El Gobierno asegura que le corresponde a la Generalitat cumplir el 25% de castellano en los colegios

La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha recordado al Govern que la resolución del TS es firme y, por lo tanto, debe ejecutarse. Por su parte, el Ministerio de Educación asegura que el Gobierno “no tiene que adoptar ninguna medida” porque el cumplimiento del texto corresponde “en exclusiva” a la Generalitat y al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), institución que emitió una sentencia en 2020 ordenando que el castellano se impartiera, como mínimo, en el 25% de las horas escolares. Cuando el TSJC emitió ese fallo, el Govern interpuso un recurso de casación ante el TS, que ahora ha anunciado que no lo admite a trámite. Por lo tanto, la sentencia del TSJC es firme y ejecutable.

A partir de ahora, existe un plazo de dos meses para hacer efectivo el cumplimiento del fallo. “Veremos a ver cuál es la respuesta de la Generalitat y dependiendo de lo que haga se irán dando pasos”, concluyó la ministra de Justicia, sin especificar si la Abogacía del Estado pedirá la ejecución forzosa del fallo. "El Gobierno no tiene esas competencias. Los jueces hacen su trabajo y nosotros ejecutamos", despachó por su parte la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, en los pasillos del Congreso. "Estamos obligados a respetar y acatar" las resoluciones judiciales, abundó, por su parte, el portavoz de la dirección del PSOE, Felipe Sicilia.

"La pelota está ahora en el tejado del TSJC. Cuando explique cómo ha de hacer cumplir la sentencia, la Generalitat habrá de cumplir en un plazo de dos meses. Si no lo hace, ya se verá. El Gobierno no entra ni puede entrar ahí", remachan fuentes de la Moncloa, quienes rechazan, como pidió este miércoles Pablo Casado, la aplicación del artículo 155 de la Constitución en caso de que el Govern no respete la decisión. El Ejecutivo de Pedro Sánchez se enfrenta, no obstante, a un problema con derivada política, ya que ERC, que lidera la Generalitat, es socio clave de legislatura, y la lengua se ha probado en material muy sensible.

Por su parte, la Generalitat considera que la providencia del TS es un ataque directo a la inmersión lingüística, un modelo de éxito cuyo objetivo es evitar la segregación social. El 'conseller' de Educació, Josep González Cambray, ha pedido por carta a los directores de los centros educativos que no cambien su proyecto lingüístico: "Queremos que continuéis trabajando exactamente como hasta ahora". El responsable de la política educativa en Cataluña ha asegurado en RAC-1 que tiene "garantías" de que el Ministerio de Educación no pedirá la ejecución de la providencia.

El departamento que dirige Pilar Alegría, efectivamente, insta al TSJC a que diga cómo se traslada a las aulas el mandato de impartir, como mínimo, el 25% de horas en castellano. El asunto es de una complejidad bárbara y el ministerio prefiere no entrar en “futuribles”.

Educación recuerda, además, que la alta inspección —que depende del ministerio— no tiene capacidad de vigilancia para comprobar el cumplimiento de la sentencia. Sería por lo tanto la inspección educativa —dependiente de la Generalitat— la habilitada para ello.

Posición recogida en la Lomloe

Educación añade que la posición del Gobierno respecto a los idiomas está perfectamente recogida en la nueva ley educativa, la Lomloe, más conocida por el apellido de la anterior ministra, Isabel Celaá. La norma obliga a los alumnos y alumnas a conocer perfectamente el catalán y el castellano cuando terminen la etapa secundaria obligatoria. No es ninguna novedad. Es algo que sucede en las aulas de Catalunya, la realidad del día a día. La Lomloe añade que si algún alumno tiene lagunas en alguno de los dos idiomas deberá tener clases de refuerzo. "El Gobierno no concibe la lengua como un elemento de confrontación", refrendan por su parte desde la Moncloa.

Mientras, la 'consellera' de Justícia, Lourdes Ciuró, subrayó que la obligación de la Generalitat es mantener la inmersión en la educación y ha pedido al Gobierno que apoye "una de las lenguas también españolas, que es el catalán".

Desde 2015

La polémica con el uso del castellano en la escuela se remonta a 2015, cuando el entonces ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo (PP), presentó una demanda contra la Generalitat por su “inactividad” para hacer efectivo el uso del castellano en “proporción razonable” en las escuelas. La demanda fue ampliada en 2016 y 2017 (con el PP en el poder). En diciembre de 2020, el TSJC dictó sentencia por la que estimaba parcialmente el recurso interpuesto por la abogacía del Estado. El fallo del TSJC instaba a la Generalitat a adoptar medidas necesarias para garantizar que los alumnos reciban de forma efectiva la enseñanza mediante el uso vehicular de las dos lenguas oficiales en los porcentajes que se determinen, que no podrán ser inferiores al 25% en uno y otro caso.

A raíz de la sentencia del TS, el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) ha organizado paradas en los centros educativos para este viernes para mostrar su rechazo. El sindicato ha hecho un llamamiento a desobedecer esta decisión y ha alertado que el catalán "corre peligro" y pide no normalizar los "ataques" hacia la escuela pública catalana. "Sin catalán no hay escuela" ha defendido.

Impulso del catalán

Cifras en mano, el Govern asegura que el uso del catalán en los centros escolares está en retroceso. Especialmente preocupante es el descenso entre escolares tanto en actividades de grupo en clase como en entornos fuera del aula (patio, hora del comedor o extraescolares) y en profesores a la hora de dirigirse al alumnado. Según los primeros datos de un estudio realizado por el Consell Superior d'Avaluació de Catalunya en los cursos 2006, 2013 y 2021 a alumnos de cuarto de la ESO, el porcentaje de estudiantes que usan siempre o casi siempre el catalán en actividades de grupo ha pasado del 67,8% en 2006 al 21,4% en 2021. Y los alumnos que se dirigen al profesor en catalán en el aula siempre o casi siempre ha caído del 56% al 39,4%.

Asimismo, el uso del catalán por parte del profesorado para dirigirse al alumnado ha pasado del 63,7% al 46,8% en el mismo periodo. Para reconducir la situación, los departamentos de Educació y de Cultura presentaron hace escasas semanas un plan de promoción del uso del catalán en las aulas que se pondrá en marcha este mismo curso en 200 coles e institutos y que en cuatro años estará operativo en los 3.500 centros públicos y concertados que hay en Cataluña.