Una tasa de paro del 7% y una jornada semanal de 35 horas. Estas son dos de los objetivos que figuran en el documento "España 2050: Fundamentos y propuestas para una estrategia Nacional de Largo Plazo" que ha presentado este jueves el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y que pretende ser una guía "apartidista" para afrontar los retos de la sociedad y la economía española de los próximos 30 años.

El documento identifica nueve retos para la sociedad española, que se articulan en 50 objetivos y en algo más de 200 propuestas para lograrlo que, según el presidente del Gobierno, se someterán a partir de ahora al debate público para generar una estrategia nacional a largo plazo. Ninguno de esos 50 objetivos alude a la reducción de la deuda pública que en el 2050 aún podría estar en niveles en torno al 110% del PIB, según estimaciones de la Autoridad Fiscal Independiente (Airef), en un escenario sin cambios normativos.

El documento promueve una mayor gasto social y en I+D+i y aboga por subidas de impuestos y por medidas contra el fraude fiscal para financiarlo. También plantea suprimir los vuelos nacionales entre destinos conectados vía ferrocarril por un tiempo inferior a 2,5 horas y un impuesto sobre el uso del coche.

Desde el PP, Pablo Casado tachó de "insulto" a la gente el plan presentado por Sánchez y criticó que el Gobierno, en vez de ocuparse de la "España real", se centre en "la España virtual" lanzando "cortinas de humo". "Estamos viendo que España tiene un Gobierno líquido que hace política gaseosa, es decir, cortinas de humo. Y creo que no nos lo merecemos los españoles", declaró Casado durante su visita al stand de Ceuta en la Feria Internacional de Turismo (FITUR).

9 retos, 50 objetivos, 200 medidas

La elaboración del documento ha sido impulsada por la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia de la Presidencia del Gobierno, bajo la dirección de Iván Redondo, el jefe del Gabinete de la Presidencia del Gobierno. Para el desarrollo de sus 676 páginas han trabajado en el último año un centenar de expertos y expertas de reconocido prestigio de generaciones, sensibilidad política y disciplinas diversas (economía, ciencias ambientales, demografía, sociología, historia, ciencia política y derecho, entre otras). Además, se ha contado con el apoyo de varios Ministerios, la AIReF, el Banco de España, y el Joint Research Centre de la Comisión Europea.

El documento identifica nueve retos para la sociedad española, que se articulan en 50 objetivos y en algo más de 200 propuestas para lograrlo.

El desafío de la productividad y el patrón de crecimiento económico, figura como el primero de ellos. También el de la educación de la población más joven y el de la formación de los trabajadores. Como cuarto reto se señala el desafío climático y medioambiental; como quinto, se apunta la necesidad de adaptar el estado de bienestar a una sociedad más longeva y en sexto lugar se alude al desarrollo territorial equilibrado.

Las deficiencias del mercado de trabajo, la reducción de los niveles de pobreza y desigualdad y, en definitiva, lograr un mayor bienestar de la ciudadanía conforman los tres últimos bloques.

En el documento se alude a que el incremento de gasto público vinculado a estas medidas y objetivos, "no tendría por qué traducirse en un aumento del déficit" ya que "tanto los cambios normativos sugeridos" --en materia de nuevos impuestos, subidas de algunos de ellos y rediseño de otros--, como la reducción de la economía sumergida y la lucha contra el fraude fiscal, "ya sería suficiente para compensar este aumento del gasto público".

Mercado laboral

"La España que queremos ser", en palabras de Sánchez, incluye pasar de una tasa de paro actual en el entorno del 16% (en el primer trimestre del 2021) a otra del 12% en el 2030; del 10% en el 2040 y del 7% en el 2050.

En este horizonte, la tasa de empleo de las mujeres debería elevarse del 57% actual al 82% y el paro juvenil debería descender desde las tasas actuales del 40% al 14%.

Los objetivos incluyen elevar del 51% al 68% la tasa de empleo de los trabajadores con edades entre 55 y 64 años y rebajar la tasa de temporalidad del 26% al 15%. Para el trabajo parcial involuntario se marca como meta bajar del 9% al 3% de ellos y recortar las horas trabajadas a la semana desde las 37,7 de ahora al entorno de las 35.

