La mesa de negociación, que desde que Pere Aragonès visitara la Moncloa se sabe que celebrará su segunda reunión en "la semana del 13 de septiembre" se reunirá, finalmente, o el jueves 16 o el viernes 17. Habida cuenta de que el conseller, y expresidente del Parlament, Roger Torrent, uno de los posibles integrantes de la delegación catalana, debe declarar el miércoles 15, junto con el resto de los miembros independentista de la mesa de la Cámara catalana de la anterior legislatura ante el TSJC, quedaba la duda de si se aprovecharía el inicio o de la semana o se demoraría hacia el final de esos cinco días laborables. La portavoz del Govern, Patrícia Plaja, ha aclarado las dudas y ha señalado, sin concretar, que la mesa tendrá lugar, en Barcelona, a finales de semana, es decir, o jueves o viernes.

La jueza, tras aceptar el TSJC la querella de la Fiscalía, tomará declaración a Torrent, Josep Costa, Adriana Delgado y Eusebi Campdepedrós por haber permitido el debate y votación en la cámara catalana de varias iniciativas relacionadas con la monarquía y la autodeterminación. 

Ni planteárselo

Plaja reiteró que el Govern "sigue sin contemplar siquiera la opción de que Pedro Sánchez no acuda" al reinicio de la mesa de negociación. Algo que 'obligaría' a Aragonès, por aquello del protocolo político, a no estar presente y que dejaría en manos de Junts, renuentes a este foro de negociación, en concreto del vicepresidente Jordi Puigneró, el liderazgo de la delegación catalana. Un reset para el que, a 15 días vista, ni hay alineación de las delegaciones ni, tampoco, orden del día.

Por otra parte, el Govern celebró el levantamiento de los peajes en la mayoría de las autopistas catalanas y recordó que el déficit de inversión en infraestructuras propició que, en los 90, fuera la Generalitat "la que construyera sus vías rápidas", que son las que ahora mantienen el pago por paso. Es decir la autopista del Garraf y la vía rápida del eje del Llobregat.

Plaja aseveró que el Govern no iba a impulsar ningún sistema de pago para los catalanes para el mantenimiento de las carreteras, por cuanto "este debate solo se ha suscitado cuando Catalunya" se ha quedado apenas sin peajes. Un mantenimiento que el Executiu considera que corresponde al Estado. En tanto, en dos de las vías que dependen de la administración autonómica, C-32 y C-33, el Executiu ha adjudicado las tareas de conservación, hasta marzo, por un importe de 8,4 millones.

Por otra parte, la Generalitat ha informado que unos 130 refugiados afganos han llegado al territorio.