El extesorero del PP Luis Bárcenas había anunciado que colaboraría con la justicia la víspera del inicio del juicio de la caja b del PP, pero el covid y la agenda del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz hicieron que su comparecencia no se produjera hasta el pasado 16 de julio. Ante el instructor de la parte de la causa relativa a las donaciones de empresarios al partido, enmarcó estas en el "concepto de relaciones públicas" en los países donde los lobis son legales, porque "conseguir que te reciba un ministro o un secretario de Estado no es sencillo. Eso vale dinero en cualquier sitio", aseguró.

En el audio de la declaración prestada en la parte de la caja b, reabierta a raíz de las declaraciones de Francisco Correa en el juicio de la primera época de la Gürtel, se oye a Bárcenas explicar cómo él y el entonces tesorero, Álvaro Lapuerta, gestionaban encuentros entre los empresarios donantes con los ministros de Fomento y de Medio Ambiente y los secretarios de Estado de los Gobiernos del PP que se sucedieron entre 1996 y 2004.

"No sé si en el mundo del lobi en otros países donde está admitido legalmente, cómo funcionan las cosas, pero puede ser algo parecido a lo que hacíamos nosotros. Al final, en ese mundo, conseguir que te reciba un ministro o un secretario de Estado no es sencillo. Simplificando, y aunque no fuera nuestro planteamiento, eso vale dinero en cualquier sitio", explica a la abogada del Estado, Rosa María Seoane.

Todo por Cascos

Relata un episodio en el que el entonces ministro de Fomento, Francisco Álvarez-Cascos, abronca a Lapuerta por poner en contacto a uno de estos empresarios con un director general y le ordena que cualquier contacto de ese tipo se haga a través de él.

Bárcenas, que rehusó contestar a las preguntas del abogado del PP, Jesús Santos, puso cuidado en desmentir las palabras de Correa en relación con ACS y OHL. De la primera dijo que nunca había sido donante del partido y de la segunda, que la relación entre su fundador, Juan Miguel Villar Mir, y Lapuerta era tan estrecha que nunca habrían necesitado del líder de la Gürtel como mediador.

Grabación conducida

Según Bárcenas, la relación con las comunidades autónomas se hacía a través del presidente autonómico y no de los consejeros y concluyó que la conversación grabada por el exdirector del Canal de Isabel II Ildefonso de Miguel, imputado en el caso Lezo, al constructor Rafael Palencia, en la que este confiesa pagar a cambio de contratos, está dirigida. "Al escuchar esa cinta se ve que no es espontánea ni normal; De Miguel acorrala a Palencia para que diga cosas que no son ciertas", sostuvo el extesorero.

Poco pudo ampliar, porque prefirió que le preguntaran las partes, en vez desarrollar él lo que considerara conveniente. Aseguró que las pocas donaciones finalistas (por un contrato concreto) que hubo no las podía detallar, porque estaba en la documentación contra el PP que guardaba en el estudio de su esposa, Rosalía Iglesias, y que le fueron robadas en la operación Kitchen. Como su autor identificó al inspector Andrés Gómez Gordo, al que el excomisario José Manuel Villarejo llamaba 'Cospedín' por su estrecha relación con la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal.

Irregularidades

En esta misma causa, cuya instrucción está a punto de concluir, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ha detectado sobrecostes de entre el 4,85 y el 94,53% en la mayoría de las 23 adjudicaciones que ha analizado de las que se concedieron a la Constructora Hispánica desde la Administración General del Estado (AGE) o de entidades públicas como Renfe, Aena o Turespaña, durante el segundo Gobierno de José María Aznar, entre 2000 y 2004.

El informe policial, según informa Europa Press, se centra en esta constructora, porque su presidente y consejero entre 1992 y 2009, Alfonso García Pozuelo, así como algunos miembros del consejo de administración de las otras empresas que integraban las UTEs ganadoras, constan como donantes de la presunta caja b del Partido Popular. En el juicio de la primera época de la Gürtel García Pozuelo llegó a un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción por el que admitió el pago de comisiones.