Constitución después de un tiempo infame, de una dictadura muy prolongada. La Constitución nos trajo derechos, libertades donde había entonces una dictadura. Nos trajo concordia y convivencia donde antes había odio y tiranía. Nos trajo nuestra pertenencia a la UE donde antes había ostracismo y un aislamiento del país. Y costó mucho", proclamó el jefe del Ejecutivo a su llegada al Congreso, minutos antes del acto solemne por los 43 años de la Carta Magna, en la madrileña plaza de las Cortes, al aire libre por las restricciones que sigue imponiendo el covid.

Precisamente como "costó mucho" llegar a la democracia, señaló Sánchez, las nuevas generaciones que han recogido el testigo de la Constitución de aquellos que pelearon por ella han de "cuidar" el texto de 1978. "Si hoy tenemos que reivindicar el hacer de alguien, es el de millones de compatriotas, de padres, madres, abuelos y abuelas que hicieron posible" la Ley Fundamental. De ahí colgó su mensaje principal: "Cuidar nuestra Constitución significa, a mi juicio, cumplir de pe a pa todos los artículos de la Constitución, del primero al último".

Sánchez se dirigió a los periodistas en una pequeña intervención, de menos de minuto y medio, y sin preguntas. Después del acto en la plaza de las Cortes, en la puerta de los Leones, conversó unos minutos con la prensa, y en ese punto desarrolló algo más la incomunicación con el PP acerca de la renovación del Poder Judicial. "Dos no bailan si uno no quiere", insistió el presidente, reconociendo que no tiene "contacto" con Casado sobre esta cuestión. Es decir, que para el Ejecutivo es el PP el culpable de que, tres años después, el CGPJ siga varado, lo que supone un "incumplimiento flagrante" de la Constitución. Y que se mantenga esa situación "inédita" es sinónimo de "normalización" de ese incumplimiento.

"Cerrar un mal acuerdo"

Los dos líderes coincidieron este lunes en el Congreso y se llegaron a saludar —no como el año pasado—, pero no departieron. Pero evidenciaron, por sus palabras, que las conversaciones están estancadas, como publicó este diario el viernes. El presidente puso como prueba de su disposición al pacto de que cuando el PP se abrió a renovar cuatro órganos (Tribunal Constitucional, Tribunal de Cuentas, Defensor del Pueblo y Agencia Española de Protección de Datos), ambas formaciones fueron capaces de cerrar un pacto en horas. Pero las conversaciones en torno al CGPJ se hallan encalladas porque los conservadores exigen reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial para que sean los jueces los que elijan a sus compañeros.

Casado, en su intervención ante los medios (él no se paró con los periodistas tras el acto), señaló que hay cuestiones en las que los partidos podrían ponerse de acuerdo, pero no en un contexto de “desafío a la gobernabilidad”. La Constitución es, dijo, la “solución a todos los problemas” que acucian al país y clamó contra un “revisionismo casi suicida”. El líder del PP llamó a defender la Carta Magna “con un proyecto en el que quepamos todos” y del que salgan “los radicales”. Casado sacó a colación los indultos a los presos del procés y la “homologación del brazo político de ETA” por el entendimiento del Gobierno con Bildu.

La dirección del PP considera que no actualizar la composición del CGPJ no le pasa factura electoralmente. Fuentes del equipo de Casado insistieron este lunes en que lo que les penalizaría ante sus simpatizantes es "cerrar un mal acuerdo con el Gobierno". "Ya cambiaremos nosotros la ley cuando lleguemos a la Moncloa y renovaremos el Poder Judicial", afirmaron esas fuentes en uno de los corrillos del acto.

¿Anticipo en Castilla y León y Andalucía?

Fuentes del Gobierno, por su parte, recalcaron que lo que urge, y lo que exige la Comisión Europea es renovar ya el órgano, y que el PP no tiene mayoría en el Congreso para hacer prosperar su reclamación de que los 12 vocales del turno judicial no sean designados por las Cámaras. La ministra de Justicia, Pilar Llop, recordó de hecho que hoy en día los grupos no eligen a los candidatos de entre los 5.500 jueces que hay en el país, sino entre los integrantes de una nómina corta que proponen ellos mismos.

