El líder del PP, Pablo Casado, ha exigido al Gobierno negociar una alternativa jurídica ante el fin del estado de alarma, el plan B jurídico que los populares reclaman desde 2020, porque al no existir se ha pasado al "plan C", el del caos, del que responsabiliza al presidente Pedro Sánchez.

"Nos produce mucha pena ver las escenas de aglomeraciones en las calles y el único responsable es Pedro Sánchez porque no ha querido aprobar una ley de pandemias como le hemos pedido durante un año", ha afirmado este lunes Casado en la clausura de un acto del PP sobre el Día de Europa, junto a los exministros de Exteriores Ana de Palacio y José Manuel García-Margallo.

Casado ha responsabilizado a Sánchez de las vidas y contagios que se produzcan en aglomeraciones que las comunidades autónomas no puedan evitar ante la falta de reformas legislativas, y ha reclamado de nuevo sentarse a negociar para modificar en 15 días la Ley de Salud Pública de 1986.

"Volvemos a pedir desesperadamente que volvamos a una negociación para cambiar la legislación de pandemias", ha recalcado Casado. "No podemos seguir así", ha insistido y ha reclamado un marco que permita limitar la movilidad y hacer seguimiento de contactos.

Considera Casado que tiene a la hemeroteca de su lado porque pide un plan alternativo a la alarma desde abril de 2020, pues él defiende que no se puede gobernar en la excepcionalidad.

Casado ha reiterado la oferta de negociación lanzada este lunes por su número dos, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, que sostenido que el PP estaría dispuesto a ceder al Gobierno "la autoría de la solución" con tal de que la situación de caos se resuelva.

Los populares recuerdan que ya han registrado en el Congreso una segunda proposición de ley para reformar la Ley de Salud Pública.

Este lunes, tras el fin del estado de alarma y los botellones y aglomeraciones del fin de semana, el Gobierno se ha abierto a estudiar cambios legales si se estiman necesarios cuando el Supremo resuelva los recursos de las autonomías que han visto tumbadas sus restricciones en sus tribunales superiores de justicia.

Así lo afirma el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, en una tribuna publicada en El País, en la que recuerda también que los gobiernos autonómicos "siempre tienen la posibilidad de solicitar" que se declare en su territorio el estado de alarma, "con el alcance que consideren".