La reforma laboral genera la primera crisis de calado entre Sánchez y Díaz

La semilla del malestar de Unidas Podemos, el detonante del conflicto, germinó a raíz de un mail enviado por el departamento de Calviño a los ministerios a última hora de la tarde del jueves. En el correo, según los morados, la vicepresidenta se arrogaba el mando de la negociación de la reforma laboral. Trabajo, continúan las mismas fuentes, respondió a la comunicación y telefoneó a la Moncloa para manifestar su queja, puesto que Díaz lleva desde el 17 de marzo liderando el diálogo con los agentes sociales para alumbrar un nuevo marco en el mercado de trabajo. El hombre de la vicepresidenta segunda en la mesa con empresarios y sindicatos es el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey.

Este viernes, la crisis se destapó a las 9.30 horas. La líder de Podemos y titular de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, publicó un tuit en el que solicitaba una convocatoria “urgente” de la mesa de seguimiento del acuerdo de coalición para “abordar la gestión y ejecución” de los compromisos contraídos por los dos socios. Automáticamente, la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, telefoneó a Belarra para pactar la reunión y, como indicaban en la Moncloa, “bajar el balón al suelo” y echar agua al fuego. 

Lastra llamó a Belarra para quejarse por el tuit y acordar con ella la convocatoria de la reunión, "a principios" de la próxima semana

Los socialistas no esperaban el golpe en la mesa de Díaz vía Belarra. Lastra, de hecho, se confesó horas más tarde, en declaraciones a los medios en la inauguración del congreso del PSOE extremeño, “sorprendida” por el tuit de la ministra. Ni siquiera las dos versiones casan, porque los morados aducen que ya habían prevenido a sus socios de la petición. Estos lo niegan: no les pusieron sobre aviso, dicen.

Vigilancia de Bruselas

A Sánchez le pilló la crisis en Bruselas, donde además de participar en el Consejo Europeo se había reunido con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. El Ejecutivo comunitario vigila muy de cerca la reforma laboral que prepara el Gobierno, la ha exigido y tiene que estar lista, de hecho, antes del 31 de diciembre de este año. El presidente fue taxativo: es una ley “de todo el Gobierno”, que afecta, “al menos”, a cinco ministerios: Trabajo, por descontado, pero también Economía, Inclusión, Educación y Hacienda. 

"No hay intromisión [de Calviño], lo que hay es colaboración, coordinación, aporte por parte de todos los ministerios para que salga de manera efectiva una importante reforma", subraya Sánchez

“Por tanto, no hay intromisión [de Calviño], lo que hay es colaboración, coordinación, aporte por parte de todos los ministerios para que salga de manera efectiva una importante reforma que necesita nuestra economía y los trabajadores y empresarios de nuestro país”, respondió a los periodistas. El presidente justificó que el procedimiento es más “laborioso”, pero se ha mostrado más “efectivo” en leyes anteriores, como las de vivienda y la de Presupuestos. ¿Pero quién coordina los trabajos? ¿quién negocia?, se le preguntó. “Negocia el Gobierno, negocia el Gobierno”, insistió, para recalcar que no es materia exclusiva de Díaz. Sánchez dejó claro que Calviño no actuaba por libre: tenía su autorización: los distintos departamentos “tienen que “aportar, coordinarse”. “Y es la orden que he dado a todos los ministros de mi Gobierno”. 

Desde Trabajo explicaban a este diario que no hay un problema de “coordinación”, puesto que Díaz lleva pilotando las negociaciones desde marzo y ya están muy avanzadas. Alegan que siempre se han actuado “coordinados con Economía y con la Moncloa” en todo momento y en carpetas anteriores (ertes, subida del salario mínimo, componente 23 del plan de recuperación…) y que el equipo del presidente dispone de toda la documentación sobre la modificación de la legislación laboral. La clave, sostienen, es “quien coordina” las negociaciones con los agentes sociales. Que igual que no tendría sentido que Trabajo liderase las conversaciones sobre pensiones, tampoco lo tiene que sea Economía quien interfiera en la reforma laboral. Se apoyan, asimismo, en lo ocurrido con la ley de vivienda: quien llevaba las riendas era Transportes —antes, con José Luis Ábalos al frente, luego con Raquel Sánchez—, no Economía. Pero, en el tramo final, quien condujo el timón fue el titular de la Presidencia, Félix Bolaños. "Yolanda ha negociado todo este tiempo en nombre del Gobierno, claro que sí. No es cuestión de protagonismo ni queremos ningún lío, pero falta apenas un mes para que concluyan las negociaciones con los agentes sociales", señalan los suyos, quienes además agregan que, siguiendo el argumento del presidente, también podrían opinar más ministerios que los cinco citados por él, como Universidades o Igualdad, ambos controlados por Unidas Podemos.

Los puntos de disenso

Tras las declaraciones rotundas del presidente desde Bruselas, los morados preferían no especular sobre las razones que le llevaron a respaldar a Calviño. Pero advertían: “El problema con la reforma laboral lo tiene el PSOE, no Podemos, que tenemos muy claro que hay que derogarla”. 

