Sánchez avala ya los indultos del 'procés' con el apoyo del Congreso

El Ejecutivo había ido abonando el terreno durante meses. De forma más intensa, desde el pasado septiembre, cuando se dispuso a tramitar las solicitudes de indulto registradas en el Ministerio de Justicia. Cada vez fue quedando más claro que Sánchez había concluido que, para salir de la ratonera del 'procés' -y para afianzar su estabilidad parlamentaria con ERC-, tenía que lanzar un mensaje potente a Catalunya. Pero este martes fue meridiano. Abrió la puerta a la medida de gracia con nitidez. Despejó todas las dudas desde Bruselas, en su comparecencia posterior al Consejo Europeo extraordinario, al apelar a los principios "constitucionales" que operarán en la decisión que tome el Consejo de Ministros "cuando proceda".

Sánchez recordó que el debate de los indultos a los 12 penados (nueve de ellos con condena de cárcel) es largo, se arrastra desde el mismo otoño de 2017. En aquel tiempo, en la campaña de las elecciones catalanas que siguió a la activación del artículo 155 en Cataluña, Miquel Iceta, candidato del PSC (y hoy ministro de Política Territorial), defendió la medida de gracia para los dirigentes separatistas que por aquel entonces no habían sido juzgados. El presidente se remontó a 2017 para pedir al PP lo mismo que él dio: apoyo al Ejecutivo, "lealtad". Cuando él mismo respaldó a Mariano Rajoy para que interviniera Catalunya, lo hizo porque entendía que era una "cuestión de Estado", porque estaba en cuestión algo tan grave como la "integridad territorial" de España. Y ahora, razonó, tiene "muy claro" que la decisión que su Gobierno adopte sobre los indultos tendrá "muy presentes valores constitucionales" como "la concordia, el diálogo, el entendimiento", la "superación" de una crisis que "desgarró" a la sociedad catalana y al conjunto del país.

"Esos principios constitucionales pesarán en la decisión que tome. Y lo que para mí no son principios constitucionales y nunca lo han representado son la venganza o la revancha", remachó una vez más, demostrando lo calculadas que llevaba sus palabras (en absoluto fruto de la improvisación) y adelantando así la motivación que con seguridad inspirará los decretos de indultos que habrá de firmar el Rey. ¿Y cuándo llegará el acuerdo del Gabinete? "No será tan inminente -precisan desde la Moncloa-. Nosotros tenemos que tramitar los expedientes cuando nos llegue la documentación del Supremo. Y es imposible culminarlo antes de las primarias del PSOE andaluz", que se celebrarán el 13 de junio en primera vuelta y el 20, si es necesaria una segunda ronda. La previsión es que la decisión se produzca durante el verano, mediada la legislatura y suficientemente lejos de cualquier convocatoria electoral.

La declaración rotunda de Sánchez, que revelaba lo maduro que está ya este debate en el Gobierno, sucedía a las palabras de la portavoz del Gobierno apenas dos horas antes en la Moncloa. Cuando ella fue preguntada si el Ejecutivo asumía el coste político de otorgar la medida de gracia a los líderes separatistas condenados, aun con el informe contrario de la Fiscalía y (previsiblemente) del Supremo, María Jesús Montero subrayó que el Gabinete de coalición "siempre" velará por el "interés general", por lo que considere "mejor" para España. El presidente remató ese planteamiento desde la capital belga. Es excepcional que el Consejo de Ministros conceda un indulto con los dictámenes negativos del ministerio público y del tribunal sentenciador. En el segundo semestre de 2020, de hecho, de los 1.664 expedientes resueltos, solo se condonó la pena en 18 casos, y en ninguno de ellos pesaba un parecer contrario por partida doble, según los propios datos de Justicia. Pero Sánchez estima que con los reos del 'procés', la situación es muy distinta.

"Cortesía institucional"

El líder socialista señaló que se analizará pormenorizadamente cada expediente, por lo que puede haber un trato distinto para cada caso. Pero está dispuesto a asumir el desgaste electoral y la segura tormenta política que rodeará su decisión. Porque, "pese a que hay partidos que defienden otras tesis", dijo, aludiendo a las formaciones de la derecha, "entre los valores constitucionales no están ni la revancha y la venganza" y sí la "concordia y el diálogo", pero también -y aquí se dirigía a las fuerzas soberanistas- el "respeto a las leyes y a la Constitución". Sánchez apuntaba así una formulación de los indultos de la que ya informó este diario: conmutación de la pena sí, pero condicionada a que los condenados cumplan con la ley y no cometan de nuevo el delito.

