El Ministerio de Justicia dirigido por Pilar Llop no tiene entre sus prioridades más inmediatas impulsar la "histórica" reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) presentada por su antecesor, Juan Carlos Campo, que buscaba superar la decimonónica norma de Alonso Martínez e igualar a España con los países de su entorno en el sistema de investigación de los delitos.
Este parón en el proyecto lo han confirmado a El Periódico de España fuentes del órgano de gobierno de los jueces, a quienes se ha transmitido por parte del Gobierno que no deben tener prisa alguna a la hora de elaborar el informe que se encuentra pendiente de realizar sobre el Anteproyecto que presentó del anterior ministro. La propuesta que atribuye la instrucción de los delitos a los fiscales fue presentada el pasado mes de noviembre y está siendo sometida a información pública desde enero.
Todo ello hace aventurar que la reforma estrella del segundo Ministro de Justicia de Sánchez puede terminar en un nuevo fiasco -al igual que pasó con los intentos de reforma procesal de Antonio Caamaño o Alberto Ruiz-Gallardón- y no llegar a tiempo a las Cortes para su tramitación y aprobación en la presente legislatura.
Si se hacen las cuentas, y con el horizonte de agotamiento de la legislatura en diciembre de 2023, para que un proyecto de la envergadura del presentado por Campo pudiera alcanzar su aprobación a tiempo en las Cortes debería obtener todos los informes preceptivos, ser revisado y presentado el proyecto definitivo a las Cortes como muy tarde en un año. Si los planes del Gobierno pasan por frenar este trámite, o al menos por no darle prioridad, la posibilidad de que la norma esté aprobada a tiempo disminuyen.
Llop ni la menciona
La situación parece haber sido formalizada por la propia ministra, quien en su comparecencia en el Congreso el pasado 9 de septiembre apenas dedicó unos minutos al Anteproyecto presentado, pese a decirse "continuista" de la política de Campo. Las fuentes consultadas destacan que empleó más minutos en defender otros proyectos como la Ley Concursal.
El pasado 5 de octubre, cuando respondía en el Senado a una pregunta específica sobre las prioridades de su cartera, Llop habló de la agenda 2030, la necesidad de un pacto para la inmediata reforma del CGPJ y de cohesión social y territorial, pero ni mencionó la reforma de la LECrim.
Al órgano de gobierno de los jueces ha llegado también noticia de la inminente creación de una comisión de expertos que volverá a dar un repaso a la norma, lo que se traduce como una decisión del Gobierno de meter este asunto en un cajón.
En el seno del Consejo y en distintos ámbitos judiciales ya se habla de una nueva oportunidad perdida por reformar de una vez el proceso penal en España dentro de una ley "integral" que no trata solo sobre transferir la investigación a los fiscales, sino que afecta a otros aspectos del proceso que afectan a derechos de los ciudadanos como es el tratamiento del imputado incapaz.
Por el momento, siete vocales del no renovado CGPJ siguen trabajando en el proyecto y cuentan incluso con aportaciones reclamadas el pasado mes de abril a magistrados de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, de la Sala de apelaciones de la Audiencia Nacional y de las secciones de apelación penal de los tribunales superiores de justicia. La última prórroga para poder seguir trabajando en el texto se solicitó antes del verano (un aplazamiento hasta julio) desde entonces Justicia no ha vuelto a preguntar por el informe.
Aviso de los fiscales
El Anteproyecto inicial cuenta además con un informe muy negativo por parte de la Fiscalía, del que forman parte los funcionarios a los que más directamente se dirige la reforma porque según la propuesta asumirán la instrucción penal dejando a los jueces el papel de garantes de los derechos fundamentales de los investigados.
Así, papel dado a los jueces por el texto de Campo resulta excesivo para los fiscales, y la propia fiscal general, Dolores Delgado, señaló al presentar su dictamen que se le mantiene como un "tutor de la investigación" con funciones "exorbitantes".
Otros fallos del texto, según los principales actores que deberían aplicarlo, pasan por el hecho de que el Anteproyecto vea innecesario aumentar la plantilla de fiscales y por olvidar medidas para la agilización de las causas. Ante la falta de prisa por el dictamen del CGPJ, podría aventurarse que el Ministerio a cuyo frente se encuentra Llop podría estar estudiando importantes cambios en el texto inicial del equipo de Campo.
Prioridad para la ley de eficiencia
Otros proyectos sí parecen ser de mayor interés para el Gobierno como es, según las mismas fuentes, la nueva Ley de Eficiencia Organizativa, cuyo Anteproyecto fue presentado el pasado mes de abril y que crea los tribunales de instancia, ahondando según manifestó el ministro Campo en la "democracia interna del Poder Judicial".
Los tribunales de instancia sustituirán la estructura unipersonal de los juzgados por un sistema colegiado y la propuesta inicial fija un total de 431, tantos como partidos judiciales, respetando de esta forma la actual distribución territorial de la justicia en España. El Anteproyecto regula igualmente la oficina judicial y las oficinas de justicia en los municipios.
Actualmente cuatro vocales del CGPJ trabajan en el informe sobre este Anteproyecto (Juan Martínez Moya, Rafael Mozo, Álvaro Cuesta y Ángeles Carmona) que están ultimando y confían poder llevar al Pleno de este órgano previsto para octubre, salvo una sorpresiva renovación del órgano que ya casi nadie espera.
