El 1 de octubre de 2017 empezó muy temprano en la Moncloa. El comité de crisis estuvo reunido durante todo el día en dos salas al lado del despacho del entonces presidente, Mariano Rajoy. El jefe del Ejecutivo y su vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, estuvieron conectados por videoconferencia con Enric Millo, delegado del Gobierno en Cataluña, que tenía a su lado al secretario de Estado de Interior, José Antonio Nieto, y al coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, el responsable del operativo policial que tenía que impedir el referéndum.

En la sede del PP, en la calle de Génova, en Madrid, no había tanta concurrencia. Según se informó entonces, Fernando Martínez-Maillo, coordinador general del partido, estuvo hasta bien entrada la noche en su despacho acompañado de algunos asesores. En reuniones previas, recuerdan ahora antiguos colaboradores de Rajoy, ya se había decidido que aquel día la política de comunicación la coordinaría la Moncloa y, cuando todos los medios de comunicación, también los extranjeros, empezaron a narrar las cargas policiales para impedir el referéndum, se reafirmaron en la estrategia ya marcada: el Ejecutivo era el único que podía dar respuesta a lo que se estaba viviendo.

La gravedad de las imágenes llevó a Sáenz de Santamaría a hacer una primera declaración al mediodía ante los medios: "Le pido a la Generalitat y a los partidos que le acompañan que cesen ya en esta irresponsabilidad, que asuman desde este momento que lo que nunca fue legal es ya claramente irrealizable. Continuar esta farsa no tiene ningún sentido, no lleva a ningún lugar. Deberían ponerle fin de inmediato". Por la noche, cuando las votaciones habían acabado, salió el propio Rajoy. "Hoy no hemos asistido a ninguna suerte de consulta, sino a una mera escenificación; un episodio más de una estrategia contra la convivencia democrática y la legalidad", declaró. [Aquí la declaración del jefe del Ejecutivo]

La política de comunicación de aquel histórico día ha vuelto a primera línea de la actualidad porque Pablo Casado, actual dirigente del PP, ha asegurado que se negó a dar la cara por su partido. En una entrevista en Rac-1, dijo el martes que él era el vicesecretario de Comunicación, lo que es cierto, y que no quiso salir a defender al Ejecutivo porque no estaba de acuerdo con su estrategia para impedir el referéndum, que había sido declarado ilegal por el Tribunal Constitucional.

Sus palabras han sorprendido a los protagonistas de aquella jornada. En ningún momento, Rajoy, Maillo o la secretaria general entonces, María Dolores de Cospedal le pidieron a Casado que saliera a analizar la jornada ante los medios de comunicación. Consultadas por este diario, algunas de las personas que estuvieron en la Moncloa y en Génova aquel día lamentan en privado que el actual dirigente de los conservadores haga una enmienda a la totalidad de la política contra el independentismo que Rajoy puso en práctica. Sobre todo, insisten, porque Casado, como portavoz, siempre la apoyó. Varios de aquellos dirigentes y asesores de comunicación, consultados por este diario, no quieren cargar abiertamente contra Casado por dos razones: por el delicado momento que atraviesa el PP por el juicio de la 'caja b' y por el mal resultado que pronostican las encuestas en Cataluña. Pero la sensación de descontento es clara.

Hoy, en una entrevista en 'El programa de Ana Rosa, el presidente de los populares ha intentado defenderse ante el malestar interno que ha despertado y ha dicho que lo que declaró en Rac-1 ya lo dijeron también Cospedal y José Manuel García Margallo durante la campaña de primarias en las que los tres se enfrentaron tras el abandono de Rajoy.

"No es ninguna novedad [lo que dijo en la emisora], porque tres candidatos a las primarias hicimos la misma reflexión. Había que haber evitado el 1-O, quizás actuando el 7 y 8 septiembre, teniendo más información para que no llegaran las urnas y para que no se montaran mesas electorales, desplegando las fuerzas policiales horas antes de que hubiera gente colegios electorales... Lo hemos dicho tres candidatos, dos ministros en primarias", ha afirmado insistiendo en su tesis y marcando distancias con la decisión política de cargar contra los votantes el 1-O. "Incluso pensamos que se hizo con la mejor intención, pero podemos decir que las cosas se pudieran haber hecho mejor porque creo que en eso estamos todos de acuerdo", ha continuado.

"No se tendría que haber votado y no se tendría que haber llevado a las fuerzas policiales a ese límite porque los Mossos incumplieron instrucciones judiciales ya por la mañana", ha dicho en otro momento. Preguntado por esta polémica, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha señalado que el Gobierno debía responder ante el desafío independentista. Feijóo ha respondido que "a nadie le gusta ver a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado teniendo que disolver las concentraciones", pero ha añadido que "la obligación de un Estado cuando es atacado es defenderse y hacer cumplir la legalidad, que es lo que se hizo en Cataluña aquel domingo".