El conseller de Economía, Jaume Giró, ha admitido que ningún banco ha aceptado participar en la operación de aval de la Generalitat a los exaltos cargos encausados por el Tribunal de Cuentas por las supuestas responsabilidades económicas de gastos vinculados al procés. Por ello, Giró ha asegurado que no implicará a ningún trabajador del Instituto Catalán de Finanzas, dados los precedentes, y buscará "otras entidades" -de las que no ha querido dar detalles- para hacer efectivo el decreto ley del Govern que dota con 10 millones de euros a la Generalitat para afrontar el pago inmediato de las fianzas.
El conseller de Economía ha dicho que "no ha ayudado el ruido y el poco tiempo", sobre la negativa de los bancos y cajas a apoyar la operación, y ha añadido: "Tengo conocimiento de que las entidades soberanistas, los partidos, están trabajando para cubrir el riesgo". Sin embargo, pese a que la 'caja de solidaridad' sigue recabando fondos y ha notado “un ritmo importante” de donaciones estas últimas semanas que ha hecho que se supere el millón de euros -el 6 de julio, su fondo era de unos 400.000 euros- sus promotores opinan que el Govern el que se comprometió a cubrir las fianzas.
Asimismo, desde el ente siguen reclamando al juzgado número 13 de Barcelona que devuelva cuatro millones de euros que depositaron porque ya fueron abonados al Tribunal de Cuentas y consideran que se trata de “duplicar” peticiones por una misma causa relacionada con los preparativos del 1-O. Un “hecho vengativo” que se suma, a su juicio, al hecho de no haber permitido una prórroga a la hora de depositar las fianzas millonarias.
"Me consta que hay otras vías que se están moviendo, con la voluntad y complicidad concreta de muchos ciudadanos", ha añadido Giró, admitiendo que existe una vía alternativa. No en vano este mismo martes el secretario general de JxCat, Jordi Sànchez, ha pedido a los asociados del partido aportaciones individuales para pagar estas fianzas millonarias, el plazo de las cuales vence este miércoles.
Giró, en una comparecencia en rueda de prensa tras el Consell Ejecutivo, ha defendido que el decreto del Govern está ajustado a la normativa, a la espera de que el Consell de Garantías Estatutarias se pronuncie a final de mes, para posteriormente convalidar el decreto ley en el Parlament.
"Persistiremos"
"Persistiremos en las diversas vías abiertas", ha insistido Giró. "El Govern hace todo lo que está en su mano para aligerar una situación profundamente injusta" y hallar "una fórmula jurídica", mediante una operación "técnica, jurídica y comercialmente sin riesgos", pese a lo cual las entidades financieras, tanto bancos como cooperativas de crédito, no han querido asumir.
Giró ha mostrado su confianza en conseguir implicar a una entidad en la operación, dado que "las garantías institucionales de la Generalitat son suficientes para considerar favorablemente nuestra oferta de colaboración", basada en el fondo de riesgos dotado con 10 millones de euros.
Minutos antes de la rueda de prensa, el secretario general de JxCat, Jordi Sànchez, ha divulgado una carta a los asociados de su partido pidiéndoles que hagan un ingreso económico en un número de cuenta para "evitar que en los próximos días el Tribunal de Cuentas embargue a las personas encausadas". Sànchez ha dado a entender que entidades financieras de "fuera del país".
La oposición sigue pendiente del dictamen del Consell de Garantías Estatutarias (CGE) que tiene hasta el 29 de julio como plazo para decidir si el decreto de la Generalitat se ajusta o no a la Constitución y al Estatut. El PSC ya deslizó que lo veía bien, mientras Cs sigue cargando contra los socialistas y contra los independentistas a los que acusa de pactar para mantener al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la Moncloa. Desde la CUP, han tendido su mano al Govern para "facilitar el apoyo de la forma que sea, siendo conscientes de que la situación es extremadamente compleja y difícil".