Desde Ferraz y desde el núcleo de confianza de Sánchez se indicaba que el compromiso con la liquidación de la legislación del PP se cumplirá, y en el tiempo comprometido con Bruselas, pero que en este punto del proceso la coordinación debe recaer en Calviño porque han de participar varios departamentos. Atribuían la queja de Podemos a su obsesión por tener “foco” después de unos días fuera de él por el acuerdo institucional del Ejecutivo con el PP. “Que aprendan cómo funciona un Gobierno de coalición”, avisaban desde Ferraz. En el partido señalan que no se puede hablar de una derogación completa, porque no es posible regresar a la legislación anterior a la de 2012.

Los morados alegan que igual que no tendría sentido que Trabajo liderase las conversaciones sobre pensiones, tampoco lo tiene que sea Economía quien dirija las relativas al mercado laboral

El propio Sánchez no utilizó la palabra "derogación" en la clausura del 40º Congreso del PSOE, el pasado domingo, ni el lunes en la SER. Este viernes, en Bruselas, él hablaba de actualización de las normas laborales". No por casualidad. Sus palabras estaban conscientemente elegidas. El jefe del Ejecutivo se apoyaba en que así figura en el programa de coalición firmado en diciembre de 2019. Pero en ese texto se dice, literalmente: "Derogaremos la reforma laboral. Recuperaremos los derechos laborales arrebatados por la reforma laboral de 2012. Impulsaremos en el marco del diálogo social la protección de las personas trabajadoras y recuperaremos el papel de los convenios colectivos".

Precisamente uno de los focos de discrepancia entre los socios es la primacía del convenio de empresa sobre el del sector que consagró la reforma de Mariano Rajoy. Los morados quieren eliminarla, pero esa no es la tesis de Calviño, que apuesta por que haya elementos de flexibilidad en el mercado de trabajo. Ella misma, tras participar en el 12º Congreso Confederal de CCOO, este jueves, fue bastante tibia: solo ha habido "contactos preliminares" con los agentes sociales. Más aún, emplazó a todos a superar el debate entre reformas y contrarreformas en materia de empleo: recetó "mirar al futuro", abordando un paquete "equilibrado" de cambios que modernicen y europeícen el mercado de trabajo.

Nueva composición de la mesa

En la Moncloa ponen el acento en que, en efecto, esta es la primera crisis grave de la coalición que tiene que gestionar Díaz, y que los socialistas no pretenden "apagar" a Unidas Podemos, aunque sí le recuerdan que debe ser "consciente de su fuerza" como aliado minoritario del Gabinete.

Desde la parte mayoritaria del Gobierno se intentaba trasladar una sensación de "normalidad". La coalición "goza de muy buena salud" y "en absoluto peligra", y la prueba, razonaban, es que se han acordado leyes y medidas importantes, como la subida del salario mínimo, las leyes de Universidades y de FP o la de vivienda —que previsiblemente saldrá del Consejo de Ministros el próximo martes— o los Presupuestos de 2022. "El grado de cumplimiento del pacto es muy alto. Ahí está la retahíla de iniciativas sociales y con satisfacción por ambos socios", indicaban en la Moncloa. En el equipo de Díaz tampoco anticipan el fin del Gabinete, pero sí advierten de que la disputa se tiene que reconducir: "No puede ser que Economía asuma competencias del Ministerio de Trabajo. No somos tremendistas pero este es un tema muy sensible para la coalición y tiene que derogarse la reforma del PP".

Lastra, que se confesó "sorprendida" por el tuit de Belarra, anunció la delegación socialista: Bolaños, Montero, Gómez y ella misma

La composición de la mesa de seguimiento de los acuerdos cambia porque cambió el Ejecutivo. Lastra, desde Mérida, adelantó quién formará parte esta vez de la delegación socialista: los ministros de la Presidencia y de Hacienda, Félix Bolaños y María Jesús Montero; el portavoz parlamentario socialista, Héctor Gómez, y ella misma como vicesecretaria general. Unidas Podemos aún ha de decidir su alineación. En caso de que el conflicto no se encauce, la última llave la tienen los líderes, Sánchez y Díaz, como ocurrió con los PGE y la ley de vivienda.

A última hora de este viernes, ambos no habían hablado, según indicaban en el equipo de la vicepresidenta. La tensión, pues, seguía en máximos, crecida además por la anunciada querella de Podemos contra la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, por presunta prevaricación, por despojar de su escaño al dirigente Alberto Rodríguez. El portavoz parlamentario morado, Pablo Echenique, intentó por la noche no avivar las llamas: a lo que aspiran en la reunión de la próxima semana es a “reparar la disfunción” en el Ejecutivo, señaló en una entrevista en 'Hora 25', en la SER. Pero este sábado interviene Díaz en el cónclave de CCOO y en su entorno anticipan que dejará "las cosas muy claritas". Las próximas horas serán cruciales para la reconducción del conflicto.