El PSOE recibió ayer con cierto alivio el informe jurídico del letrado de la comisión de investigación sobre el accidente de Spanair abierta en el Congreso al considerar que avala sus tesis sobre la imposibilidad de que dicho foro parlamentario esté capacitado para señalar responsabilidades en la cúpula del entonces Ministerio de Fomento, cuya titular era la socialista Magdalena Álvarez, en cuanto al “fallo sistémico” que dio origen al siniestro aéreo del 20 agosto del 2008 en el aeropuerto de Madrid-Barajas y en el que murieron 154 personas y 18 resultaron heridas de gravedad, la mayoría de ellas canarias al ser un vuelo con destino a Gran Canaria. Los socialistas entienden que dicho informe, que tira por tierra o cuestiona varias de las conclusiones más importantes de la propuesta elaborada por la presidenta de la comisión, la diputada canaria de Unidas Podemos Meri Pita, tiene que marcar el debate y la negociación que se abra entre los grupos para la aprobación de un texto definitivo tanto en relación a las circunstancias del accidente, como a las recomendaciones que se aprueben para mejorar la seguridad aérea en España.
La mesa de la comisión y los portavoces de los grupos parlamentarios acordaron ayer, a instancias del PSOE y de Unidas Podemos, retrasar una semana la reunión de dicho órgano parlamentario con el objeto precisamente de intentar alcanzar un acuerdo de conclusiones “lo más consensuado posible”. Aunque la comisión tenía previsto reunirse para debatir y votar el dictamen y las enmiendas a lo largo de la próxima semana, los grupos han acordado retrasarla al día 20, sólo dos días antes de que concluya el plazo otorgado para su funcionamiento. La aprobación definitiva se producirá en el pleno del Congreso una o dos semanas después. De esta forma, los grupos tienen más tiempo para tratar de cerrar un acuerdo que, según el PSOE, deberá ajustarse al informe jurídico conocido ayer, y por tanto asumir que se tendrán que rebajar los aspectos que inciden en: el señalamiento de responsabilidades políticas en el Ministerio de Fomento, en Aena, y en el aeropuerto de Barajas; y la petición de remisión de las conclusiones al Fiscal General del Estado por posibles “conductas negligentes” entre los nombres señalados.
El miércoles, el letrado de la comisión emitió una “nota jurídica” en la que asegura que las conclusiones de las comisiones parlamentarias “deben de estar exentas de cualquier apreciación o imputación individualizada de conductas o acciones ilícitas a los investigados”, porque de lo contrario “se produciría una vulneración de su derecho al honor”, según sentencia del Tribunal Supremo en relación con un dictamen de las Cortes Valencianas sobre el accidente del metro de la capital de esa comunidad en 2006, en el que murieron 43 personas.
De esta forma, el jurista del Congreso rechaza el hecho de que la propuesta de dictamen de Meri Pita incluya una lista con 18 nombres a los que señala como responsables del “fallo sistémico” que derivó en el accidente. El letrado del Congreso propone suprimir ese punto o, al menos, eliminar las referencias individuales en la lista de responsables, “para evitar incurrir en una vulneración de sus derechos fundamentales y libertades públicas”. También apuesta por retirar o modificar otros puntos relacionados con la intervención de la Fiscalía, con las recomendaciones de cara a mejorar la seguridad aérea en España, o sobre los mecanismos para posibilitar reabrir la investigación de hechos no esclarecidos en torno al siniestro del vuelo JK5022.
La propuesta de dictamen de Meri Pita incluye una lista con 18 nombres a los que señala como responsables del “fallo sistémico” que derivó en el siniestro en el que murieron 154 personas, la mayoría canarios
La portavoz del PSOE en la Comisión, la diputada tinerfeña Tamara Raya, considera que el informe del letrado se ajusta en muchos aspectos a las enmiendas presentadas por su grupo al borrador de dictamen elaborado por Pita, y que éstas serán por tanto en torno a las que deberá encaminarse el texto definitivo de conclusiones. “Vamos a intentar hacer un documento alternativo, que se añada y se corrija lo que sea preciso teniendo en cuenta el informe jurídico”. Las 22 enmiendas presentadas por el PSOE son las únicas que cuestionan los aspectos del borrador de dictamen a que se refieren las correcciones que propone el letrado de la comisión, ya que los otros grupos enmendantes –Cs, ERC, PNV y Vox– no hacen mención alguna a esos puntos. Unidas Podemos, PP y el Grupo Mixto (NC), no han presentado enmiendas. De esta forma, cualquier acuerdo que se pueda alcanzar al respecto será por tanto por que una mayoría de grupos asuma los textos socialistas, o porque se pacten enmiendas. Esto induce a pensar que los socialistas se podrían quedar en minoría en las votaciones y que no evitarían que las conclusiones siguieran señalando a la cúpula de Fomento como responsable de los fallos que de alguna manera estuvieron en el origen del accidente, o que impidieron que se atendiera adecuadamente y en tiempo a los heridos en el lugar donde se estrelló el avión.
Sin atrincheramientos
El PSOE, sin embargo, asegura que varios grupos les han avanzado su apoyo a muchas de sus enmiendas, y que el informe jurídico hecho público debe condicionar también la posición de todos ellos. “Nadie se puede saltar ese informe porque señala los límites de actuación de una comisión parlamentaria en los términos en que establece el Tribunal Constitucional”, resalta Raya. La tinerfeña reconoce que será a través del mecanismo de las enmiendas transaccionales con el que se podrán cerrar acuerdos sobre las materias más controvertidas y que ello deberá hacerse a lo largo de esta semana y la próxima para llegar al día 20 con los textos pactados. Raya asegura que el PSOE “no está atrincherado en sus posiciones y asumime que tendrá que ceder para alcanzar acuerdos”.
Quevedo: “Lo peor que le puede pasar a la comisión es que se convirtiera en motivo de bronca”
El diputado de NC, Pedro Quevedo, señala por su parte que “lo peor que le puede pasar a la comisión es que se convirtiera en motivo de bronca” y apuesta por buscar “un consenso” en las conclusiones para el que, según él, “el borrador de dictamen es una propuesta sensata para ponerse a discutir”. Señala que “sin ánimo de meter el dedo en el ojo de nadie”, la comisión si está legitimada para señalar responsabilidades políticas, y para “evitar que todo el mundo de vaya de rositas”. Uno de los aspectos sobre los que Quevedo cree que el dictamen debe incidir es en la reclamación oficial a Boeing para que aporte los datos que se le han solicitado en torno al modelo del avión que sufrió el accidente, el MD82.
