Con todos pendientes de sus palabras, el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lemes, se tomó su tiempo para reivindicar, ante el rey Felipe VI, la independencia judicial y se mostró prácticamente tan duro a la hora de defender que la justicia "nunca ha sido un obstáculo para la paz", ni siquiera cuando se intentó contraponer la concordia frente a los indultos de los líderes del 'procés', como a la hora de renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que reclamó quede al margen de la lucha partidista.

Tras mostrar su respaldo a la labor de los jueces, en general, y del Supremo, en particular, al impartir justicia, como "instrumento fundamental para salvaguardar el orden público y por ende la convivencia pacífica entre los ciudadanos", pidió que que el Consejo "desaparezca del escenario de la lucha partidista y que las fuerzas políticas concernidas, con patriotismo constitucional y generosidad, alcancen en las próximas semanas el acuerdo necesario para la renovación", que debió producirse en diciembre de 2018.

Actuación sin dependencia

En este sentido, Lesmes, que se ha despedido por cuarta vez, recordó que se ha dirigido hasta en seis ocasiones a los presidente del Congreso y del Senado para poner fin "a la anormal situación en la que se encuentra el CGPJ", creado precisamente siguiendo el modelo de otros países para defender la independencia judicial y cuya actuación goza, "por voluntad constitucional, de plena autonomía respecto a los demás poderes públicos sin que medie vinculación de dependencia política alguna de las Cortes".

Ante la ministra de Justicia, Pilar Llop, el presidente del Senado, Ander Gil, y el líder del PP, Pablo Casado, y el portavoz del partido, José Luis Martínez Almeida, entre otros altos cargos, como el presidente del Constitucional, Juan José González Rivas, Lesmes les recordó que la situación "resulta insostenible para la judicatura y la propia sociedad", pero no cargó las tintas contra ningún partido concreto y prefirió repartir responsabilidades.

La obligación de renovar en su momento las instituciones, entre ellas el CGPJ, dijo su presidente, "es extensible a las fuerzas políticas allí representadas, sin que un deber que dimana de la propia Constitución pueda subordinarse en cuanto a su cumplimiento a razones de oportunidad política, cuales quiera que estas sean, pues no hay mejor forma de defender al Constitución que procurando su cumplimiento". Un comentario que recordó a los peregrinos argumentos utilizados por el principal partido de la oposición para negarse a renovar, entre los que ha figurado incluso la proximidad de ciertas citas electorales.

No actúa por revancha

Y si esa critica se dirigía al PP, la siguiente tenía como destinatario el Gobierno de coalición y se sumaba a la que ya le había hecho en relación con los indultos cuando le recordó que la justicia no actúa por "revancha o con el sentimiento de rencor, pues juzgar en dar a cada uno lo suyo de acuerdo con las leyes", cuando se refirió a "la urgencia" de la reforma que se ha realizado sobre el funcionamiento del Consejo, por la que se le impidió que siguiera haciendo nombramientos con el mandato caducado.

Añadió que "se ha querido fundamental en una pretendida pérdida de confianza parlamentaria de la institución, como ocurre con el Gobierno en funciones, ignorando que el Consejo goza, por voluntad constitucional, de plena autonomía respecto de los demás poderes públicos". En este sentido, insistió en que "la necesaria justificación de la necesaria renovación del Consejo no resulta del cambio de composición de las Cámaras, como algunos sostienen, sino exclusivamente de la finalización del plazo del mandato establecido en la Constitución".

Como resumen, aseguró que "unas y otras acciones conducen inexorablemente al debilitamiento de la legítima función constitucional del Consejo como garante de la independencia". Como muestra de la necesidad de la renovación del Consejo recordó que ya son 11 las vacantes que se acumulan en el Tribunal Supremo, cuya plantilla es de 79 magistrados.

Lamentó que esta situación de "anormalidad" se esté produciendo sobre todo en un contexto de pandemia, que "exige un extraordinario esfuerzo de adaptación a los nuevos tiempos y que, de manera concreta demanda de todos los órganos jurisdiccionales -también el CGPJ- una total plenitud de funciones y una absoluta disponibilidad de todos los efectivos y de todas las energías posibles, para continuar con una eficaz defensa del Estado de derecho".

La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, no quiso acabar su discurso sin una referencia a los riesgos que puede acarrear que la justicia "se convierta en un campo de batalla política", con el consecuente deterioro al servicio público que presta.