El abogado del que fuera gerente del PP Cristóbal Páez ha defendido este miércoles ante el tribunal de la Audiencia Nacional que juzga el presunto pago de parte de la reforma de la sede nacional del partido con dinero de la caja 'b' que él no tuvo ninguna capacidad de decisión ni participación en la forma en la que supuestamente se costearon las obras. Asimismo, ha asegurado que una vez que Luis Bárcenas dejó la Tesorería de los 'populares' "no hubo 'papeles de Páez'".

Así lo ha dicho el letrado Gonzalo Martínez-Fresneda durante su informe de conclusiones finales, en el que ha lamentado que en este procedimiento se hayan celebrado "dos juicios en uno". "Ha habido el que podíamos llamar el juicio de los 'papeles de Bárcenas' con el correlato de imputaciones veladas contra importantes personajes del PP e importantes empresarios que habrían sido donantes de dinero 'b'", ha dicho en alusión a los apuntes sobre la contabilidad paralela del PP que hizo el extesorero Luis Bárcenas durante casi 20 años.

"Y luego está el juicio por el pago de las obras de la remodelación de la sede del PP", ha continuado, en donde según ha dicho el letrado entraría su defendido Cristóbal Páez, para quien ha pedido la absolución frente a la petición de la Fiscalía Anticorrupción de un año y medio de prisión de cárcel y a penas superiores interesadas por las acusaciones populares.

El abogado ha enfatizado que las acusaciones que se dirigen contra él son "muy difusas", ya que, según ha indicado, y compartiendo los argumentos de las defensas de los socios de Unifica, Gonzalo Urquijo y Belén García, también acusados, en el caso del delito de falsedad documental "no se concreta los documentos falseados".

También ha señalado la falta de concreción de los documentos y facturas que Páez firmó en relación a las obras y por el que se le atribuye una presunta actuación delictiva. Asimismo ha reprochado que se le acuse de ser cómplice de un delito fiscal "cometido por otro, por una empresa en la que Páez obviamente no trabajaba", en referencia a Unifica, despacho de arquitectos que realizó las obras.

"Alcanzado por un proyectil"

"Con todos mis respetos no es una acusación seria", ha dicho Martínez-Fresneda, al tiempo que ha concluido que el sucesor de Bárcenas en la Gerencia del PP es una "persona inocente alcanzada por un proyectil dirigido contra sus superiores en una batalla en la que él es alguien completamente ajeno".

En este sentido, el abogado ha recordado que Páez fue adjunto a la Gerencia hasta 2008 y por tanto "era un empleado del PP, un trabajador por cuenta ajena, que no tenía un cargo político. En consecuencia, tampoco era un directivo porque no tenía decisiones, ni firma en los bancos, no tenía nada que ver con la contabilidad ni el presupuesto del PP. No tenía ni podía tener lo que se llama el dominio del hecho".

Y para incidir en esta afirmación ha repasado todos los testigos que dijeron que Bárcenas era la persona encargada de llevar las cuentas del partido y que siguió manteniendo estas competencias cuando pasó a suceder a Álvaro Lapuerta como tesorero.

Sobre la reforma de la sede del PP, la defensa de Páez ha señalado que éste llevó la gestión diaria de las obras junto a Antonio de la Fuente, que en aquella época también era adjunto a la Gerencia del partido, y no ha sido juzgado por estos hechos.

Ha admitido que dentro de esas competencias supervisó alguna certificación final de obra o factura, pero ha recalcado que nunca tuvo capacidad para dar orden de pago ni de forma oficial ni en negro.

"No hay pruebas" de facturas

En cualquier caso, el abogado de Páez ha hecho hincapié en que la documentación con distintos importes sobre unos mismos trabajos, y que según las acusaciones son muestra de una manipulación en la facturación, pues aseguran que la diferencia se pagó en negro, podrían ser borradores, pero nunca unas facturas falsas. "No hay pruebas", ha recalcado.

Así, para desmontar esta tesis, la defensa ha apuntado que en muchas de las certificaciones se señala que se paga el 60 por ciento del coste total, por lo que, a su juicio, "si lo que se quiere es pagar en b, lo lógico sería que se dijera que es el 100 por 100".

De hecho, ha subrayado que Bárcenas le desvinculó del manejo de la caja 'b' y ningún testigo le han identificado en la recepción de donaciones. "Los papeles desaparecen en 2008 coincidiendo en el momento en el que Cristóbal Páez pasó a ser gerente".

"A partir de 2008 no hay 'papeles de Páez'. Lo cierto es que Páez no heredó ninguna caja 'b'", ha remachado al tiempo que ha ironizado que si, como dicen las acusaciones, "ordenó pagos en 'b', lo suyo sería que hubiera seguido con esa sistemática, pero no fue así".

En este sentido, ha reprochado a las acusaciones populares que retiraran la acusación contra la ex empleada de Unifica Laura Montero, al no tener suficientes pruebas de su participación en los hechos, y no "apliquen la misma vara de medir a Páez".

"Si el que entregó el documento no cometió delito --en referencia a Montero por ser la arquitecta que estuvo a pie de obra y trató directamente con Páez--, ¿cómo puede ser que lo cometiera el que lo recibió?. El pecado que comete Páez en este caso es que trabajaba por cuenta ajena para el PP y no para Unifica. Por lo cual, se está queriendo aplicar un castigo a Páez porque no se puede castigar a sus jefes. Esta es la realidad", ha concluido.

Reproches a las acusaciones

Por su parte, el abogado de Laura Montero ha precisado que la única intervención que tuvo su defendida, a quien sólo acusaban las acusaciones populares, fue enviar una certificación final de obra de todas las cuestionadas a Páez por orden de su jefe, Gonzalo Urquijo, tal y como se refleja en un correo electrónico que obra en el sumario de la causa.

Esta defensa ha centrado su informe final en reprochar a las acusaciones populares pedir provisionalmente penas excesivas de hasta 20 años de cárcel y una responsabilidad civil de un millón de euros haciendo, en algunos casos, una breve mención a la arquitecta en sus escritos de acusación y con "falta de rigor".

"La semana pasada cuando retiraron la acusación, Laura se echó a llorar, porque han sido seis años de muchas noches sin dormir, de angustia", ha confesado el abogado.

Por ello, pide al tribunal que imponga a las acusaciones populares las costas del procedimiento por mala fe y temeridad, al entender que han tenido una actitud procesal basada en el "interés" a costa de "pasar por encima de las personas".