El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón va poco a poco cerrando piezas del caso Tándem, en el que se investigan las cloacas policiales. En esta ocasión le ha correspondido a la relativa a la doctora María Elisa Pinto, cuya instrucción da por concluida y en la que propone juzgar al excomisario José Manuel Villarejo, a su socio Rafael Redondo y al empresario Javier López Madrid (también imputado en el caso Lezo) por la contratación de los primeros para hostigar a la facultativa con la que tenía un conflicto privado.

En el auto de pase a procedimiento abreviado de la pieza 24 del caso Tándem, el juez ve indicios contra Villarejo y Redondo de delito de cohecho pasivo, y en el caso de López Madrid del mismo delito, pero en su modalidad de activo, por ser quien contrató a los primeros contra la dermatóloga para impedir que le denunciase.

Interferir en la investigación

El magistrado detalla en su resolución las actuaciones atribuidas a Villarejo desde septiembre de 2013 y 2014 para ello, como seguimientos. Para realizar estas labores no dudó en la utilización de medios policiales con el fin de desacreditar a la médico, cuando denunció al empresario. Además accedió a su información privada sin autorización e intentó interferir en la investigación policial, manipulándola y realizando actuaciones sobre el resultado de una rueda de reconocimiento en la que iba a formar parte. 

El titular del Juzgado central de Instrucción 6 apunta a la relación que López Madrid tenía con distintos policías durante la investigación de los hechos que denunció María Elisa Pinto. En concreto, dice, presentó a López Madrid a comisario Enrique García Castaño, imputado en la operación Kitchen. Además, añade que el empresario tuvo una estrecha relación con el inspector de Policía que instruyó la denuncia de la doctora Pinto, agente que le “envió varios correos electrónicos comunicándole el estado de la investigación y recibiendo instrucciones”, señala.