El Gobierno ha publicado a primera hora de este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la resolución del Ministerio de Sanidady reduce los horarios de apertura de bares y restaurantes en la capital y nueve municipios de Madrid para doblegar la curva de contagios de coronavirus. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, tiene hasta el viernes por la noche para aplicar las nuevas medidas que le fueron notificadas cerca de la medianoche del miércoles, tras la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS).
Ayuso ha señalado esta mañana en la Asamblea de Madrid que su Gobierno "por supuesto" que "acatará" la orden "alegal" pero irá "a los tribunales" a recurrir la norma "para defender los intereses legítimos de los madrileños y que las medidas se ajusten a la normativa, a la realidad y que sean objetivas y justas". "Esta Comunidad no está en rebeldía, este Gobierno cumplirá las órdenes de manera estricta porque no somos como sus socios independentistas", ha señalado en respuesta al portavoz socialista, Ángel Gabilondo, en la sesión de control en la Asamblea.
La presidenta ha insistido que su plan para reducir los contagios, que consiste en aprobar limitaciones sólo en las áreas sanitarias más afectadas y en pedir ayuda al Gobierno para hacer cumplir las cuarentenas, está dando resultados, mientras que la estrategia del Gobierno implicará que los ciudadanos "puedan estar meses" con los movimientos restringidos y que vuelvan las "colas del hambre" que en su opinión traen consigo los confinamientos.
Fuentes de la Comunidad de Madrid han aclarado que se ha solicitado un informe a la Abogacía General para determinar ante qué tribunal se presenta el recurso y si en el mismo se incluye o no la petición de que se suspenda cautelarmente la norma, lo que podría retrasar la aplicación de la misma si hay base legal para solicitarlo y los jueces dan la razón a Ayuso.
Poco después se ha sabido que el caso lo tendrá que resolver la Audiencia Nacional. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha dictado un auto en el que declara la competencia de la Audiencia Nacional para el conocimiento de un recurso planteado por una asociación de consumidores contra un acuerdo del CISNS del 16 de julio del 2020 sobre actuaciones coordinadas frente a la pandemia del coronavirus, informa Ángeles Vázquez.
Por amplia mayoría
La propuesta del Ministerio de Sanidad, que fijaba tres indicadores básicos para acordar los cierres en poblaciones de más de 100.000 habitantes, fue aprobada en la tarde del miércoles por el CISNS "con una amplia mayoría": 13 votos a favor, una abstención y cinco votos en contra, que han sido de las comunidades de Madrid, Catalunya, Andalucía, Galicia, Murcia y Ceuta. Sólo las diez principales poblaciones de la región madrileña cumplen los requisitos para aplicar las nuevas restricciones.
Este acuerdo es de obligado cumplimiento, según el informe de la Abogacía General del Estado que en la orden publicada en el BOE alude al artículo 151 de la Ley 40/2015 de régimen jurídico del sector público, que regula esta cuestión para todas las Conferencias Sectoriales (como el CISNS). Esta ley deroga todo aquello que resulte incompatible con ella, incluida la regulación establecida en el artículo 73 de la Ley 16/2003 de cohesión, que sólo prevé la adopción de acuerdos por consenso. Este miércoles, el consejero madrileño de Sanidad indicaba que el acuerdo del CISNS no tenía "validez jurídica" porque no había sido adoptado por consenso, como obliga el reglamento del órgano, norma de rango inferior a la ley 40/2015.
Más leve que en marzo
Los municipios afectados son los siguientes: Madrid capital, Alcalá de Henares, Alcobendas, Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Torrejón de Ardoz, Móstoles y Parla. La Comunidad de Madrid tiene de plazo 48 horas para trasponer las medidas a la normativa autonómica.
El Gobierno ha lanzado ya varios mensajes para recalcar que las nuevas restricciones son obligatorias, al margen de recursos. "Cuando estamos en un Estado de derecho [Madrid] tiene que cumplir, como todas [las autonomías], y lo tendrían que hacer sin más comentarios. También puede recurrirlo. Saben que ese acuerdo tiene un pie de recursos como lo tienen todos en un Estado riguroso. Está en su perfecto derecho de recurrirlo, pero también la obligación de ejecutarlo", ha indicado la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, en declaraciones a los periodistas por un acto con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
Además del requisito de que hayan registrado una incidencia de más de 500 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días, estos municipios tienen un porcentaje de positividad en las pruebas diagnósticas superior al 10%, el segundo indicador. También forman parte de una comunidad en la que la ocupación de camas en uci por pacientes covid es superior al 35%, el tercero.
Estas restricciones son más leves que el férreo confinamiento impuesto a todos los españoles entre marzo y junio y que permitió controlar la primera ola de la pandemia.
Trabajo sí, paseo, no
Desde el lunes de la semana pasada más de un millón de personas en las zonas más afectadas de Madrid, entre ellas varios barrios humildes del sur de la capital, ya se encuentran bajo restricciones a la movilidad.
No pueden salir de su vecindario salvo razón de primera necesidad. En cambio pueden circular libremente dentro de su barrio, donde los parques, eso sí, están cerrados y los bares y restaurantes vieron reducido su aforo. En los últimos días, diversas manifestaciones han congregado a centenares de personas para protestar por este confinamiento parcial.