Dentro de 30 años, la brecha salarial entre hombres y mujeres debería ser cero, según los objetivos establecidos y las personas satisfechas con su situación laboral debería alcanzar al 93% de todas ellas, frente al 85% que figura en la última encuesta europea, relativa al ejercicio 2018.

Prohibición de vuelos cortos

Para hacer frente al desafío medioambiental, el documento incluye el objetivo conocido de elevar al 100% la producción de energía generada mediante fuentes renovables, así como el de reducir en un 90%, hasta 29 millones las toneladas de CO2 emitidas.

Para disminuir el impacto medioambiental del transporte aéreo, se propone la introducción de la tasa de viajero frecuente o el establecimiento de impuestos sobre los billetes de avión según la cercanía del destino. Asimismo, en el documento del Gobierno "se recomienda prohibir los vuelos en aquellos trayectos que puedan realizarse en tren en menos de 2,5 horas". Ello podría suponer, por ejemplo, la definitiva desaparición del puente aéreo entre Madrid y Sevilla o Valencia.

Dentro de este bloque se encuentra el objetivo de elevar del 1,8% al 5% del PIB el peso de la recaudación tributaria vinculada a impuestos medioambientales. Entre otras medidas se propone "ajustar la fiscalidad del transporte por carretera al uso real del vehículo"; así, se propone pasar de las actuales figuras fiscales sobre la compra, circulación y combustibles, a "un impuesto sobre el uso medido real del vehículo que tenga en cuenta sus características: su peso, su potencia, sus emisiones de contaminantes atmosféricos y gases de efecto invernadero".

Para garantizar la sustitución de los vehículos de gasolina y diésel por vehículos se aboga por impulsar el coche eléctrico y "elevar progresivamente los tipos impositivos sobre el consumo de diésel y gasolina hasta que ambos se equiparen al tipo impositivo medio de la gasolina en la UE-8".

Más gasto social

En la sociedad que vislumbran los expertos que han participado en la redacción del documento, el gasto en I+D aumentaría desde el 1,2% del PIB al 3,5% en el 2050. El de educación, pasaría del 4,3% al 5,5% del PIB. El de salud, del 5,7% al 7%. El de cuidados de larga duración, del 0,8% al 2,5% del PIB y el destinado a protección social, pasaría del 17% al 20% el PIB. En este último bloque se incluye el gasto público en pensiones, las prestaciones por desempleo, las políticas activas de empleo (incluyendo, políticas de formación y orientación) y otras ayudas sociales.

Los expertos abogan por extender la cobertura y la cuantía de las prestaciones no contributivas en el marco del Ingreso Mínimo Vital (IMV) y más allá de este y crear una nueva prestación por crianza de hijos e hijas menores de 18 años para todo tipo de familia.

Más ingresos por impuestos

Desde el punto de vista del documento, este mayor gasto se podría financiar con "el solo incremento de la recaudación fiscal que plantea esta Estrategia (fruto tanto de los cambios normativos sugeridos como de la reducción de la economía sumergida y la lucha contra el fraude fiscal)".

En particular, el informe se marca como objetivo reducir a la mitad el peso de la economía sumergida sobre el PIB, del 20% al 10%.

Las tendencias en las reformas fiscales que aborda el documento se fijan en dos horizontes: el 2030 y el 2050.

Para el 2030 se prevé ampliar las bases de los impuestos, reduciendo los beneficios fiscales y poniendo fin al régimen de módulos por el que los autónomos tributan en el IRPF. También, adoptar la tributación mínima en Sociedades y el gravamen a las empresas digitales que ultima la OCDE. Una reforma integral de los impuestos sobre la renta, el patrimonio y sucesiones y donaciones y modificar los impuestos especiales, elevando los tipos de gravamen sobre bebidas alcohólicas, tabaco y combustibles derivados del petróleo hasta converger con los establecidos en los principales países de la UE, son otras de las líneas de actuación que plantean los expertos.