El juez del caso Taula ha imputado al Partido Popular como persona jurídica por beneficiarse del presunto pitufeo (blanqueo de capitales en pequeñas cantidades) cometido durante las elecciones de 2015 y que se investiga en esta macrocausa de corrupción de once piezas separadas. El magistrado ha notificado hoy el auto de procedimiento abreviado que finiquita la investigación iniciada en 2015 y deja al borde del banquillo a casi medio centenar de concejales y asesores durante la etapa de Rita Barberá al frente del Ayuntamiento de Valencia, según ha podido saber Levante-EMV, diario perteneciente al mismo grupo de comunicación que este medio, de fuentes conocedoras de los hechos.
También se investigará en la causa al exvicealcalde de València, Alfonso Grau, actualmente en prisión por el caso Azud, por el presunto delito electoral cometido durante las elecciones de 2007 y 2011 en las que el PP que dirigía Rita Barberá tuvo su propia Gürtel y recurrió presuntamente a la financiación ilegal de sus campañas electorales mediante donaciones de empresas contratistas del Ayuntamiento de Valencia a través de las organizadoras de las campañas electorales Laterne Product Council en 2007 (propiedad de Vicente Sáez, ya fallecido) y de Trasgos Comunicación en 2011 propiedad de Antonio Payá.
Entre los exconcejales y asesores o exasesores que se sentarán en el banquillo están Alfonso Novo, Mayrén Beneyto y su hermano, Beatriz Simón, Vicente Aleixandre, Maria Àngels Ramón-LLin, Félix Crespo, Lourdes Bernal, Luis Salom y la secretaria del grupo municipal popular durante varias décadas Mari Carmen García-Fuster. El auto también incluye la reapertura de la causa para el exconcejal Miquel Domínguez a quien se investigó en el TSJCV por su condición de aforado en esta causa y que se archivó, pero que ahora el juez del caso Taula vuelve a "repescar".
Para el magistrado que ha instruido la causa, "los hechos investigados revelan de un modo diáfano que durante el periodo temporal 2006-2009 el Partido Popular de la ciudad de València ingresó y destinó a las campañas electorales una cantidad de dinero y recursos muy superior a la establecida legalmente, especialmente en la de 2007, mediante procedimientos clandestinos de financiación que vulneraban la legislación".
Y añade que "esta actividad opaca, aparentemente, a la estructura nacional del Partido Popular, fue llevada a cabo por personas en el círculo más estrecha de confianza de la entonces alcaldesa", asegura en referencia a Rita Barberá, no incluida en esta causa porque iba a ser juzgada en el Tribunal Supremo, por su condición de aforada como senadora, aunque falleció tras declarar por primera vez en el alto tribunal. Junto a Barberá el magistrado del caso Taula considera que el exvicealcalde Alfonso Grau "actuaba de recaudador de recursos económicos sustraídos a la regularidad y transparencia contable" junto a la secretaria del grupo municipal, Mari Carmen García-Fuster, "que administraba esos recursos".
