El juez que investiga si Teresa Arévalo, jefa de gabinete adjunta de la ministra de Igualdad, Irene Montero, cuidó de la hija de esta durante la campaña de las elecciones de 2019 con cargo a los fondos del partido ha suspendido la declaración de una exescolta de Montero al constatar que no le fue notificada debidamente.

El titular del Juzgado de Instrucción número 46 de Madrid, José María Escribano, había citado para este miércoles a Elena G. para que testifique en relación con esta investigación, pero la notificación no se materializó correctamente, han informado fuentes jurídicas.

El magistrado ya había pedido en marzo que se localizase a esta extrabajadora del entorno de Montero para que declarara en la causa, y ahora se prevé que sea citada en fechas próximas.

Se trata del procedimiento por un presunto delito de administración desleal iniciado a raíz de la denuncia de la exresponsable de Cumplimiento Normativo de Podemos, Mónica Carmona, que figura como acusación en la causa donde otro juzgado de Madrid investiga al partido.

Es una de una de las tres piezas separadas que ordenó abrir el titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, que investiga un posible delito en la firma de un convenio entre Podemos y la consultora Neurona para las elecciones generales de 2019, a raíz de que Mónica Carmona ampliase su denuncia inicial.

Una pieza se refería al caso de la supuesta cuidadora, otra al cobro de unas costas judiciales por parte del exlíder de Podemos Pablo Iglesias y otra referida al Instituto 25M. Las otras dos han sido archivadas.

Delito de administración desleal

Así el titular del Juzgado de Instrucción 46 abrió el pasado mes de abril diligencias previas por un presunto delito de administración desleal contra la ministra Irene Montero y su actual jefa de gabinete adjunta, Teresa Arévalo, que en 2019 -momento al que se refiere la denuncia- era jefa de gabinete de Montero, que entonces era portavoz del partido y candidata.

Lo hizo para determinar si esta trabajadora desempañaba funciones como cuidadora de su hija menor pagada con fondos del partido. Teresa Arévalo aseguró ante el juez, cuando declaró como investigada el pasado mes de julio, que solo sostuvo durante unos "segundos" a la hija de la ministra de Igualdad y que en el momento en el que presuntamente ocurrieron los hechos "no cobraba dinero del partido".

A continuación la exgerente de Podemos Rocío Esther Val y el tesorero de esta formación, Daniel de Frutos, aseguraron al magistrado que la supuesta niñera de la hija de Irene Montero y Pablo Iglesias no cobraba del partido en el momento en el que, según las acusaciones, cuidó de ella.

Ya a finales de julio Mónica Carmona se negó ante el juzgado a desvelar la identidad de la persona que le transmitió que una asesora de la ministra Irene Montero desempañaba funciones como cuidadora de su hija menor, y aseguró que no lo investigó porque fue cesada.

Carmona se ratificó en los hechos que denunció en un escrito presentado a comienzos de este año, en el que detallaba que en un viaje electoral a Alicante Arévalo se quedó "al cuidado" de la menor "mientras la señora Montero intervenía en un acto de campaña", y que fue sufragado con cargo del presupuesto de campaña de Unidas Podemos. No aportó pruebas ni desveló la identidad de quien puso estos hechos en su conocimiento, que, según ha recalcado, eran comúnmente conocidos en Podemos.

En este proceso principal se espera que próximamente la Audiencia Provincial decida sobre varios recursos interpuestos contra la decisión del magistrado de no tomar declaración a los responsables mexicanos de Neurona Consulting, matriz de la consultora con la que Podemos firmó en España el contrato para las elecciones de 2019.