El único plazo que hay por delante es la última semana de diciembre y no hay aún ningún principio de acuerdo. Pero ya se están moviendo las primeras fichas en una cuestión de la que depende el futuro de los Presupuestos Generales del Estado para 2022: la ley audiovisual, que el Gobierno está negociando con ERC. El Ejecutivo sabe que no le queda otra que cerrar una cuota de "producción, doblaje y subtitulación" en catalán y en el resto de lenguas cooficiales. Pero, a la vez, ofrece complementar ese porcentaje (aún no detallado) con ayudas a las plataformas para que incluyan en su catálogo obras audiovisuales en catalán, euskera y gallego, además de en castellano. Esta fórmula mixta es la que entiende que le permitiría cumplir con el compromiso adquirido con los republicanos el pasado 29 de octubre para que no presentaran enmienda de totalidad a las cuentas del Estado, al tiempo que facilita a las plataformas —a menudo grandes multinacionales— cumplir con una exigencia regulatoria que puede entorpecer su negocio y hacerlas huir del país.
Los independentistas, por su parte, se mantienen en la mesa y piden acelerar los trabajos, aunque no han puesto por delante ningún ultimátum. Por ahora, creen que el pacto debe estar amarrado antes de que se complete la tramitación de los Presupuestos en el Senado, a finales del próximo mes. El 31 de diciembre es, además, la fecha tope comprometida con Bruselas en el plan de recuperación para que el Consejo de Ministros remita al Parlamento el proyecto de ley.
El Ejecutivo de Pedro Sánchez comparte la necesidad de "apoyar y defender las lenguas cooficiales", como ha reiterado el negociador jefe y vicepresidente político de facto, Félix Bolaños, y también la titular de Hacienda, María Jesús Montero. Alega que esa protección es un mandato constitucional y que, por tanto, hay que mentalizar a las grandes productoras de contenidos —Netflix, HBO, Apple TV o Amazon Prime Video— de que han de producir no solo en castellano, pero al mismo tiempo teme que si se les aprieta demasiado las tuercas opten por marcharse a otro país. Lo dijo Montero en el debate de totalidad de los PGE en su réplica al portavoz de ERC, Gabriel Rufián: "No incorporemos nada a los textos legales que pueda ahuyentar o dificultar la llegada de inversiones".
La nueva ley nace de la obligación de trasponer la directiva de servicios de comunicación audiovisual, que España tendría que haber acometido antes del 19 de septiembre de 2020. Bruselas ya dio un toque de atención a los Estados miembros que no habían cumplido con su obligación. Pero además el Ejecutivo incluyó su propuesta de hacer de España un hub audiovisual en el plan de recuperación, y de él forma parte en el componente 25. Sánchez pretende hacer del país el "Hollywood de Europa", como planteó el pasado julio en Los Ángeles, en su gira por Estados Unidos. Es decir, que España se convierta en un potente nodo de producción de cine y televisión, con condiciones ventajosas para las productoras. El presidente ha mimado el sector, para el que se prevé una inversión de 200 millones de euros.
La protección del catalán en la reforma legal se ha convertido en uno de los caballos de batalla para ERC. El anteproyecto del Ejecutivo, redactado por el Ministerio de Economía, preveía que la televisión a demanda (las plataformas de 'streaming') reservase a obras europeas al menos el 30% del catálogo. Y, "como mínimo", el 50% de esa cuota tendría que guardarse para obras "en la lengua oficial del Estado o en alguna de las lenguas oficiales de las comunidades autónomas". Esa redacción favorecía al castellano. El Ejecutivo intentó convencer a ERC de que era mejor blindar el catalán, el euskera y el gallego ofreciendo ayudas públicas a las productoras, no estipulando cuotas. Pero los republicanos insistieron y se anotaron ese punto. Para no presentar la enmienda de totalidad a los PGE, Ejecutivo y ERC consensuaron, hace dos semanas, que ambos pactarían la ley y que se buscarían "las mejores fórmulas para garantizar un porcentaje de producción, doblaje y subtitulación en lenguas cooficiales".
Resistencia de Calviño
La vicepresidenta primera, Nadia Calviño, eludió hablar de cuotas nada más firmado el acuerdo. "Vamos a trabajar sobre los distintos instrumentos para ver cómo se puede articular de la mejor forma posible este doble objetivo: impulsar la producción audiovisual, la industria audiovisual, y proteger la riqueza de las lenguas cooficiales", apuntó desde la cumbre del G-20 en Roma.
