La decisión, no obstante, no ha sido unánime. Dos magistrados, de los siete que han formado el tribunal, Antonio Jesús Fonseca y José Luis Requero, han votado en contra de esa decisión y han anunciado que emitirán voto particular. La decisión la ha adoptado la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso. La sentencia íntegra se conocerá en los próximos días.

La decisión de rechazar los recursos sin entrar en el fondo, con el argumento de que ni Vox ni el PP tienen legitimación para recurrir el nombramiento, se convierte en un aviso a navegantes ante cualquier intención de los partidos de tratar de que el Tribunal Supremo se convierta en una nueva Cámara legislativa al revisar las votaciones legislativas en las que se quedaron en minoría y, por tanto, no comparten.

Quizá por eso el secretario de Justicia e Interior del PP, Enrique López, se apresuró a anunciar que recurrirá la decisión en amparo ante el Constitucional, porque "cómo no va a estar legitimados un partido político para impugnar el nombramiento de una persona que hasta ese momento había sido ministra y diputada", afirmó.

Fuentes de la Sala han señalado a este diario que para argumentar la falta de legitimación la sentencia aludirá a la propia jurisprudencia de este órgano, que habitualmente viene inadmitiendo recursos en este sentido. También se contestará específicamente a lo que invocan las demandas sobre la legitimación, añaden las mismas fuentes.

Solo 7 magistrados

Este asunto ha sido debatido por la Sección Cuarta de lo Contencioso del alto tribunal, seis magistrados a los que se ha unido el presidente de esta Sala, César Tolosa dada su trascendencia. Tolosa rechazó llevar el asunto al Pleno, que integran casi una treintena de magistrados, pese a que formalmente dicha posibilidad había sido solicitada por nueve de ellos. 

Finalmente, la cuestión planteada no ha superado el obstáculo referido a la legitimación que tienen o no los partidos políticos para impugnar decisiones del Gobierno. La mayoría del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) avaló su elección como fiscal general el pasado 16 de febrero, si bien siete de los integrantes del órgano de gobierno de los jueces argumentaron en un voto particular que no era "idónea para desempeñar" la jefatura del Ministerio Público, una circunstancia a la que se agarraron los recursos del PP y Vox, pero que finalmente no ha llegado a valorarse.

Salvando las distancias, la legitimación de los recurrentes también tendrá una especial trascendencia a la hora de que el Supremo se pronuncie sobre los recursos presentados contra los indultos del 'procés', cuya decisión final no se espera hasta entrado el año próximo. Teniendo en cuenta la postura adoptada con respecto a Delgado, cabe esperar que los argumentos presentados por siete partidos y asociaciones diferentes contra la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez tampoco entre a valorarse en el fondo.

Los recurrentes, PP y Vox, expresaban en sus recursos dudas sobre la idoneidad y equidad de Delgado para dirigir el Ministerio Público. En el recurso del PP se argumenta concretamente que el trabajo de la fiscal general es susceptible de afectarle «en torno a los diferentes procedimientos judiciales en curso» en los que los populares son parte».

La Abogacía del Estado ya había argumentado sobre este asunto, en los trámites iniciales de los recursos, que el Supremo ni siquiera debería entrar a resolver sobre el fondo de esta cuestión porque «la invocación de la libertad individual, el Estado de Derecho, el imperio de la Ley, la independencia de la Justicia y el sistema democrático, que invoca el partido político recurrente, no confiere ningún título que legitime la interposición del presente recurso contencioso-administrativo». La propia Delgado, que está personada de forma individual, solicitó la desestimación.