El extesorero del PP Luis Bárcenas tenía ganas de declarar y se le nota. No se ha permitido dudar ante ninguna de las preguntas que le ha realizado el fiscal Anticorrupción Antonio Romeral. Ante el tribunal ha explicado que los sobresueldos pagados con dinero de la caja b a altos cargos del partido, como Mariano Rajoy o María Dolores de Cospedal, obedecen a la necesidad de burlar la ley de incompatibilidades, cuando el partido llegó al poder en 1996, para que pudieran mantener como ministros el sueldo en neto que tenían en el partido.

Según Bárcenas, tanto él como el tesorero ya fallecido Álvaro Lapuerta era quienes tenían las mayores retribuciones en el partido en nómina. Pero varios altos cargos recibían sobres para compensar su retribución. A preguntas del fiscal citó a Francisco Álvarez-Cascos (con quien se establecen como secretario general del partido, dijo), Javier Arenas, Jaime Mayor Oreja, María Dolores de Cospedal, Mariano Rajoy, Federico Trillo, Ángel Acebes, Rodrigo Rato, José Miguel Ortí Bordás y Pedro Arriola.

"Se decidió que era conforme a la ley que cobrasen gastos de representación -explicó-, pero al incorporarse al gobierno la ley de incompatibilidades lo impide y entonces, como era una merma salarial muy importante, la propuesta que recibe el tesorero es que a partir de ese momento, para que no reciban menos retribución neta, había que complementar con fondos de la contabilidad extracontable" el sueldo que tuvieran como ministros o diputados, explicó Bárcenas.

Relación entre cajas a y b

El extesorero, además, sostuvo que "hay una interrelación" entre cajas del partido y para acreditarlo se centró en un apunte de 58.328 euros en el que consta un ingreso en el banco de Vitoria que muestra cómo sale de la caja b y se introduce en la contabilidad del partido. "Acredita que se anotaba todo y que la caja b o es verdadera íntegramente o falsa íntegramente, porque hay interrelación", declaró.

Según su versión, una vez que se publica en 'El País' lo que se llamaron 'papeles de Bárcenas', cuya copia él había consultado con Jorge Trías y que este entrega al diario, es citado al despacho de Lapuerta, donde tiene una reunión con el abogado Javier Iglesias y la esposa del exdiputado del PP condenado en la 'Gürtel' Javier Merino en la que le piden que haga otras anotaciones manuscritas con distintos importes para sembrar la duda sobre una conspiración contra el partido a cambio de 500.000 euros. El acusado dice que respondió pidiendo 975.000 euros para ello, porque consideraba que era la cantidad con la que le tenían que indemnizar por su despido.

A la pregunta de por qué empresarios hacían semejantes donaciones al PP, Bárcenas fue tajante: "El altruismo no existe, son cantidades que entregan las empresas", no por "finalismo", en el sentido de ser adjudicatarias de una obra pública o servicio, pero sí para "abonar el terreno para que cuando pidan algo, se les de".

Pese a reconocer los hechos contenidos en el escrito que remitió a Anticorrupción, que coinciden son el escrito de acusación del ministerio público, siempre que pudo incidió en la idea de que era el tesorero, en este caso el fallecido Lapuerta, quien recibía el dinero, porque era el cargo político, mientras que él como gerente su puesto era "absolutamente técnico y administrativo". Al ver que parecía sonar a autoexculpación, Bárcenas se apresuró a aclarar que tanto Álvaro como él conocían que lo que hacían "era incorrecto y pagar con fondos opacos un ilícito".

Sin careo

El tribunal que juzga la caja b del PP ha descartado celebrar un careo entre el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y el extesorero del PP Luis Bárcenas, como solicitó la defensa de este. El presidente del tribunal José Antonio Mora sostiene que se trata de una prueba propia de la instrucción y que corresponde al tribunal valorar la prueba, entre la que figurará la declaración del acusado y del testigo para declarar probados determinados hechos.

Al reanudarse el juicio, tras la Covid del exgerente del PP Cristóbal Páez y los problemas de salas que sufre la Audiencia Nacional, el magistrado ha procedido a resolver verbalmente las cuestiones procesales que plantearon las partes. En este sentido, ha dicho que "no precede delimitiar el objeto del proceso porque esta función corresponde a las partes con el escrito de acusación formulado y a la admisión de prueba que realizó el tribunal", aunque no entrará en el contrato de basura firmado en Toledo con Sufi, porque esos hechos ya se enviaron a los juzgados de Castilla-La Mancha.

Asimismo, consideró prescrito el delito fiscal de 2006, como sostenía el fiscal, por lo que el tribunal ha instado al resto de acusaciones a modular las pruebas para evitar los interrogatorios que se dirigieran a acreditar estas pruebas. Lo que sí ha admitido el tribunal es tomar declaración a los periodistas Eduardo Inda y Francisco Mercado en relación con la grabación al extesorero del PP ya fallecido Álvaro Lapuerta en la que supuestamente hablaba del conocimiento de la caja b por parte de Rajoy. En función de su declaración lo harán también Ernesto Ekaizer o no.