Llop manifestó a los periodistas, en conversación informal con ellos, su deseo de que se produzca el relevo lo antes posible, y desde luego antes de la visita del comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, prevista para el próximo marzo, que está vinculada al informe que tiene que hacer el Ejecutivo comunitario en torno al cumplimiento del Estado de derecho de los Estados miembros. La ministra recalcó que la UE demanda, como tarea prioritaria, la renovación, aunque hable también de cambiar la ley. A su juicio, Reynders debiera reunirse no solo con las asociaciones profesionales de jueces, que piden la modificación del sistema de elección del CGPJ, sino con el resto de operadores jurídicos.

Este 6 de diciembre llega en un contexto de posible anticipo electoral en Castilla y León y Andalucía. Los informadores preguntaron a Sánchez y él apuntó, primero, que son los presidentes autonómicos, en aquellos casos en los que gobiernan con estatutos de nueva generación, los que tienen la prerrogativa para disolver sus parlamentos anticipadamente. Y aunque manifestó su respeto a las decisiones que ellos adopten, recalcó que lo que desean los ciudadanos es “estabilidad” y que las elecciones se sucedan cada cuatro años. Hay que centrarse en “lo importante”, dijo, y ello supone combatir la pandemia y perseguir la recuperación económica.

En ese sentido, Sánchez sacó pecho de que España es el primer país que recibirá el primer desembolso (10.000 millones) de los fondos europeos. Y es así, reivindicó, porque el Gobierno ha cumplido con los hitos y reformas comprometidos con Bruselas. Y frente al discurso catastrofista del PP, que duda de que se puedan desplegar los recursos procedentes de Europa, el presidente señaló que el Ejecutivo también tiene la conformidad de la UE respecto a la rendición de cuentas. Ese debate, remachó, es "de poco recorrido".

Una de las reformas comprometidas con Bruselas es la laboral, que el Gobierno, sostuvo, tendrá lista antes del 31 de diciembre, y para la que confía con contar con el apoyo de empresarios y sindicatos.

Respecto a la lucha contra el covid, Sánchez indicó que por supuesto hay que continuar con "prevención y prudencia", pero hay dos cuestiones que garantizan una "mirada muy distinta" de España: el alto índice de cobertura vacunal (por encima del 90% de la población diana), a lo que se sumará que empezará la inmunización de los menores de 12 años a mediados de este mes, y el uso de la mascarilla, que no ha dejado de ser obligatoria en interiores, a diferencia de lo que ha ocurrido en otros países de nuestro entorno. Ambos pilares, vacunación y tapabocas, dan "mayores garantías para atravesar el invierno". "No hay que bajar los brazos" y sí "tener confianza en cómo se ha gestionado la pandemia", concluyó el jefe del Ejecutivo.

"Vaciamiento garantista"

Al acto en el Congreso por los 43 años de la Carta Magna no acudieron, como es habitual, los representantes de ERC, PNV, Bildu, Junts, PDECat, CUP, BNG o Compromís. Sí, en cambio, Unidas Podemos: los ministros Irene Montero, Ione Belarra y Alberto Garzón estuvieron presentes, no la vicepresidenta Yolanda Díaz (de viaje en Bruselas, como Nadia Calviño) ni el titular de Universidades, Manuel Castells. El presidente del grupo morado, Jaume Asens, exigió cambios constitucionales "de fondo" para blindar los derechos sociales y la sanidad y hacer de la Carta Magna un texto "verde y feminista".

Para modificar el texto actual, indicó, hace falta que la sociedad presione porque no hay mayorías parlamentarias que hoy lo permitan. Asens observó un "vaciamiento garantista" y, frente a la ministra de Defensa, Margarita Robles, que no considera necesaria una reforma constitucional, esgrimió que la Carta Magna es un punto de partida, no de llegada, porque "las constituciones que no se pueden reformar están condenadas a morir" y la española "ha quedado como un traje viejo", informa EFE.

Por parte de Vox acudió la portavoz adjunta, Macarena Olona, quien cargó contra la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, por haber cometido "los mayores atropellos" contra la democracia durante el confinamiento, y contra el acto por el aniversario de la Constitución. "Lo que hoy vivimos es un ejercicio de abuso y de cinismo. El presidente debería dimitir de inmediato ya que se han cometido los mayores atropellos contra los derechos y libertades en estos 19 meses de legislatura", denunció.

Otro 6 de diciembre con la reforma de la Carta Magna en el frontispicio. Sin visos de acuerdo por ningún lado. Y sin que tampoco se atisbe, al menos en el corto plazo, una actualización en el CGPJ. Quizá haya que esperar a 2022. O incluso más allá.