No se había posado aún sobre Manhattan la nube de polvo y ceniza de las torres gemelas cuando los servicios de inteligencia de Occidente, y entre ellos las Fuerzas de Seguridad españolas, comenzaron a demandar información fresca sobre Afganistán. Veinte años después, de nuevo se hace perentorio adquirir información sobre lo que pasa en el país centroasiático que fue refugio de Al Qaeda; y muy principalmente en España, el 'hub' europeo para la acogida de refugiados afganos, territorio susceptible de que la vuelta del emirato talibán afecte a la seguridad local.
Para una elevación de la alerta antiterrorista, de momento descartada, son necesarios los puntos de vista previos de las fuentes que maneja la Secretaría de Estado de Seguridad. “Los expertos tanto de Policía Nacional como de Guardia Civil y de la Secretaría de Estado elevan numerosos informes a diario”, confirman fuentes del Ministerio del Interior. Son datos de "evaluación del peligro potencial". Esos expertos, desde poco antes del pasado 10 de agosto, “monitorizan la situación generada por los acontecimientos sucedidos en Afganistán de forma permanente”, afirman estas fuentes. Sin embargo, esta es solo una parte de la lucha antiyihadista en España.
Mirar en las celdas
El otro punto de acción actual de las fuerzas de seguridad está tanto en las calles como en las prisiones, para cortar la ascendencia doctrinaria de líderes o “mindhunters” (cazadores de mentes) sobre otros presos musulmanes más débiles. Algo más de 250 internos captables por el integrismo -más de la mitad por delitos contra la salud pública- están bajo control.
El 13 de mayo, la Guardia Civil desarticuló un grupo de radicalizados con tres detenciones de las seis practicadas este año en centros penitenciarios, una de ellas en el de Teixeiro (A Coruña). El grupo tenía conexión con el exterior: el 16 de abril había caído en Murcia II otro captador y, relacionado con este, otro detenido en Ceuta que ya estuvo entre rejas por haber hecho proselitismo del Daesh en el Barrio del Príncipe de Ceuta.
Los duros del grupo hacían grafitis con el lema del ISIS para “marcar” territorio en la prisión, cuentan funcionarios penitenciarios. “Primero aparecen pintadas, luego desaparecen... pero ya un preso musulmán se te vuelve raro, luego otros…”, explica una de estas fuentes ese tipo de consignas, aparecido por primera vez en 2017 en la cárcel madrileña de Estremera.
Así es el proceso que tratan de atajar los Grupos de Seguimiento y Control de Instituciones Penitenciarias. Su objetivo no es numeroso. En este momento, de una población de 47.000 presos, solo 100 lo son por terrorismo islámico. De ellos, 61 son condenados y 39 son preventivos. Ninguno está en una prisión catalana.
La vigilancia intramuros ha funcionado, al contrario que el programa de desradicalización de Interior. Solo dos presos yihadistas siguen tratamientos educativos para abandonar su fanatismo violento, y la mayoría lo deja. “No es fácil convencer a quien ha intentado asesinar en el nombre de Alá y no siente culpa alguna”, resume una fuente penitenciaria. Interior está revisando el programa con ayuda de expertos y pretende poner en marcha próximamente otra fórmula de tratamiento.
La pista del abono
Aún no había caído Kabul cuando patrullas de la Guardia Civil visitaban una por una tiendas de jardinería y almacenes de abonos de agricultura. La campaña continúa. Los guardias recuerdan a los dueños que deben avisar si le llegan compradores no habituales pidiendo mucho fertilizante. Con el nitrato de amonio que lo compone y ciertos combustibles los terroristas fabrican 'anfo', el explosivo que voló un edificio y sus ocupantes en Oklahoma en 1995.
La experiencia catalana aconseja extremar la vigilancia sobre los comercios. Los terroristas del 17-A compraron sin control agua oxigenada -otro precursor de explosivos de venta limitada pero, como se vio, no bien controlada- para fabricar un tipo de bomba bautizada por el integrismo islámico como ‘madre de Satán’.
La prevención policial intenta atajar dos tipos de escenario, informan fuentes del CITCO (Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado): el “golpe mayor” –concentración de medios y varios terroristas, comúnmente con entrenamiento militar, para un ataque generalmente urbano- y el “golpe menor”, el ataque de un terrorista solitario, a menudo con un simple cuchillo, con menos víctimas que el golpe mayor, pero con muy alto efecto de dispersión del terror por lo inopinada e imprevisible de su violencia.
Alerta 4
Desde el 11S, España ha sufrido dos ataques terroristas islamistas graves en Madrid y Barcelona (11-3-2004 con 193 muertos y 17-8-2017 con 17), además de otros planes frustrados para volar la Audiencia Nacional con un camión-bomba (2003), o atacar el Camp Nou con un dron explosivo (2020).
Llevamos más de seis años en alerta antiterrorista 4. El NAA (Nivel de Alerta Anti Antiterrorista) no varía en España desde el 26 de junio de 2015. Subió a 4 después de un 'Informe de Valoración' (IV los llaman en Interior) sobre la amenaza acumulada tras dos atentados integristas islámicos en Kuwait y Somalia y, sobre todo, el ametrallamiento de turistas ese mismo día en la playa tunecina de Susa. Seis meses antes, el 7 de enero, había sido atacada la revista 'Charlie Hebdo'.
'Patrullaje' en redes sociales
El Plan de Prevención y Protección Antiterrorista, el instrumento normativo para la determinación del nivel de alera, nació con tres niveles el 9 de marzo de 2005. Desde entonces España ha estado seis veces en nivel 1, cinco en nivel 3 y diez en el nivel 2. El 27 de mayo de 2015 cambió el plan, estableciendo cinco niveles. La mayor parte del tiempo transcurrido desde la primavera de 2005 lo ha pasado este país en el segundo escalón de alerta: 79 meses han pasado ya en un grado de alta vigilancia de infraestructuras críticas, centros de decisión, centros sanitarios, multitudes y suministros, multiplicando Interior su red de ojos incluso con los guardas privados de las empresas y 'hubs' de transporte.
Esa prevención policial se complementa con patrullajes en las redes sociales, donde los adoctrinadores y la propaganda yihadista están migrando: la victoria en Afganistán ya no se vende en 'whatsapp', ni Telegram, ni Facebook, ni Twitter. Europol visitó a los administradores de esas redes para advertirles de lo que albergaban.
Ahora los vídeos de matanzas de militares de la ANA (Autoridad Nacional Afgana) este verano por talibanes se refugian en Snapchat y TikTok, según las mismas fuentes. Es el mismo espacio virtual que acoge fotos jactanciosas de integristas afganos posando con material militar y sofisticado que dejó la ANA después de que 309.000 soldados teóricamente bien armados y formados por EEUU huyeran ante 75.000 guerrilleros cuya principal arma, más que el kalashnikov, ha sido su fanatismo.
