El Congreso ha aprobado impulsar el Pacto Antitransfuguismo para que se sumen más partidos políticos y alcance un mayor compromiso por el "pluralismo", la "decencia" y por la "calidad democrática" de las instituciones.

La Comisión de Política Territorial y Función Pública del Congreso ha apoyado una proposición no de Ley del PSOE con los votos favorables de Unidas Podemos, Ciudadanos, ERC y PDeCAT y con la abstención del PP que pide también consensuar iniciativas legislativas para reformar el régimen electoral general e impedir o limitar los efectos del transfuguismo en la gobernabilidad de los ayuntamientos.

"Continuar trabajando en el Pacto por la Estabilidad Institucional, a través del consenso con todas las formaciones políticas, para desarrollar un código de conducta política, en un compromiso por el pluralismo, por la decencia, por la gobernabilidad y por la transparencia y calidad democrática de nuestras instituciones", es el primer punto de esta iniciativa, toda vez que también solicita procurar la mayor participación de partidos políticos.

Actualmente son 16 formaciones políticas las que suscriben el Pacto que se reunió por última vez el 25 de marzo para pronunciarse sobre diferentes casos de transfuguismo, entre ellos el que se produjo tras la moción de censura presentada por el PSOE y Cs al gobierno de Murcia y que finalmente fracasó. En este sentido, todas las formaciones apreciaron un caso de transfuguismo menos el PP, por lo que el asunto se elevó a un comité formado por 5 expertos para que decidiera si se trata de transfuguismo o no.

La diputada del PSOE Uxía Tizón ha recordado que el Pacto Antitransfuguismo nacido en 1998 define como tránsfuga a la persona electa que "traiciona al sujeto político que le presentó a las elecciones, o aquella que haya abandonado el mismo o haya sido expulsado". "Cuando se firman pactos hay que cumplirlos y lo sucedido en Murcia es corrupción", ha recalcado Tizón tras señalar que "una formación política no se hace mejor ni más grande por aunar mayor número de traidores y menos aún premiándoles con consejerías".

También el diputado de Ciudadanos José María Espejo-Saavedra ha acusado al PP de haber "incumplido flagrantemente" el pacto al haber "comprado con cargos y prebendas" a diputados de la Asamblea de Murcia para mantener la gobernabilidad. Espejo ha instado a modificar los reglamentos de las cámaras autonómicas y el diputado del PDeCAT Ferrán Bel también ha pedido regular con normas legales las medidas antitransfuguismo.

La diputada de ERC Carolina Telechea se ha mostrado a favor de reactivar este compromiso y hacerlo extensible a todas las fuerzas políticas que se han quedado fuera. "Lo que hemos visto en Murcia es un claro ejemplo de corrupción que se hace con total impunidad y en un sistema democrático no debe tener cabida", ha puntualizado desde Unidas Podemos, Pedro Antonio Honrubia.

Por su parte, el diputado del PP Luis Santamaría ha pedido volver a convocar la Comisión de seguimiento de Pacto porque hay "lagunas" que atañen a las asambleas legislativas y porque "nadie sabe cuál es la naturaleza jurídica de los actos que emite la Secretaría del pacto o no hay un desarrollo normativo" que pueda aplicarse a nivel autonómico o local.

El PP se ha abstenido en la votación pero ha sido muy crítico con la configuración e independencia de la comisión de expertos nombrada recientemente en la que se encuentra la expareja de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Vox ha sido el único partido que se ha mostrado en contra y el diputado Julio de Valle ha mostrado su "sorpresa" de que el Gobierno de coalición apoye un código de conducta político cuando "hablan de poner un cordón sanitario a Vox".