Cuando los periodistas le recordaron que, en 2019, después de conocerse la sentencia del 'procés', él mismo garantizó el "cumplimiento íntegro" de las penas, el presidente insistió en que ahora hay que "mirar al futuro", "aprender de los errores", "superar las fracturas", "abrazar los valores constitucionales y no quedarnos atrapados en la venganza y la revancha". En aquel momento, España estaba en campaña de las generales y al PSOE le interesaba virar hacia la moderación para captar votos de centro y ganar escaños, pero aquella estrategia no funcionó y, de hecho, Sánchez pasó de 123 a 120 diputados y tuvo que aceptar la coalición con Unidas Podemos que antes rechazaba. Y solo consiguió amarrar su investidura trenzando un acuerdo con ERC que incluía la puesta en marcha de una mesa de diálogo Gobierno-Govern.

Precisamente ahora, cuando ya hay un nuevo 'president', el Ejecutivo se dispone a retomar la interlocución con la Generalitat. Una tarea que presume más sencilla porque lidera el Executiu ERC, en la cabeza de Pere Aragonès, y no Junts. ¿Cuál será la secuencia? Probablemente habrá primero una entrevista entre los dos presidentes y luego un segundo encuentro de la mesa entre gobiernos. Sánchez quiso diferenciar ambos actos. La recepción en la Moncloa de un jefe de un Ejecutivo autonómico nada más ser investido es "cortesía institucional", es de "obligado cumplimiento", una cuestión de "respeto". Él mismo, recordó, ya despachó en enero con el lendakari, Iñigo Urkullu, y el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, ambos reelegidos tras sus autonómicas de 2020. Ahora, él se entrevistará con Aragonès como hará con la popular Isabel Díaz Ayuso en cuanto sea investida por la Asamblea de Madrid. "Esto es así, no especulemos", pidió.

"Una vía de solución"

Una vez se produzca esa reunión, se pondrá en marcha de nuevo la mesa de diálogo, pero "nada tiene que ver una cosa con la otra". El Gobierno quiere propiciar a través de ella "el reencuentro", y desea que se convoque lo antes posible. Montero había afirmado, tras el Consejo de Ministros, que quien debe solicitarla es el Govern, pues la "predisposición" del Gobierno es manifiesta y, de hecho, quiso que el foro se citara el año pasado, tras el primer estado de alarma, y fue imposible por las discrepancias entre Junts y ERC en el Govern. Sánchez añadió que un "acierto" de la pasada legislatura catalana fue que en el Parlament se constituyera una mesa de diálogo entre los distintos partidos catalanes, porque al igual que es positivo el entendimiento entre los dos gobiernos, también lo es entre diferentes fuerzas. Justo este martes el PSC reclamó que se reactive ese foro ahora que pasó la investidura de Aragonès.

Pese al debate sobre este asunto que PP, Vox y Cs llevarán al Congreso en los próximos plenos, Sánchez sabe que cuenta con el respaldo de la mayoría de la Cámara para conceder esa medida de gracia a los dirigentes independentistas, aunque la decisión es una prerrogativa exclusiva del Consejo de Ministros. Este martes, los grupos que apoyaron la investidura del líder socialista destacaron que los indultos pueden “dar una vía de solución al conflicto catalán”.

Los portavoces de ERC, PNV, Junts, PDECat, EH Bildu, Más País y Compromís reclamaron al Ejecutivo que sea valiente y lo haga. En total, sumando los 120 diputados del PSOE y los 35 de Podemos, llegan a 190 parlamentarios en favor de esa decisión. El bloque que está en contra, encabezado por el PP, ocupa 160 escaños. “Aunque sean mayoría, esto le pasará factura en toda España. Sánchez sabrá qué compañeros de viaje escoge”, declararon este martes fuentes de la dirección del grupo popular. 

La "excusa" del PP para no renovar el CGPJ

“La ciudadanía en general lo va a entender mucho mejor que lo que está demostrando la clase política", dijo Aitor Esteban (PNV), que pidió hacer "pedagogía" con este tema y no "política de regate corto".

Como había hecho Montero desde la Moncloa, Sánchez lamentó que el PP vincule una renovación del Consejo General del Poder Judicial a la decisión gubernamental de los indultos. Para el presidente, se trata de una nueva "excusa" de los populares para no cumplir con su obligación constitucional, un episodio más de una estrategia de bloqueo institucional.

En paralelo a la concesión de las medidas de gracia, el Ejecutivo se abrió a reformar el delito de sedición, por el que fueron condenados nueve de los 12 dirigentes independentistas penados. El presidente no concretó si se incluirá en la modificación legislativa la penalización de los referéndums ilegales. Se limitó a subrayar que la crisis del otoño de 2017 en Catalunya dejó varias "lecciones", como que el Código Penal es "ajeno" a lo que dictan otras democracias de nuestro entorno para este tipo de delitos.

Sánchez está decidido, pues, a buscar una salida para Catalunya, empezando por una medida de alto voltaje, los indultos, pero que cree que puede ayudar a escapar del laberinto. Y entiende que el momento ha llegado, aunque fuera de los muros de la Moncloa el ruido de la oposición conservadora -y, más en sordina, de una parte del PSOE- será ensordecedor.