La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el reto demográfico, Teresa Ribera, considera que hay que modernizar los términos en los que se gestionan las explotaciones hidroeléctricas para que estén acorde con las necesidades socioambientales del siglo XXI, aunque desde el Ejecutivo -precisa- "no tenemos la menor intención de expropiar o revertir"

"No es razonable que esto se siga gestionando como se gestionaba durante el franquismo", ha aseverado en una entrevista con Everde en la que explica que, "hemos visto que en algunos casos hay ayuntamiento pequeños que en lugar de tener una concesión de agua recogida y reconocida por la confederación, lo que tenían era una especie de acuerdo verbal con la hidroeléctrica. Por tanto eso refuerza la posición de la compañía y debilita la de los vecinos, así que tendremos que ver también de qué manera podemos acompañar a los pueblos pequeños para que esto no ocurra".

Esta reforma se podría hacer en el marco de la actual Ley de Aguas, algo en lo que están trabajando los servicios jurídicos del Ministerio, con el objetivo de incluir dos elementos que Ribera considera esenciales; incorporar el caudal ecológico a los embalses y determinar la distribución temporal del turbinando de agua, de tal manera que resulten compatibles los usos hidroeléctricos con el resto de uso y necesidades sociales y ambientales de las masas de agua

Se aprovecharía además que el Ministerio trabaja en el tercer ciclo de planificación hidrológica para actualizar algunas de las prioridades que deben servir para la gestión en los próximos años de las aguas integrando "toda la variabilidad asociada a los efectos del cambio climático con respecto a la disponibilidad de recursos".

De hecho, el artículo 55 de la Ley apunta que las autorizaciones podrán ser revocadas unilateralmente por la Administración en cualquier momento, sin derecho a indemnización, cuando produzcan daños en el dominio público, impidan su utilización para actividades de mayor interés público, o menoscaben el uso público, (...) o cuando resulten incompatibles con la normativa aprobada con posterioridad.

Sobre los expedientes informativos abiertos por las confederaciones hidrográficas a varias hidroeléctricas por el vaciado de algunos embalses para turbinar en apenas semanas, detalla que siguen su curso para determinar si se ha producido un comportamiento correcto o incorrecto, pero cree que "es una barbaridad lo que ha ocurrido y honestamente me parece que tenemos que tomar las decisiones adecuadas para que esto no vuelva a ocurrir, con independencia de si hay o no  algún tipo de extralimitación".

Con los embalses al 44 por ciento y las proyecciones climáticas que apuntan "a una variabilidad de lluvias muy distinta" es necesario prepararse, pues "vamos a situaciones en la que ya es muy difícil hablar de promedio con respecto a la lluvia o disponibilidad de agua y mucho más frecuente hablar de términos extremos, es decir periodos más prolongados de sequía seguidos de lluvias torrenciales, que a lo mejor nos dan valores medios anuales parecidos a los anteriores, pero sin embargo la distribución es nefasta desde el punto de vista de la capacidad de gestión ordenada de nuestros recursos".

Tenemos que estar preparados para eventos extremos de falta de agua y para eventos extremos de inundación (...)  y ser muy cautelosos en el mapa de zonas en riesgo" e inundables "de esos espacios ocupados, que no deberían de haber estado ocupados nunca, pero lo están" y en lo que se trabaja en el nuevo ciclo de planificación.

Por eso cuando se plantean cuestiones como el futuro del Trasvase Segura, recuerda que es "una infraestructura que sirve para muchas cosas, para los regantes del sureste; para garantizar el abastecimiento del agua en localidades de esta zona donde en un determinado momento pueden tener una necesidad que no puede ser cubierta por el agua de proximidad y, al mismo tiempo determinar cuál es el uso más racional y el más seguro para interiorizar niveles razonables  de consumo de agua en todo el territorio nacional.

"Esto significa que hay que pensar en el agua de cabecera, en el agua de la cuenca cedente y en los caudales ecológicos, cosa que hasta ahora no se había hecho y hay sentencias que nos condenan por no haber fijado un caudal ecológico en el Tajo, es una barbaridad, y ahora está propuesto en el plan hidrológico".

En paralelo, sabemos que hay una capacidad de mejor gestión de los volúmenes trasvasados,  que ha supuesto un cambio en las reglas del trasvase ya aprobado y respaldado por la cuenca cedente y la cuenca beneficiada y sabemos que es importante que en el sureste se refuercen los mecanismos de abastecimiento de proximidad  con una mejor conexión entre desaladoras, depuradoras y núcleos donde se produce el consumo de agua ha señalado Ribera quien ha insistido el esfuerzo en "el máximo consenso y seguridad para todos", asumiendo que el agua no es un recurso infinito.

