El Congreso ha aprobado este jueves la pionera ley de protección a la infancia frente a la violencia, bautizada como 'ley Rhodes' en referencia al pianista James Rhodes, quien sufrió un calvario de abusos sexuales en su infancia y, junto a organizaciones en defensa de los derechos de los niños, ha batallado sin descanso para que España apruebe una de las normativas más avanzadas del mundo en la prevención de las agresiones a menores y la reparación de las víctimas. La norma inicia ahora su tramitación en el Senado, con la previsión de que llegue al BOE en junio, si los plazos no se dilatan.

Tal como ha explicado Ione Belarra, en su primer discurso como ministra de Derechos Sociales en el Congreso, la ley busca mandar un "mensaje nítido" a la sociedad española, como en su día hizo la ley contra la violencia de género. "El mensaje es que la violencia contra los niños y niñas no es aceptable en ninguna de sus formas". Y es que, aunque la ciudadanía no siempre tenga conciencia, los datos son escalofriantes: se presentan más de 100 denuncias al día de violencia sobre niños en el ámbito familiar y casi la mitad de las víctimas de los delitos sexuales son menores de edad. Y con el confinamiento, el maltrato infantil se ha acrecentado.

Por ello, las medidas contenidas en la norma, y que se explican a continuación, han contado con un apoyo mayoritario. Si bien, varios grupos nacionalistas no han votado 'sí' por motivos competenciales.

Deber de comunicar

La ley establece el deber de comunicar cualquier situación de violencia sobre niños, niñas o adolescentes a la autoridad competente aún cuando no sea constitutiva de delito. Y es que, pese a que los datos sobre denuncias son muy preocupantes, la oenegés señalan que sólo son la punta del iceberg, dado que buena parte de las agresiones o bien no son verbalizadas por los menores o bien se intentan resolver en el seno de las familias. Además, se elimina la posibilidad de que se desestime la denuncia de un niño por supuesta falta de madurez.

Protección en colegios y deporte

La norma crea la figura del coordinador de bienestar y protección en los centros educativos y define sus funciones básicas para asegurar el adecuado funcionamiento de los protocolos de actuación frente a indicios de acoso escolar, ciberacoso, acoso sexual y cualquier otra forma de violencia. Además, se crea la figura del delegado de protección en las entidades deportivas y de ocio.  

Especialización de policía y juzgados

Se establece que las fuerzas y cuerpos de seguridad cuenten con unidades especializadas y reduzcan la práctica de diligencias innecesarias. Y en el ámbito de la justicia, fija que un futuro proyecto de ley cree juzgados y fiscalías especializadas. Además, se hace obligatoria la práctica de la prueba preconstituida para menores de 14 años, lo que evitará que tengan que declarar una y otra vez a lo largo del procedimiento penal. Y se crea un registro unificado de menores víctimas, con el fin de tener datos más precisos de la magnitud del problema.

La prescripción, hasta los 50 años

Gracias a una enmienda transaccional de última hora, los plazos a partir de los cuales prescribirán los delitos de abusos sexuales comenzarán a contar cuando la víctima cumpla 35 años, por lo que en las agresiones más graves tendrán tiempo de denunciar hasta los 50 años. Esta posibilidad supone un gran avance porque en la actualidad los plazos empiezan a correr cuando la víctima cumple 18 años, lo que ha provocado que decenas de procedimientos se archiven porque muchos afectados no son capaces de denunciar hasta pasado mucho tiempo desde que sufrieron la violación.

Síndrome alienación parental

En la tramitación parlamentaria, se han introducido mejoras en el ámbito de la lucha contra la violencia machista. Por ejemplo, la norma señala que "los poderes públicos tomarán las medidas necesarias para evitar que planteamientos teóricos o sin aval científico que presuman interferencia o manipulación adulta, como el llamado síndrome de alienación parental, puedan ser tomados en consideración»

Delitos por internet

La ley crea nuevos tipos penales para castigar la incitación a través de internet al suicidio, a autolesionarse, a realizar actos sexuales y a trastornos alimenticios, como la anorexia y la bulimia. Y hay cuestiones a las que no se ha llegado a un consenso, y que serán otra vez debatidas en el Senado, como la petición de Podemos de que en los casos de desahucios con niños se ofrezcan situaciones habitacionales.