Los ocho procesados por la Audiencia Nacional por el sumario 13/13 contra el conocido como frente jurídico de ETA, cuyo juicio arrancará el próximo 12 de julio en la Audiencia Nacional, han afirmado que la causa ha sido ya juzgada y han reconocido que están abiertos a alcanzar un acuerdo con la Fiscalía, cuya petición global contra ellos asciende a 77 años de cárcel.

Asimismo, han argumentado que ellos únicamente "trabajaban activamente para ayudar al colectivo de presos" de ETA -EPPK- a "adaptarse al nuevo escenario y convertirse en agente activo".

En rueda de prensa celebrada en Bilbao, a la que han asistido seis de los ocho acusados por pertenencia y colaboración con banda armada -Arantza Zulueta, Jon Enparantza, Naia Zuriarrain, Julen Zelarain, Iker Sarriegi, Saioa Agirre, Nerea Redondo y Juan Mari Jauregi-, han anunciado, además, que el próximo 10 de julio convocarán manifestaciones en Bilbao y San Sebastián para denunciar un juicio que está "fuera de lugar".

Asimismo, han asegurado que tienen previsto abrir una vía de "interlocución" con partidos políticos, sindicatos, instituciones y agentes sociales para "se sumen a la denuncia".

Julen Zelarain, uno de los procesados en la causa, ha advertido de que han pasado ya once años desde que la Guardia Civil realizara las detenciones, entre ellas la de abogados de presos de ETA, y ha denunciado los "malos tratos y torturas padecidas".

Tras afirmar que la acusación principal contra muchos de los imputados es ya "cosa juzgada", después de que haber sido "condenados en anteriores casos y tener las condenas cumplidas", Zelarain ha señalado que se encuentran "en una autentica indefensión" que no es aceptable diez después de que ETA diera por finalizada "la lucha armada". En este sentido, ha lamentado que el Estado español se plantee "abordar el conflicto en clave represiva".

Ante la posibilidad de que se alcance un acuerdo con Fiscalía, -que reclama penas entre 7 y 19 años para cada uno de ellos-, ha afirmado que su voluntad pasa por "reforzar la situación política actual", por lo que se han mostrado dispuesto a abordar un acuerdo "en esos términos".

"Nuestra voluntad va a ser absoluta pero, a día de hoy, no hay ningún acuerdo. Desconocemos si por parte de la Fiscalía hay intención o voluntad", ha añadido.

Por su parte, Nerea Redondo y Saioa Agirre han leído un comunicado en el que han indicado que aquella operación policial -desarrollada en 2010 en diversos puntos de Euskadi- se produjo en un contexto "concreto", con la izquierda abertzale dedicada a "construir un nuevo escenario político sin confrontación armada", y han afirmado que ellos solo "trabajaban activamente para ayudar al colectivo de presos -EPPK- a "adaptarse al nuevo escenario y convertirse en agente activo".

Por ello, han denunciado que la operación policial fue un intento de "frustrar esos propósitos" con la "implicación del CNI, sin cobertura legal y con manipulación de pruebas".

Además, han incidido en que la Audiencia Nacional sigue siendo "un instrumento de excepción para que todo permanezca anclado en el pasado" y han considerado que, por ello, "el juicio por el sumario 13/13 llega fuera de tiempo y lugar".

Por último, han afirmado que es tiempo de que los presos de ETA "vuelvan a casa" y "aclarar las consecuencias del conflicto". "Estamos en la etapa de abrir nuevas oportunidades a la sociedad vasca, a la libertad a la democracia", han concluido.