La elección de los dos magistrados propuestos por el PP para el Tribunal Constitucional aparece ensombrecida por sus presuntos vínculos con la corrupción y la politización de la Justicia, una de las lacras que la formación conservadora asegura querer combatir bloqueando la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). En concreto, el nombre del catedrático Enrique Arnaldo apareció en las grabaciones realizadas por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el 'caso Lezo' sobre la corrupción en el seno de la Comunidad de Madrid.

Este jurista mantuvo una conversación con el presunto cabecilla de la trama corrupta, el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, en la que aludía a supuestas maniobras en la Fiscalía: "Estoy moviéndome para que el nuevo que sustituya a esta señora sea bueno", llega a asegurar Arnaldo a González, en referencia a la salida de Consuelo Madrigal de la Fiscalía General del Estado.

Ignacio González estaba imputado en el 'caso del ático' de Estepona, y estaba preocupado por saber quién sería el máximo responsable del Ministerio Público.

Abogado de Enrique López

Tras la designación del magistrado del Tribunal Supremo José Manuel Maza como fiscal general, tanto Arnaldo como Ignacio González muestran su satisfacción por la elección. El futuro integrante del Constitucional ejerció como abogado del consejero de Justicia y portavoz de Justicia del PP, Enrique López, en el juicio por el positivo que dio por alcoholemia, según adelantó la Cadena Ser.

Por su parte, la elección de Espejel tampoco está exenta de polémica. A sus conocidos vínculos con María Dolores de Cospedal, sobre quien la Fiscalía Anticorrupción ha reclamado que vuelva a estar imputada por sus supuestos encargos al comisario José Manuel Villarejo, se añade que fue recusada por sus estrechas relaciones con el Partido Popular. Y precisamente esta formación política ha justificado la paralización de la renovación del Consejo General del Poder Judicial para impedir la politización de la Justicia.

Catorce votos a cuatro

El Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional decidió apartar a Espejel y a Enrique López del tribunal que juzgó la llamada 'Época I' del caso Gürtel. La recusación de López se decidió por 14 votos a 4, mientras que la de Espejel se resolvió por 10 a 8.

Eso permitió que el tribunal de este importante caso de corrupción, que acabó condenando al PP como partícipe a título lucrativo de la trama dirigida por Francisco Correa, lo compusieran los magistrados Ángel Hurtado, Julio de Diego y José Ricardo de Prada.

El Pleno también apartó por el mismo motivo a Espejel y López del tribunal que juzgó la Caja B del Partido Popular, ya que en ambos casos los magistrados consideraron que no podían mantener la apariencia de imparcialidad en un juicio en el que se pudiera condenar a la formación conservadora por sus vínculos con la corrupción.

Bajo riesgo de recusación

Las circunstancias que rodean a ambos magistrados propician el riesgo de que desde determinados ámbitos se reclame que se aparten de asuntos de especial trascendencia política, como son los recursos de inconstitucionalidad que el Tribunal Constitucional tiene sobre la mesa respecto de diversas actuaciones del Gobierno de Pedro Sánchez.

Fuentes del órgano de garantías EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, diario que pertenece a este grupo, Prensa Ibérica, señalan sin embargo que, dejando a un lado las valoraciones sobre el perfil político de los elegidos, el riesgo de recusaciones es bajo. Explican que no es lo mismo un procedimiento judicial por corrupción —como el caso gürtel, del que fue apartada Espejel—, en el que puede haber personas próximas a los magistrados con riesgo de ser condenados a prisión, que los asuntos del Tribunal Constitucional, que son políticos por naturaleza.

Además, la recusación tiene que realizarse por una de las partes en el procedimiento, y en este caso es poco probable que el Gobierno, contra el que se dirigen los recursos de inconstitucionalidad, pida que se aparten magistrados que son fruto de un pacto de renovación con el principal partido de la oposición.

La situación parece diferente a lo ocurrido recientemente con el magistrado Cándido Conde-Pumpido, que se abstuvo de participar en las causas relacionadas con el 'procés' independentista en Cataluña después de que el ex president Carles Puigdemont pidiera que se apartara. Poco antes se había abstenido otro magistrado, Antonio Narváez, también a petición de los líderes independentistas condenados, por el contenido de una conferencia que impartió coincidiendo con los sucesos del otoño de 2017 en Cataluña.