El Consejo de Estado sugirió al Gobierno que adecúe la Ley de Salud Pública para dar a las comunidades autónomas "el mejor marco jurídico posible" para afrontar la pandemia de coronavirus.

Así figura en el preceptivo dictamen del Consejo de Estado del 22 de marzo al recurso de inconstitucionalidad que el Ejecutivo interpuso contra la norma gallega que establece medidas de control de las personas enfermas por covid, como el aislamiento en domicilio o centro hospitalario o la posibilidad de obligar a los ciudadanos a vacunarse.

El Gobierno decidió recurrir esta norma ante el Constitucional en el Consejo de Ministros del pasado 30 de marzo porque, a su juicio, estas previsiones contempladas en el artículo 5 de la ley de salud de Galicia, y que restringen derechos fundamentales, solo se pueden regular mediante una ley orgánica, que como tal debe ser dictada por el legislador estatal, no autonómico.

El dictamen, publicado en el BOE de ayer, señala que "con independencia de la procedencia de la interposición de recurso de inconstitucionalidad en los términos señalados, el análisis de la cuestión debatida permite al Consejo de Estado sugerir" que el texto de la Ley de Salud Pública "podría estar necesitado de una adecuación legislativa que le aporte mayor detalle y concreción".

El objetivo de esa adecuación, indica el Consejo de Estado, sería "proporcionar a las autoridades sanitarias competentes el mejor marco jurídico posible para afrontar las situaciones presentes y futuras de riesgo grave para la salud pública".

La Ley Orgánica de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública data de 1986 y exige someter a control judicial las directrices que aprueben los gobiernos autonómicos.

Precisamente, el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, propuso una reforma de esta ley para dotar de seguridad jurídica las decisiones de los presidentes autonómicos en la lucha contra la pandemia.

El presidente del PP, Pablo Casado, ha asegurado que el Consejo de Estado da la razón a la postura de su partido, que exige un "plan B jurídico" para rellenar el vacío que dejará el fin del estado de alarma el próximo 9 de mayo.

Casado ha vuelto a pedir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sentarse a negociar para tramitar con urgencia, en un plazo de 15 días, una alternativa jurídica. Fuentes del PP recalcan que el informe del Consejo de Estado es clave para que el Gobierno rectifique y los escuche.

El PP defiende que su texto, que ya rechazó el Congreso, permitiría aprobar restricciones sin arbitrariedad en el aval de los jueces.