El 'Govern Alternatiu' del PSC cumple 100 días en la sombra como contrapeso y órgano fiscalizador del Ejecutivo catalán liderado por el president Pere Aragonès con el lanzamiento de un plan de gobierno. Los socialistas se han conjurado en el Monestir de les Avellanes de Os de Balaguer (Lleida) para aprobar una guía de actuaciones desde la oposición que consta de cuatro ejes: el desarrollo económico, los derechos de la ciudadanía, la transición ecológica y el federalismo que inquiere en la vía del diálogo para el reencuentro entre catalanes.

Ante la próxima cita de la mesa entre gobiernos la tercera semana de septiembre, y a la espera de confirmar la adjudicación de asientos, la portavoz del partido, Alicia Romero, ha sostenido que vería con "satisfacción" que el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, participara en el encuentro en Barcelona. Al tratarse de una "mesa entre gobiernos", será el presidente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, quien decidirá quién compone la delegación por su parte, aunque si finalmente Iceta está en la lista el PSC se sentirá "cómodo" y "muy satisfecho", ha dicho.

No ha querido polemizar sobre el hecho de que el Gobierno aparque una reforma del Código Penal para atenuar las penas relacionadas con los delitos de rebelión y sedición, y ha justificado que Sánchez está todavía "a mitad de la legislatura" y tarde o temprano se "llevará a cabo" esta iniciativa.

Una reforma de la financiación

Romero ha anunciado que propondrán 29 iniciativas legislativas en el Parlament para que se saquen adelante antes del 2023 que forman parte de las 202 medidas previstas en el documento. Pero, entre las medidas estrella, destaca la propuesta para impulsar una reforma del sistema de financiación autonómica para que Catalunya, así como otras autonomías, puedan recibir más recursos. "Ya que el Govern no lo hace, ni asiste a las reuniones, ni parece que tenga voluntad de realmente negociar con el Gobierno un nuevo sistema de financiación, nosotros sí empezaremos a trabajar una propuesta que podamos acordar con otras Comunidades Autónomas como las Islas Baleares o la Comunidad Valenciana", ha espetado Romero, recordando el 'tour' de su jefe de filas, Salvador Illa, por estas autonomías así como sus viajes a Aragón o Euskadi.

18.406 kilómetros

"Hemos propuesto cuatro pactos al Govern, hemos visitado cuatro comunidades autónomas y nos hemos reunido con cuatro presidentes autonómicos", ha deslizado la también diputada en la Cámara catalana, sacando pecho de su proyección como una oposición constructiva para "superar una década perdida" por el 'procés'. "La CUP no puede marcar la línea del Govern y condicionar las políticas en Cataluña [...] Hay que aumentar el progreso desde el punto de vista económico y social", ha remachado. Romero ha lamentado que el choque entre ERC y Junts pueda paralizar la "puesta en marcha" del Ejecutivo que, a su juicio, queda probado por la falta de presupuestos para el 2021.

Una medalla que divide

La decisión de la Mesa del Parlament de conceder la Medalla de Honor a las "víctimas de la represión" del 1-O, a propuesta de la presidenta de la Cámara Laura Borràs, no ha sentado bien en las filas socialistas que, pese a respetar su decisión, denuncian que no representa a todos los catalanes y que "fomenta" la división, por lo que no acudirán al acto oficial del 10 de septiembre.

Por parte de Cs, el líder de sus filas Carlos Carrizosa también ha criticado a Borràs y ha sugerido que esta distinción forma parte de una estrategia para relanzar su carrera política "a costa de las instituciones".

Incluso desde ERC, el miembro de la Mesa Rubén Wagensberg ha hecho público un comunicado en el que lamenta que el Govern haya formado parte de las acusaciones contra independentistas ante los tribunales.