"Habrá porcentaje", apuntan desde la Moncloa con rotundidad. "Lo que no tenemos pactado es el porcentaje exacto. Hay que trabajarlo con ellos. No hay nada cerrado y está Economía hablando, pero habrá cuotas y beneficios fiscales para las empresas que apliquen la cuota", avanzan a EL PERIÓDICO, diario perteneciente al mismo grupo editorial que este medio, las mismas fuentes de primer nivel. Es decir, el Ejecutivo admite que cuota de protección de las lenguas oficiales "habrá" y "será obligatoria" para las productoras, pero ahora "hay que ver cómo".
Por el momento, el Gobierno no se marca un 'deadline', un plazo final para cerrar la negociación, aunque la dirección de ERC apunta hacia el final de la tramitación de los PGE como tope. Los republicanos advierten de que, en caso de desacuerdo, podrían formular un veto a las cuentas en el Senado, pero para que la Cámara alta lo apruebe se requiere la mayoría absoluta, por lo que de prosperar necesitaría no solo al PP, sino a los grupos minoritarios. Según figura en el Operational Agreement firmado por el Gobierno y la Comisión Europea, la ley audiovisual debe estar aprobada y entrar en vigor en el primer trimestre de 2022, de ahí que Economía cuente con tener listo el proyecto, para su remisión al Parlamento, antes de que finalice este año. El cumplimiento de los hitos marcados en el plan de recuperación entre el 30 de junio y el 31 de diciembre de 2021 determinará el desembolso de los fondos europeos previsto para el primer semestre de 2022, de más de 13.000 millones, el mayor de los ocho previstos, y que sumarán un total de 69.512,6 millones de euros en subvenciones hasta 2026.
En ERC manejan la negociación en medio de un gran secretismo. Fuentes republicanas sí reconocen que se está trabajando en el porcentaje de producción, doblaje y subtitulación, que entienden obligatorio, así como "en otras fórmulas", que serían complementarias a la cuota. Eso sí, a los independentistas les molesta el ritmo de trabajo, que no es frenético. Este viernes, y a cuenta de los PGE, la portavoz del partido, Marta Vilalta, mandó un mensaje inequívoco: "La pelota está en el tejado del Gobierno del PSOE y de UP. Ellos son los que deben de buscar los apoyos".
El Gobierno se ha comprometido a cerrar la reforma del sector audiovisual con ERC, pero también tiene abierto el diálogo con otro de sus socios habituales, el PNV, según confirmaron fuentes de la formación, porque es una cuestión que le preocupa sobremanera. Igual que a los cuatro diputados del PDECat, más proclives a entenderse con el Ejecutivo que sus exaliados de Junts. Los posconvergentes, sin embargo, no son partidarios de establecer cuotas.
"La obligación es hacerlo bien"
Los socialistas insisten en la oportunidad de los incentivos fiscales, para que el establecimiento de porcentajes no resulte una "barrera" inasumible para las plataformas. "Ellas miran su rentabilidad y el imperativo no funciona. Canarias está siendo un ejemplo: con atractivos fiscales se ha logrado atraer producción a las islas", apuntan fuentes de la dirección del partido conocedoras de las conversaciones, que confían en que la combinación de cuotas y ayudas acabe convenciendo a ERC.
El PSC de Salvador Illa, al tanto de las negociaciones, sigue denunciando los "incumplimientos" de la Generalitat: la ley catalana del cine, de 2010, establece una cuota del 25% de películas subtituladas o dobladas al catalán —en la redacción original se estableció un 50%, pero el Tribunal Constitucional lo rebajó en 2017 a la mitad—, cuando en las salas, a día de hoy, no se llega al 3%.
La negociación, por tanto, sigue en marcha. El Ejecutivo confía en que su fórmula mixta de ayudas y cuotas consiga convencer a ERC. Y ante la presión de Bruselas por los tiempos, responden en la Moncloa que "la obligación es hacerlo bien", porque la ley audiovisual, que va mucho más allá del blindaje a las lenguas del Estado, supone una reforma estructural del sector, que tiene como fin coordinar a nivel europeo tanto las emisiones de televisión tradicionales (lineal) como la de servicios a la carta (bajo demanda), así como las plataformas de intercambio de vídeos.
