Los contagios por coronavirus están desbocados y para hacerles frente España cuenta con una propuesta de toque de queda atascada y un plan de alertas que, 24 horas después de ser aprobado, la Comunidad de Madrid Ante este panorama, cada vez son más las autonomías que reclaman al Gobierno central que tome las riendas con la declaración de un estado de alarma en toda o buena parte de España y la Moncloa, como confirmaron fuentes del Ejecutivo a El Periódico de Catalunya, ya ultima la convocatoria de un Consejo de Ministros, casi con toda seguridad el domingo 25, para aprobarlo. Los apoyos del Congreso ya los tiene, después de que en una iniciativa inédita, el lendakari, Iñigo Urkullu, se haya puesto a la cabeza de la manifestación junto a la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas.

A ambos dirigentes se les fueron sumando a lo largo de la tarde los presidentes de Asturias, Extremadura, La Rioja, Navarra y Cantabria y la ciudad autónoma de Melilla, además del Govern de Cataluña. La Comunidad Valenciana y Castilla y León ya se expresaron con suficiente claridad la víspera al reclamar un paraguas jurídico para su toque de queda, que de todos modos han decidido implantar. Castilla-La Mancha demandará mañana sábado la declaración de un estado de alarma nacional. Todas están lideradas por el PSOE, salvo Cantabria (donde cogobierna), Euskadi y Catalunya, mientras en Castilla y León pilotan la Junta el PP y Cs. Los naranjas también presiden Melilla.

Capítulo aparte merece Madrid. Lanzó la iniciativa del toque de queda, ha aplicado un sucedáneo descafeinado y ahora sostiene que si el Gobierno decreta la medida no le parecerá mal, pero no lo ha pedido. Es la herramienta constitucional que permite la restricción de derechos fundamentales, como la libertad de circulación, aunque sea por una determinada franja horaria.

El estado de alarma permitiría declarar el toque de queda nocturno sin que los jueces pudieran poner ninguna pega y el mando seguiría en manos de la comunidades autónomas, tal como se lo ha asegurado Pedro Sánchez tanto a Urkullu como al presidente de la Generalitat en funciones, Pere Aragonés.Situación "grave" sin medidas acordes

Situación "grave" sin medidas acordes

La espoleta la colocó Pedro Sánchez, con una una declaración institucional a la una de la tarde en la que calificó de "grave" la situación. Avisó de que nos esperan "semanas y meses duros, muy duros", pero no avanzó una sola medida contundente. Solo dejó la puerta abierta a decretar la alarma si las comunidades lo piden. "Urkullu le ha llamado por teléfono y a otros presidentes autonómicos porque ha visto que había que hacer algo y tirar del resto", indicaron a El Periódico de Catalunya fuentes del Ejecutivo vasco. Al dirigente nacionalista los tribunales le acababan de tumbar la limitación de reuniones a seis personas. En el Consejo de Ministros hay quienes piensan que se puede hacer desde fuera la peligrosa lectura de que el líder socialista ha ido "a rebufo" del PNV y de las demás autonomías, en lugar de tomar él la iniciativa.

Sánchez se fijó el ambicioso objetivo de bajar la tasa de incidencia de los 370 casos por 100.000 habitantes actual a 25. Un objetivo imposible de alcanzar sin medidas más drásticas. España superó ese nivel de contagios en la lejana fecha del 27 de julio.

Al margen de pedir "disciplina social" y apelar a responsabilidad de población, el presidente del Gobierno volvió a contar como funcionará el nuevo 'semáforo' aprobado por el Consejo Interterritorial del jueves. A cada nivel de alerta le corresponden unas restricciones, pero la decisión última queda en manos de las comunidades autónomas.

Evitar el confinamiento total

Evitar el confinamiento totalEntre líneas, Sanchez deslizó una advertencia: si no hacemos lo suficiente, los ciudadanos, las administraciones y los partidos, podemos vernos abocados a un nuevo confinamiento total. Fuentes cercanas al líder socialista indicaron que este no quiere pasar por el calvario de junio, cuando la falta de apoyos le obligó a acelerar la desescalada. El presidente aspira a contar con el apoyo del PP, que insiste en que no es necesario el estado de alarma porque bastaría con desplegar una nueva Ley de Salud Pública, aunque ya no haya tiempo para ello.

El Consejo de Ministros está agendado ya para el domingo 25, según indicaron fuentes de la Moncloa, aunque falta la convocatoria formal. Los integrantes del Gabinete están prevenidos. Sánchez viajó este viernes a Roma: junto a su mujer, será recibido este sábado en audiencia por el papa Francisco en el Vaticano. El jefe del Ejecutivo se verá después con el secretario de Relaciones con los Estados, monseñor Paul Richard Gallagher. Fuentes del Gobierno indican que estará de regreso a mediodía del sábado. El lunes, Sánchez presidirá una nueva conferencia de presidentes a la que asistirá, telemáticamente, la jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Es decir, que la ventana de oportunidad se abre para el domingo.

El visto bueno del Congreso no es necesario para decretar la alarma por un máximo de 15 días, pero su autorización sí es necesaria para las sucesivas ampliaciones. Y, ahora mismo, los votos del PP ya no son necesarios numéricamente. El Ejecutivo tiene los apoyos del PNV y Ciudadanos —que apoyaron las seis prórrogas de la primera alarma— y ahora se podrían sumar los de ERC y JxCat, pero también entiende que la formación de Pablo Casado, que preside cinco regiones, ha de "corresponsabilizarse", porque le afecta la medida. El Govern se reunió este viernes de forma extraordinaria para solicitar al Ejecutivo central la declaración del estado de alarma en Catalunya y que el mando único recaiga en la Generalitat. Sánchez no se ha opuesto a que, igual que ocurrió al final de la desescalada, sean los mandatarios autonómicos los que asuman el control.