La Fiscalía informó al Rey emérito a través de su abogado, Javier Sánchez-Junco, de la apertura de las diligencias de investigación abiertas en su contra, para dilucidar si cometió algún tipo de delito por el que deba interponer una querella o, por el contrario, descarta la conducta irregular y procede el archivo de las actuaciones, antes de que se produjeran sus dos regularizaciones fiscales. En principio, una regularización fiscal para conjurar la imputación por un delito debe ser "espontánea, veraz y completa". Pero las cosas no son tan sencillas en una investigación penal y más cuando la persona investigada es el jefe del Estado, que, independientemente del futuro que le espere a esas diligencias, ya ha pagado a la Hacienda pública cinco millones de euros.

Como adelantó El Periódico de Cataluña, diario que pertenece a este grupo, Prensa Ibérica, la Fiscalía informó oficialmente a principios de noviembre de 2020 al rey Juan Carlos, a través del bufete de su defensa de las diligencias de investigación abiertas y, en concreto, de la relativa al uso de tarjetas a nombre de quien había sido su ayudante de campo, el coronel del Ejército del Aire Nicolás Murga, alimentadas con el dinero de Allen Sanginés-Krause. Con esa notificación en su poder presentó en Hacienda los 678.393 euros con los que realizó su primera regularización.

La primera notificación se produjo en junio de 2020, según informó este lunes 'El País'. Fue por los 65 millones de euros que la monarquía saudí le entregó por la construcción del AVE a La Meca, según se oyó a su examante Corinna Larsen contar al excomisario José Manuel Villarejo. Al solicitar la ayuda de las autoridades suizas, que investigan la actuación de sus bancos al ingresar este dinero en cuentas de fundaciones, el ministerio público español se refirió a Juan Carlos I como comisionista internacional.

Rueda y viajes

De la apertura de las terceras diligencias, estas por un depósito en el paraíso fiscal de Jersey, se informó en rueda de prensa por la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, y el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, que se incorporó así al equipo de fiscales encabezado por el teniente fiscal, Juan Ignacio Campos, a cargo de las pesquisas.

Ninguna de las diligencias obedecen, al menos en lo que se ha conocido, al motivo de la segunda regularización que hizo el emérito por casi 4,4 millones de euros. Fue por los gastos por más de ocho en viajes sufragados por la fundación Zagatka de su primo Álvaro de Orleans, que declaró como testigo ante los fiscales españoles. Así esta puesta al día con el fisco cumpliría con el requisito de espontaneidad, pero hace dudar de que la primera fuera "completa y veraz", como es obligado para evitar el delito.

Para Carlos Cruzado, presidente del sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha), "habrá que estar al contenido concreto de las notificaciones, cuyo contenido no está claro. Si de las notificaciones se puede deducir que se están investigando posibles delitos fiscales, y los hechos a los que afectaría, eso podría dejar sin efecto la primera regularización". También debe tenerse en cuenta, añade, si la fiscalía "tiene o no la obligación de incluir una calificación jurídica de los hechos investigados en esa comunicación de apertura de diligencias".

Para el caso de la segunda notificación de fiscalía, "si el aviso no hacía referencia a la fundación Zagatka y a sus supuestos pagos de viajes y servicios, difícilmente se podría considerar que tuviera efectos para frenar la segunda regularización".