Crisis climática y COP26

Respecto a la próxima vigesimosexta conferencia del clima de la ONU (COP26) de Glasgow, destaca que vamos a llegar con muchas cosas hechas y si bien "ha habido una puesta al día del conocimiento científico que desgraciadamente nos recuerda que todavía estamos lejos del objetivo de seguridad climática que nos habíamos marcado", la orientación de conjunto va bien pero queda mucho trabajo.

La cumbre se celebra además en un momento en el que el mundo está viviendo una necesidad de recuperación económica pospandemia, y busca hacerla compatible con el Acuerdo de París, en un contexto geopolítico delicado pero con la ventaja del compromiso claro de Washington, aunque con países vulnerables en desarrollo que sienten que sus ciudadanos no están accediendo al remedio económico más importante que es la vacuna frente a la COVID 19, señala.

Glasgow es importante porque desde la COP25 de Madrid, de noviembre-diciembre de 2019, la comunidad internacional no ha vuelto a tener ocasión de tener una reunión conjunta sobre cómo seguir midiendo los avances del Acuerdo de París y reivindica el mensaje potente de la cumbre española: afrontar la crisis climática no es solamente acción de gobiernos, acción ambiental o coordinación internacional, sino que tiene que permear en todos, las capitales, los sectores financiero e industrial, la fiscalidad...

Con la Ley de Cambio Climático aprobada y la de residuos en trámite parlamentario, para el nuevo curso político Ribera apunta "algunas cosas interesantes que queremos desarrollar": "Tenemos en el calendario, en la agenda inmediata sacar a información pública el Real Decreto de Envases y Residuos de envases donde damos un cambio bastante copernicano al enfoque actual con objetivo de reutilización de la mayor parte de los envases, con una ampliación de la responsabilidad del productor y una orientación que permita ser un poco más eficaces, porque desgraciadamente todavía no hemos conseguido trasladar adecuadamente el valor económico que tiene hacer bien las cosas y aprovechar bien los recursos."

Asamblea ciudadana por el clima

Sobre la "Asamblea ciudadana por el clima", prevista en la Ley del Clima y que estará formada por un centenar de personas, Ribera detalla que se ha trabajado "en la identificación de aquellas personas que nos pueden ayudar de manera absolutamente independiente, buscar facilitar los debates con los ciudadanos y espero que a lo largo de septiembre podamos tener esa primera reunión".

Preguntada por la energía nuclear y su papel en la transición energética recomienda "leer completo el párrafo del informe del IPCC donde no hace un alegato de la energía nuclear, sino que constata que es una energía libre de emisiones aunque genere otro tipo de afecciones y problemas.

En el caso de España explica contamos con un calendario que va previendo como pueden ir produciéndose los cierres de las plantas existentes, todas más allá de los cuarenta años inicialmente previstos, pero de manera segura con respeto al proceso de clausura  y compatible con la seguridad energética que se requiere.

Sobre si el aumento de precio de la energía y su vinculación con el coste del CO2 cree que no debería genera un sentimiento de rechazo similar al de los "chalecos amarillos" franceses, porque desde el 8 de junio de 2018 el Gobierno ha "ha venido insistiendo no solo de palabra sino con toda la orientación de las políticas que hemos venido adoptando" en que  una trasformación de este calado no se puede hacer si no tiene uno toda la energía puesta en el entendimiento , la anticipación y la solidaridad en la respuestas sociales.

"Es verdad que hay muchos cambios que se han producido a lo largo de la historia o han llevado más tiempo o han generado injusticias. Nosotros creemos que esto no puede ser así, por eso el debate sobre cómo facilitar los beneficios de la transición energética a los consumidores desde el primer momento y no lastrando o retrasando esos impactos es muy importante" y por eso "hemos reforzado las medidas de lucha contra la pobreza energética, destinado un paquete tan importante de acompañamiento al autoconsumo, a las comunidades energéticas locales, a la innovación a la eficiencia, porque creo que es fundamental que esto no sea visto como una amenaza. Nos parece que el dividendo que genera el coste del CO2 no puede ser solamente beneficio para las eléctricas, tiene que facilitar a los consumidores ese tránsito.

"Es política fiscal, económica, industrial y eso es lo que hemos intentado hacer desde el primer momento y en todos los ámbitos en los que se han ido presentando estas cuestiones y con la flexibilidad y la humildad de saber que hay veces que surgen problemas que a lo mejor no lo teníamos bien dimensionado por adelantado y hay que tener capacidad de reacción como ha ocurrido ahora con un incremento muy por encima de lo que pensábamos en el gas natural en los mercados internacionales tirando hacia arriba de todos los costes del sistema eléctrico y por tanto reaccionando inmediatamente con la suspensión de ciertos impuestos".