Está ya el proyecto de nuevos presupuestos en el Congreso y se nota la tensión. Los pasillos y despachos de la zona de los grupos parlamentarios son estos días un ajetreo de idas y venidas, de móviles que suenan, de diputados que se quedan de pronto parados contestando mensajes. Hay que negociar las cuentas de 2022. El Gobierno y el PSOE se juegan mucho con su aprobación, entre otras cosas la satisfacción del presidente, Pedro Sánchez. Es obligado evitar derrotas políticas y fallos en las votaciones, justo lo que ha estado en juego el jueves en la Cámara.
Lo ha conseguido el Ejecutivo porque ha salvado los decretos de la factura de la luz y de la prórroga de los ERTE hasta el 28 de febrero del año que viene y ha sorteado las peticiones de veto de PP, Vox y ERC a los proyectos de ley de emisiones de dióxido de carbono y de memoria democrática. Misión cumplida. Chute de euforia.
No todas las iniciativas estaban en entredicho, pero sí dos al menos. El último decreto de medidas para atajar la subida de la factura eléctrica ha sido convalidado, es decir, avalado. Además, gracias a un acuerdo cocinado durante la mañana, la coalición ha evitado la tramitación como proyecto de ley, procedimiento parlamentario que abre la puerta a modificaciones de la redacción inicial. También seguirá su camino el proyecto de memoria democrática por los cruces de votos entre los grupos que rechazan el contenido. Ni PP y Vox han apoyado la enmienda a la totalidad de ERC, ni ERC ha apoyado las de PP y Vox, así que los partidos de la coalición se han salido con la suya y podrán a partir de ahora negociar cambios puntuales.
Éste último punto, de hecho, ha generado el debate más áspero porque el portavoz de los independentistas catalanes en el Congreso, Gabriel Rufián, no ha escatimado dureza ni palabras gruesas. Ha acusado al Gobierno de "cobardía" y de haber presentado una ley que es "una vergüenza", básicamente porque la propuesta, al menos en su estado actual, ni considera ilegal la dictadura franquista ni establece umbrales de pago de indemnizaciones o de reclamaciones patrimoniales. La medida del Gobierno, la ley estrella de Carmen Calvo mientras fue vicepresidenta primera y ministra de Presidencia, es un avance respecto a la norma vigente, de 2007, la aprobada por José Luis Rodríguez Zapatero, pero también insuficiente, a criterio del grupo republicano.
A ERC, en resumen, no le gusta el proyecto del Gobierno y ha hecho ostensible su malestar este jueves. Pero los representantes de la coalición sabían que esto iba a pasar. Hace poco se vieron Rufián y el sucesor de Carmen Calvo, el ministro Félix Bolaños, y entonces se intercambiaron reproches. Del mismo modo que en el Ejecutivo conocieron la presentación de la petición de veto antes de su registro, también supieron de la advertencias de Esquerra antes del debate. Esto en política se llama "discrepancia pactada".
Porque ni para el Gobierno, ni para el PSOE, ni para la formación catalana corren peligro otras negociaciones; tampoco, por tanto, corre peligro una alianza que ambas partes califican como leal y honesta. Los presupuestos de 2022 serán una prueba, sobre todo porque la Mesa de Diálogo ya está formada y ERC anda estos días con un difícil equilibrio entre lo que tiene que decir y lo que debe hacer. Decidió cuando comenzó la legislatura que en el Congreso serían un partido relevante.
La luz y Teresa Ribera
La vicepresidenta tercera, responsable del Ministerio para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha intervenido dos veces este jueves. La primera para defender la validez del decreto 17/2021 de "medidas urgentes para mitigar la escalada de precios del gas natural", en palabras de la ministra. La época no es fácil, no en balde el precio navega por máximos históricos, y las soluciones que promueve el Gobierno no terminan de producir el efecto esperado. "Nuestra convicción es que no es viable mantener precios de escasez de manera prolongada", ha afirmado. "Es importante minimizar el contagio del gas en la electricidad", ha asegurado más adelante.
Son dos aseveraciones que ilustran la intención del Ejecutivo, hasta la fecha eso: una intención. La aproximación del invierno y la situación del mercado gasístico no auguran una relajación de los precios. "Confiemos en que se trate de efectos temporales", ha dicho Ribera. "El Gobierno sigue trabajando para dar respuesta a las familias vulnerables, a la industria y a los inversores". Intenciones. Al menos intenciones basadas en medidas ambiciosas, puesto que Sánchez, con el decreto y las bajadas fiscales que conlleva, está dejando de ingresar en el erario unos 4.000 millones de euros.
El PP rechaza del decreto, Vox también, y Cs, UPN y Foro. Es decir: lo previsto. Sin embargo, Unidas Podemos, ERC, EH Bildu, Teruel Existe, Más País, PRC, etc. lo han apoyado. En otras palabras: la mayoría, y eso que el PNV se ha abstenido. Resultado: decreto a salvo.
Díaz y un apoyo incontestable
El decreto que ha pasado sin despeinarse por el Congreso ha sido el de la prórroga de los ERTE hasta febrero de 2022. Lo ha defendido la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ministra de Trabajo.
El punto básico que ha hecho posible ese altísimo nivel de respaldo ha sido precisamente el nivel de respaldo con el que ya contaba el decreto antes de su aprobación en el Consejo de Ministros: el de la patronal y el de los sindicatos. Por ello, partidos como PP, Cs y UPN se han decantado por el sí. Y el PNV.
La vicepresidenta, por si quedara alguna rendija para la duda, ha esgrimido una serie de datos sobre las bonanzas de los ERTE, el instrumento que ha salvado del desastre a miles de familias y a cientos de empresas. Un año y medio después del estallido de la pandemia, sólo quedan bajo el paraguas de esta herramienta unos 230.000 trabajadores, la mayoría pertenecientes a empresas del sector turístico, en el que la normalidad no se ha restablecido completamente. Pero casi tres millones y medio de los trabajadores que se acogieron al ERTE han regresado a sus puestos.
El de este jueves ha sido un buen balance parlamentario para el Gobierno. Ha sido como ese último partido de pretemporada que deja al equipo con una sensaciones buenísimas antes de que empiece la competición oficial, la decisiva, la que marca el éxito o fracaso de una temporada completa. En el Congreso, lo que está a punto de empezar es la negociación de los Presupuestos de la "recuperación justa". El Ejecutivo tiene mucho trabajo por delante.
